La Justicia investiga a Acuamed por desviar 14 millones para financiar ilegalmente al PSOE

Acuamed era una empresa púbica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y la responsable de ese departamento en aquel momento era Cristina Narbona

Se firmaron 47 contratos de adjudicaciones en los meses previos a las elecciones generales de 2008 que ganó José Luis Rodríguez Zapatero

Acuamed
Cristina Narbona y José Luis Rodríguez Zapatero

El caso Acuamed puede dar un giro brusco. Si hasta ahora parecía centrado en lo ocurrido durante la etapa posterior a la llegada del PP al poder, una denuncia puede abrir la caja de los truenos en dirección contraria: y es que uno de los imputados, Arcadio Mateo del Puerto -ex director general de Acuamed- acaba de presentar una denuncia -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- en la que apunta a un caso de financiación ilegal del PSOE nacional a través de esta empresa pública durante los años 2007 y 2008.

La cifra denunciada por Arcadio Mateo del Puerto asciende al menos a 7,45 millones de euros en 2007 y a un total de 13,96 millones entre ese año y 2009, cuantías que habrían servido para ayudar al PSOE en el reto de las elecciones generales de 2008 y cuyo pago se habría repartido entre esos tres años.

El esquema se habría conseguido a través de nada menos que 47 contratos firmados por la empresa pública justo antes de esos comicios generales de marzo de 2008 que dieron el triunfo a José Luis Rodríguez Zapatero. Acuamed era una empresa púbica dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y la responsable de ese departamento en aquel momento era Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez.

La denuncia parte de los casos ya descubiertos en la Comunidad Valenciana y recuerda que “por parte del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se emitió auto, el 19 de enero de 2018, en el que se recoge la investigación de contratos de la empresa Crespogomar SL, adjudicados por distintos organismos públicos, y por la empresa ACUAMED S.A”. Aquel auto recogió ya que, “de forma indiciaria, existiría financiación irregular de los partidos políticos PSPV‐PSOE y BLOC‐COMPROMIS, y también existiría falsedad documental con carácter continuado, pues Crespogomar S.L. habría facturado servicios prestados a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral de 2007, haciéndose cargo del pago de esos servicios otras empresas”.

Escalada de gastos de difícil justificación

La actual denuncia, que ha sido ya presentada ante el juez García Castellón por escrito tras haber sido expuesta verbalmente, no oculta que “que en lo relativo a los contratos de servicios adjudicados por ACUAMED, teniendo en cuenta la fecha de los contratos (noviembre y diciembre del año 2007), estos hechos irregulares estarían prescritos” por la parte de Crespogomar SL, según el auto. Pero la denuncia apunta a que no ocurriría lo mismo con el resto de prácticas desarrolladas de forma continuada a lo largo de esos 47 contratos firmados por Acuamed y que, de hecho, provocaron entre 2007 y 2009 una escalada de los gastos de publicidad contratados por esta empresa pública de difícil justificación.

“Se aporta en esta denuncia los documentos que certifican plenamente los indicios de haberse realizado adjudicaciones irregulares a Crespogomar S.L. y a Publicaciones Miracasa S.L. (empresas vinculadas entre sí) por ACUAMED durante el año 2007”, señala el denunciante. “Podría ser que la rapidez del proceso de adjudicación a estas empresas, y el plazo tan escaso para la ejecución del contrato (del 1 de diciembre de 2007 al 9 de enero de 2008), estuvieran ligados a la celebración de Elecciones Generales el 9 de marzo de 2008 , dado que su convocatoria se publicó en el BOE mediante el RD 33/2008 de 14 de enero de 2008”, añade. Pero, sobre todo, la denuncia incorpora “también, la documentación aportada” que pone de manifiesto “que en el periodo 2006‐2009, el gasto en concepto de publicidad de ACUAMED ascendió a 13,96 millones de euros, con un máximo del gasto en 2007 de 7,45 millones de euros (74,2% de su facturación en ese año), razón por la que el resultado económico que estaba equilibrado en 2006 pasó a representar en 2007 unas pérdidas de más de 7,34 millones de euros”.

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Este “desmesurado” gasto procede de las firmas en 2007 de esos 47 contratos de adjudicación, “existiendo indicios que a buena parte de ellos se les puede aplicar lo expresado en el Auto del Juzgado número 21 de Valencia, como hace con los de Crespogomar SL : Del contenido del informe emitido recientemente por el Interventor Perito, se puso de relieve la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación, pudiéndose distinguir no obstante entre aquellas irregularidades meramente administrativas y aquellas que van más allá y que podrían ser constitutivas de infracción penal”, señala la denuncia.

Los pagos de estas partidas, sin embargo se dilataron en el tiempo: “Hay que destacar que, en opinión de los Interventores del Estado (IGAE) que analizaron la actividad de ACUAMED en 2007 y 2008, respecto de las campañas informativas de programas del Ministerio de Medio Ambiente contratas por Acuamed (programa AGUA con 5.360.515 euros, divulgación de la actividad de desalación y de las plantas desaladoras con 2.922.336 euros y distribución de agua desalada con 2.917.138 euros), dichas actividades no guardan relación con el objeto social de Acuamed”. Es más, la documentación incorpora un tercer año, 2009, en el que los gastos por publicidad siguieron siendo claramente exagerados.

De este modo, si el gasto en publicidad de 2005 rondó el medio millón de euros y en 2006 los 729.000 euros, en 2007 escaló de golpe hasta los 7,447 millones de euros; en 2008 hasta los 3,833 millones; y en 2009 hasta los 1,954 millones.

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La denuncia no se contenta con eso y recuerda que “se deja constancia, para finalizar, como en el Informe UCO 08/2016, de 12 de enero de 2016, son citadas las empresas: Ensuma Congresos SL, Paralelo 37 Publicidad Málaga SL, Estimado José Alfredo SL, Plataforma de Publicidad SA, Ecran Comunicación SL y Pleno Impacto SL, adjudicatarias de 23 de los 47 contratos de publicidad de 2007, de los cuales, indiciariamente, 18 de ellos tendrían irregularidades”.

Incluso lanza un recordatorio sobre cómo se ha llevado el caso hasta la entrada del juez García Castellón: “Así mismo, se muestra como el Director General de ACUAMED en 2007, D. Adrián Baltanás García, prestó declaración ante la UCO el 20 de enero de 2016 en calidad de INVESTIGADO y sin embargo fue citado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 el 20 de octubre de 2016 en calidad de TESTIGO, y como el Director de Relaciones Institucionales de ACUAMED en 2007, D. Joan Navarro Martínez fue citado el 20 de octubre de 2016 en calidad de TESTIGO. No consta, salvo error no intencionado, que desde esa fecha en la instrucción de las DPA 24/2015 se haya realizado acción alguna respecto de los hechos aquí denunciados”.

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