Tres años del ‘caso Negreira’: 8,4 millones perdidos, sin rastro de informes y sin sanción para el Barcelona

El mayor escándalo de la historia del fútbol cumple tres años. El 15 de febrero de 2023 se conocía que el Barcelona había pagado durante –al menos– 17 años a José María Enríquez Negreira. Un desconocido entonces, pero que había ejercido hasta 2018 como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Entonces se cifraba en una cuantía de 7,6 millones, aunque los pagos acreditados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía ascenderían después a 8,4 millones de euros. A día de hoy, todo sigue bajo instrucción judicial, no hay rastro del dinero ni tampoco sanción para el club por ese presunto soborno continuado al número dos del arbitraje en España.

Presunto porque no hay pruebas de que los presidentes del Barcelona en esas épocas (Gaspart, Laporta, Rosell y Bartomeu) pagaran en busca de obtener el favor arbitral. Sólo figuran los pagos en sí, que ya es bastante. Todos lo han justificado alegando unos supuestos informes arbitrales que todavía nadie ha visto. Sólo han aparecido unos documentos del hijo del ex árbitro –Javier Enríquez– por los que, según señaló en sede judicial, percibió 60.000 euros. Los vendía a 250 euros, «bastante baratos», según él. Nada que ver con los 8,4 millones que se llevó su padre.

Enríquez Negreira no ha declarado ante la juez ni se espera que lo haga, debido a su deterioro cognitivo. Sin embargo, sí que lo hizo en 2022 ante Hacienda, que fue la que comenzó a tirar del hilo tras un intento del club de desgravarse las facturas. Entonces fue muy claro: «Yo tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona. Lo que el Barcelona quería era asegurarse (sic) que no se tomaban decisiones en su contra».

Más claro, no pudo ser. Después, han llegado declaraciones del resto de implicados. Como imputados por corrupción continuada en el deporte y falsedad documental figuran, además del club, Negreira y su hijo, los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu y los ex directivos Albert Soler y Óscar Grau, mientras que Joan Gaspart y Joan Laporta lo han hecho en calidad de testigos, puesto que los delitos que pudieran haber cometido ya han prescrito.

Ninguno ha presentado un contrato con el ex vicepresidente arbitral en el que figure el motivo de esos cobros. Se alega «un acuerdo verbal» para justificar ese asesoramiento arbitral por el que, según ellos, le pagaban. Pero tampoco han presentado pruebas de ello. Laporta concedió en su día una rueda de prensa en la que presentó varios archivadores con esos supuestos informes, aunque nadie los vio y tampoco han sido entregados a los distintos jueces que han llevado la investigación en este tiempo.

La influencia de Negreira

El caso Negreira supuso un daño reputacional al arbitraje español del que el colectivo no se ha recuperado aún. Parte de la culpa la tiene también el que fuera presidente cuando estalló el escándalo, Luis Medina Cantelejo, que vino a decir que Negreira no pintaba nada. Ahora, ya sin cargo en el CTA, reconoce que hay que «clamar justicia» y que «alguien tiene que pagar» por lo sucedido.  Una versión que dista mucho de la que dio tras conocerse el caso, en la que negaba la mayor e, incluso, llegó a decir que si, durante esos años, el Barça estuvo 78 jornadas de Liga consecutivas sin que le señalaran un penalti en contra «fue porque no los había». 

La principal hipótesis que se baraja no es que ese dinero que se abonaba a Negreira fuese a parar directamente a los árbitros, sino que, como uno de los máximos responsables del Comité de Árbitros, influyese en las decisiones mediante la valoración que hacía a sus subordinados y que servía para decidir los ascensos y descensos arbitrales, así como para su promoción internacional. Esto también se negó, diciendo que Enríquez Negreira no tenía poder de decisión, pero la Guardia Civil encontró en la sede del CTA clasificaciones arbitrales de varias temporadas firmadas de puño y letra por él.

Sin sanción deportiva para el Barcelona

Tres años después, queda aún instrucción por hacer y un juicio en el que el Barcelona y sus directivos serán o no condenados por corrupción deportiva. Lo que parece claro es que no podrán ser sancionados por la vía deportiva, por mucho que sea, como mínimo, poco ético pagar a un directivo arbitral cantidades millonarias. La actual Ley del Deporte se modificó en 2022, tres meses antes de que todo saliera a la luz, mientras que el código ético de la RFEF lo hizo en junio de 2021, cuando la Agencia Tributaria ya estaba detrás del caso y el Barcelona tenía conocimiento de ello.

Lo que se hizo con la Ley del Deporte fue aumentar el tiempo de prescripción de los delitos leves y graves, pero se mantuvo en los muy graves. Dentro de estos se encuadra el caso Negreira, que según los plazos estaría prescrito, lo que exime de sanción al Barça. El encargado de impulsarla fue Albert Soler, director general del CSD en ese momento y que había sido directivo del Barcelona. Está imputado junto a Rosell y Bartomeu.

Por su parte, del código ético de la RFEF se eliminó una cláusula que decía que «la corrupción, así como el amaño de partidos y de competiciones de fútbol, prescribirán a los diez años». Esto sucedió meses después de que Laporta llegara a la presidencia del Barcelona en esta segunda etapa, formando parte de la junta directiva de la RFEF y conociendo que Hacienda tenía ya una investigación en marcha.