Edmundo Bal denunciado por omisión de persecución de un caso de presunta financiación ilegal del PSOE

La Fiscalía General del Estado acaba de recibir una denuncia por «omisión del deber de perseguir” los posibles delitos cometidos en el caso Acuamed, un escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE que se dirime en estos momentos en la Audiencia Nacional. La denuncia -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- ha sido presentada por el imputado en la causa, Arcadio Mateo del Puerto. Y se dirige contra dos sujetos: la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Abogacía del Estado. De ambos, el denunciante subraya “las actuaciones irregulares, que indiciariamente podrían consistir en la omisión del deber de perseguirlas comienzan, como se podrá comprobar en la relación de hechos descritos a continuación, desde prácticamente el inicio de las DPA 24/2015”. Y añade que no se ha tratado de hechos aislados, sino de comportamientos totalmente extendidos en el tiempo. El jefe de la Abogacía del Estado era el ahora candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4M, Edmundo Bal, quien, pese a no ser el responsable directo del escándalo Acuamed, intervino en alguno de los interrogatorios. El escrito de personación lleva igualmente su firma, como jefe de la Abogacía del Estado.

Acuamed no es un caso cualquiera. Se trata de un escándalo de presunta financiación ilegal del PSOE de más de 21 millones de euros centrado en las elecciones generales del año 2008. Arcadio Mateo del Puerto apunta ahora la posible “omisión de persecución” de los posibles delitos que habría cometido el Partido Socialista y sobre los que, tanto la Fiscalía, como el ahora candidato de Cs y antes abogado del Estado, Edmundo Bal, habrían decidido no investigar, “según consta” al denunciante.

Acuamed era una empresa púbica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y la responsable de ese departamento en aquel momento era Cristina Narbona, ahora presidenta nacional del PSOE. Se firmaron 47 contratos de adjudicaciones en los meses previos a las elecciones generales de 2008, unos comicios que ganó José Luis Rodríguez Zapatero.

Narbona y las desaladoras

El caso Acuamed arrancó dirigido contra Arcadio Mateo del Puerto -director de la empresa pública tras la llegada del PP al poder tras las elecciones de finales de 2011-. Pero el avance del caso supuso la incorporación de toda una serie de pruebas que apuntaban al uso de la compañía -impulsora de las desaladoras- para financiar campañas de publicidad que anularan el negativo impacto electoral del PSOE provocado por la sustitución del Plan Hidrológico Nacional por las mencionadas desaladoras. Esa campaña se lanzó justo en los meses de las elecciones y fue costeado, o por la propia empresa pública, o por las empresas concesionarias de las desaladoras.

El aportante de la inmensa mayoría de esas pruebas fue Arcadio Mateo del Puerto -ex director general de Acuamed- quien denunció el caso de financiación ilegal del PSOE nacional a través de esta empresa pública durante los años 2007 y 2008.

La cifra denunciada por Arcadio Mateo del Puerto asciende al menos a 7,45 millones de euros en 2007 y a un total de 13,96 millones entre ese año y 2009, cuantías que habrían servido para ayudar al PSOE en el reto de las elecciones generales de 2008 y cuyo pago se habría repartido entre esos tres años.

El esquema se habría conseguido a través de nada menos que 47 contratos firmados por la empresa pública justo antes de esos comicios generales de marzo de 2008 que dieron el triunfo a José Luis Rodríguez Zapatero. Acuamed era una empresa púbica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y la responsable de ese departamento en aquel momento era Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez. Y, según Arcadio Mateo del Puerto, todo el material aportado como pruebas fue obviado por la fiscal, Inmaculada Violán, y por el abogado del Estado, Edmundo Bal.

La denuncia ahora presentada por Arcadio Mateo del Puerto señala que “la reiteración de las mencionadas actuaciones denota que no se trata de una situación concreta, puntual o incluso fruto de un error. De hecho, en los más de cinco años que dura la instrucción de las DPA 24/2015, puede comprobarse que los hechos descritos a continuación abarcan los años 2016, 2018, y 2020. La amplitud de este horizonte temporal refuerza los indicios de estar ante comportamientos objetivamente intencionados” por parte de la fiscal y el abogado del Estado.

“Se reitera que la única intencionalidad de la presente denuncia es favorecer que se investiguen los hechos relatados, sin realizar imputación de actividad delictiva a ninguna persona concreta, partiendo de la presunción de inocencia y dejando a la consideración de quien corresponde la valoración jurídica de los hechos expuestos”, aclara la denuncia ahora presentada.

El texto de la denuncia señala que “se dirige esta denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues integra en su estructura organizativa a la Inspección Fiscal, que como su nombre indica ejerce las competencias de inspección de los distintos fiscales por delegación permanente del Fiscal General del Estado”.

Y respecto de los denunciados, señala lo siguiente:
“Al entender de este denunciante, existen indicios de potenciales comportamientos irregulares:

En la representación de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada personada en la causa DPA 24/2015.

La citada Fiscalía Especial presentó querella el 16 de febrero de 2015 en la Audiencia Nacional, a través de la fiscal Doña Ana Cuenca Ruiz. En fecha 20 de mayo de 2015 fue designada fiscal de la causa Doña Inmaculada Violán González, que mantiene hasta la fecha ese nombramiento. La totalidad de los hechos que posteriormente serán detallados han acontecido posteriormente a la designación de Doña Inmaculada Violán González”.

En la representación de la Abogacía del Estado personada en la causa DPA 24/2015.

La Abogacía del Estado solicitó personarse el 20 de enero de 2016 a través del abogado del Estado Edmundo Bal Francés. Es público que en noviembre de 2018 Edmundo Bal fue cesado, pero no resulta posible a este denunciante identificar la persona que le ha sustituido en su representación. En su escrito de personación se especifica que se realiza “con el fin de sostener y defender los derechos del Estado”. Pero, sea como sea, hasta ese “2018” habrían sucedido ya buena parte de los hechos denunciados.

Bal niega las acusaciones 

OKDIARIO se ha puesto en contacto con Edmundo Bal. El ahora candidato de Cs ha señalado que él no era «el responsable del caso», aunque ha admitido que intervino personalmente en uno de los interrogatorios y que firmó el escrito de personación, puesto que, efectivamente, era el jefe de la Abogacía. Bal ha señalado a este diario que niega cualquiera de las acusaciones vertidas en la denuncia y que él no puede ser responsable de omisión de la persecución del delito porque «el abogado del Estado, a diferencia de la Fiscalía, no actúa sin contar con el organismo al que defiende». Es decir, que, según la explicación dada, él no podía actuar de oficio, sino por indicación de la empresa pública o del Ministerio.