La Comisión Europea pide a España el expediente del rescate de Plus Ultra tras la denuncia de Ciudadanos

La Dirección General de Competencia Europea ha solicitado, y recibido, del Gobierno de España el expediente relativo a la aerolínea española, con capital venezolano, Plus Ultra, que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La Comisión pidió la documentación a España tras recibir una carta enviada por Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, dirigida a la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en la que denunciaba sus serias dudas sobre la legalidad del rescate de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra, pues presuntamente no cumplía con los requisitos exigidos para recibir las ayudas.

Según ha podido saber OKDIARIO a través de fuentes cercanas a la formación naranja, aunque el asunto “todavía está en pañales”, lo que sí que implica esta petición “es el inicio de lo que podría terminar siendo una investigación que afecte a los fondos europeos que la UE dará a España para salir de la crisis generada por la pandemia del Covid. O peor aún terminar derivando en una sanción al Estado”. Una sanción que podría ser económica, o de endurecimiento de los requisitos de las empresas que quieran acceder al rescate de la SEPI.

Requisitos europeos

De los 750.000 millones de euros que la Unión Europea ha repartido, a España le corresponden 140.000. Parte de ese dinero, en este caso las ayudas que la SEPI puede repartir, deben tener el visto legal del ‘Temporary Framework’, que es el mecanismo que ha creado la Comisión Europea para flexibilizar al máximo los requisitos que los estados deben solicitar a las empresas a las que entreguen las ayudas. Pero pese a la flexibilización de dichos requisitos, todavía se mantienen algunos que, a priori, el Gobierno de Sánchez se habría saltado para rescatar a Plus Ultra.

Entre dichas condiciones se encuentran las siguientes: que sólo las empresas que no tuvieran dificultades financieras antes del 31 de diciembre de 2019 podrán beneficiarse de las ayudas, cuando Plus Ultra ya estaba en crisis antes de la pandemia; que la intervención estatal obedezca sólo al interés general cuando las rutas de Plus Ultra representan sólo el 0,3% del tráfico aéreo nacional; que el Estado sea remunerado suficientemente por los riesgos asumidos de cara al contribuyente, hecho que no se produce; y según Garicano, y en el caso de Plus Ultra, que se pudiera devolver el préstamo antes del año 2024, algo que, cuanto menos, parece imposible debido a las millonarias pérdidas de la empresa, de las que no prevén salir hasta 2023.

Las denuncias

A esta investigación en ciernes de la Comisión de la Competencia de la Unión Europea se unen otras dos. La primera es la causa que se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid tras la presentación de una denuncia de Manos Limpias. La segunda es la presentada por el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal junto con el eurodiputado Luis Garicano y la líder de la formación, Inés Arrimadas, que ha admitido a trámite el Tribunal de Cuentas.

En la presentada ante el Tribunal de Cuentas, los denunciantes afirman que el rescate ha conllevado “la existencia de un presunto menoscabo en los fondos públicos como consecuencia de la concesión a la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. de una ayuda financiera con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, por un importe total de 53.000.000 euros, sin que la citada empresa reuniera los requisitos exigidos para ser beneficiaria de dicha ayuda”.

Y apostillaban que “esperamos que el Tribunal de Cuentas sea quien aprecie la presunta existencia de infracciones contables, así como a los responsables, es decir: qué cuantía de dinero se ha desviado con este escándalo y quiénes son los responsables, así como que ese dinero sea devuelto a las arcas públicas”.

Plus Ultra se defiende

Y mientras las denuncias por el rescate se acumulan, la aerolínea se defiende, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez también apuesta públicamente por la legalidad del rescate. Eso sí, mientras por un lado el Ejecutivo habla de que ha habido legalidad y transparencia, por otro lado, se niega a facilitar el expediente del rescate al PP y Ciudadanos que se lo han solicitado en el Congreso de los Diputados.

Por su parte, desde Plus Ultra aseveran que tanto el banco de inversiones Daiwa Corporate Advisory como Deloitte Legal, asesor jurídico de la operación, así como la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, todas entidades independientes de la SEPI y de Plus Ultra según la aerolínea, efectuaron un informe favorable a la concesión del rescate de 53 millones de euros por parte de la SEPI.