Bildu fuerza al Gobierno a comprometerse a disparar el gasto en vivienda social en plena recesión 

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Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi.
Carlos Cuesta

Bildu sigue dando muestras de su fuerza. La formación que lidera Arnaldo Otegi acaba de arrancar el compromiso al Gobierno de Pedro Sánchez de disparar todo el gasto social en los peores momentos de recesión y, en especial, en vivienda social.

En plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, el partido proetarra ha logrado el apoyo del PSOE, ERC, Podemos y PNV que el Gobierno de España se comprometa a suscribir la Carta Social Europea de 1996:  ese documento plantea el cumplimiento efectivo de las garantías en materia de Protección Social, estado del bienestar y, entre otras cosas,  vivienda social. Traducido: en pleno avance de la deuda y déficit públicos, el Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que disparar el gasto en viviendas para todas las personas que no tengan capacidad económica para financiarla.

«Es una asignatura pendiente». Con este mensaje ha presentado su iniciativa la portavoz Mertxe Aizpurua. Se trata de una proposición no de ley que se ha debatido en el Congreso de los Diputados justo en plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. El Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu en el Congreso  no ha ocultado su verdadera intención. Desde el primer momento destacó que tramitaba la proposición no de ley para exigir al Gobierno socialcomunista ratificar la Carta Social Europea para «blindar los derechos sociales de la ciudadanía».

La diputada Mertxe Aizpurua ha señalado, de hecho, que la Carta Social Europea incluye el catálogo más completo a nivel europeo de los Derechos Humanos de carácter social: «Adoptada en 1961, es un tratado internacional que garantiza los derechos sociales y económicos al trabajo, a la vivienda, a la salud y a la educación, entre otros. Es un instrumento clave para proteger a la ciudadanía».

España ratificó en 1980 la primera versión de la Carta Social Europea, pero no dio el segundo paso con la actualización de 1996.Y no lo hizo, básicamente, porque su redactado combinado con el de la Constitución Española abre la puerta a una existencia efectiva de, por ejemplo, el derecho a la vivienda, algo que llevaría aún fortísimo incremento del gasto en viviendas sociales.

Ocho derechos más

Bildu es consciente de esta situación. Y, por ello, solicita este compromiso. Aizpurua ha explicado la importancia de ratificar la versión revisada de la Carta Social, ya que incorpora ocho derechos más: «El derecho a la protección en caso de despido; a la tutela de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador; a la dignidad en el trabajo; a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares; a la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa; a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo; a la protección contra la pobreza y la exclusión social; y a la vivienda».

Es, precisamente, esa parte final la que más interesa a la estrategia del partido proetarra. Porque piensa exigir todo el desembolso necesario al Gobierno en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y en materia de vivienda social para las capas sin capacidad de pago de un piso por sus propios medios.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso considera «incomprensible y poco ejemplar» la falta de ratificación de la Carta Social Europea actualizada. En opinión de Aizpurua, la ratificación de ambos documentos, reclamada por organizaciones sindicales y las entidades del tercer sector de acción social de manera reiterada, supone «un avance necesario en la protección de los derechos sociales, blindando de manera más férrea el cumplimiento de los derechos en materia de empleo, vivienda, salud, educación, protección social y bienestar», además de  poner en marcha nuevos mecanismos de seguimiento y reclamación en caso de incumplimiento de las normas por parte de los Estados. El pacto impulsado por Bildu ha sido respaldo por el propio PSOE, Podemos, ERC y PNV.

Esta nueva cesión al partido proetarras sucede justo después de que Podemos, Bildu y ERC hayan forzado igualmente a Sánchez a asumir una reforma urgente para bloquear los desahucios. Pablo Iglesias exigió a Pedro Sánchez introducir en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado su reforma de los desahucios. Se trata de la principal medida de los morados para convencer a sus votantes. Bildu y ERC se sumaron a la iniciativa: la paralización de los desahucios y de los cortes de suministro a las personas con menores recursos.

Los letrados de las Cortes advirtieron de que el encaje de esta reforma en los Presupuestos Generales del Estado «podría entrar en contradicción con la expresada doctrina constitucional», tal y como demuestra el texto trasladado a la Mesa del Congreso de los Diputados y publicado por OKDIARIO. Pero, pese a ello, Pedro Sánchez prefirió dar gusto a sus socios radicales encabezados por Pablo Iglesias y forzó la inclusión en la tramitación parlamentaria de las cuentas del Estado de la reforma de los desahucios.

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