Denuncian la inacción de la Fiscalía en el caso de la presunta financiación ilegal del PSOE en Acuamed

El caso Acuamed vuelve a la palestra. Arcadio Mateo, imputado en el caso ha presentado un escrito denunciando la inacción de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en investigar toda la documentación presentada. Esa documentación apunta a que el citado caso Acuamed, lejos de ser un posible ejemplo de corrupción del PP, lo pudo ser de financiación ilegal del PSOE.

Pese a ello, como señala el escrito de Mateo, «habiendo transcurrido más de un año desde la declaración […] explicando el contenido de la reunión solicitada por el senador del PSC-PSOE Joan Sabaté» no consta «que se haya llevado a cabo ningún acto de investigación a instancia de las acusaciones existentes en la causa (Fiscalía Anticorrupción y Abogacía del Estado)», y ello, pese a que está próximo el plazo de «10 años desde los hechos que hoy se describen y documentan», periodo en el que se activaría la prescripción.

Investigación de la Justicia y la Guardia Civil

Hay que recordar que Acuamed se encuentra en el foco de investigación de la Justicia y de la Guardia Civil por una posible financiación ilegal del PSOE en época de José Luis Rodríguez Zapatero. La Justicia sigue la pista de 22 millones de euros destinados a publicidad electoral que benefició al PSOE y la UE ha llegado a reclamar la devolución de 217 millones de euros en ayudas destinadas a Acuamed -coordinadora del plan de obtención de agua por medio de desaladoras-.

Porque fueron financiadas en parte por Europa y el desastre en la gestión de Acuamed ha provocado que los proyectos comprometidos con Bruselas no se hayan cumplido según lo exigido. Como informó en exclusiva OKDIARIO, el ex director general de Acuamed e imputado en el caso, Arcadio Mateo, explicó en su declaración del 19 de febrero de 2020 ante el juez, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, su reunión del 5 de marzo de 2012 en la que el antiguo senador socialista Joan Sabaté le informó de sus gestiones, teóricamente no remuneradas por Acuamed, para lograr que el proyecto de descontaminación química del embalse de Flix fuera exitoso.

Pasados casi 14 meses sin que la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía del Estado hayan instado ninguna actuación investigadora y ante el riesgo de que transcurran los diez años que marca la prescripción legal de los posibles actos delictivos, Arcadio Mateo ha presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 un extenso dosier con toda la documentación relativa a la adjudicación en mayo de 2011, a instancias de la subdirectora Gracia Ballesteros Fernández, de un «servicio de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales» por importe de 39.000 euros a Antoni Sabaté, ex diputado socialista por Tarragona en el Parlament y antiguo alcalde de Flix.

Por aquellas fechas, el secretario de estado de Medio Rural y Agua, del cual dependía Acuamed, era el también dirigente socialista en Tarragona Josep Puxeu. En los hechos presentados en la denuncia por Mateo se afirma que la adjudicación propuesta por Gracia Ballesteros favoreció la oferta del dirigente socialista frente a otra oferta más barata de la prestigiosa ingeniería vasca IDOM.

Como consecuencia de esa adjudicación, el dirigente socialista Antoni Sabaté empezó facturando 2.684 euros en junio de 2011 y 1.917 en julio, con el conocimiento y autorización de Carlos Anibarro, director económico financiero de Acuamed, según afirma la denuncia.

Pero a medida que se iban acercando las elecciones generales anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero en el verano de 2011, las cantidades facturadas fueron cada vez menores, hasta finalizar desapareciendo exactamente en diciembre de ese año, coincidiendo con la formación del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.

Pero en 2012, a la vez que dejaba de facturarse el «servicio de coordinación, apoyo logístico y relaciones institucionales» adjudicado en abril de 2011, comenzaron a facturarse cantidades en concepto de tablestacas en la obra de Flix, de la que era supervisora en su calidad de subdirectora Gracia Ballesteros, siendo el director de obra Marc Pujols y la empresa que cobraba como Asistencia a la Dirección de Obra una UTE Eptisa-Getinsa, siendo, a su vez, sus responsables en la obra José Manuel Plaza y Mariano De Andrés.

Imputada por hacer lo mismo que denunció

Hay que recordar que Gracia Ballesteros fue una de las tres denunciantes del llamado caso Acuamed -investiga a la ex cúpula de esta empresa pública por supuestamente favorecer a determinadas constructoras inflando los precios de las obras- y que acabó imputada por hacer lo mismo que denunció.

Ballesteros, de hecho, ha sido investigada por modificar supuestamente las puntuaciones de una adjudicación para favorecer a una determinada empresa, Contratas Vilor. La acusación de la Fiscalía sobre Ballesteros se basa en que, junto a su empleado Vicente Botella, manipularon a finales de 2013 y principios de 2014 el concurso de adjudicación de ‘Trabajos de implantación del Plan de Emergencia de la balsa de regulación del Río Belcaire 0B/02/13’ para «que la adjudicataria de esta obra -tal y como finalmente ocurrió- fuera, entre las tres sociedades que se presentaron al concurso, la empresa Contratas Vilor», como señalan la documentación puesta a disposición judicial.

Pero no se trata de las únicas cuestiones en investigación, o pendientes de serlo, a juicio de Arcadio Mateo. A lo largo de más de tres años, Mateo denuncia que ni la Fiscalía Anticorrupción, ni la Abogacía del Estado, prácticamente han investigado los pagos fijos mensuales de 5.833 euros a la empresa Bassat Ogilvy por servicios de «asesoría en comunicación»y de 9.700 euros fijos mensuales a la Fundación privada Institut Cerdàpor servicios de «asesoría y acompañamiento continuo en el proceso de posicionamiento local».

Según indica la versión de Arcadio Mateo en su escrito, fueron 15.533 euros fijos mensuales, pagados durante años bajo control de Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, denunciantes del caso Acuamed, que escondidos como tablestacas (un tipo de pantalla) de la obra, nunca han sido investigados. Y, además, ahora se une la posible prescripción de la adjudicación, el caso del destacado dirigente del PSC de Tarragona Antoni Sabaté, que dejó de cobrar sus servicios dos meses antes del la visita al Director General de Acuamed del senador socialista Joan Sabaté.