Hasta 200 euros al mes: la ayuda a los padres españoles que llega en 2026

La idea de establecer una ayuda de 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años ha vuelto a ganar protagonismo en el escenario político español. La propuesta, defendida por Sumar, nace con la intención de dar una respuesta estable a la elevada pobreza infantil del país, una de las más altas de la Unión Europea pese al peso económico de España dentro del bloque. El planteamiento es el de una prestación universal, sin límite de renta, que acerque a España a los modelos de apoyo a la crianza presentes en buena parte de Europa.

Esta apuesta no surge de la nada. Desde 2024, Sumar y el Ministerio de Derechos Sociales vienen defendiendo que el actual sistema de ayudas, muy condicionado y disperso, deja fuera a demasiadas familias. Pese a ello, la medida sigue pendiente de un marco legal concreto y no figura en los Presupuestos Generales del Estado, que continúan prorrogados. Aun así, la formación que lidera Yolanda Díaz mantiene su objetivo de sacarla adelante en 2026 y presiona para que el Gobierno la incluya en su agenda inmediata.

Hasta 200 euros al mes: la ayuda a los padres españoles que llega en 2026

Pese al crecimiento económico, España mantiene una de las tasas de pobreza infantil más elevadas de Europa. Los datos más recientes sitúan a casi uno de cada tres menores, un 29,2 %, por debajo del umbral de pobreza, cifras muy superiores a la media de la UE (19,3 %). Y si se analiza el indicador AROPE, que combina pobreza, privación material y baja intensidad laboral, la situación todavía es más grave: 34,6 % de menores en riesgo, frente al 24,2 % europeo.

Organizaciones de infancia, académicos y parte del propio Gobierno coinciden en el diagnóstico: España invierte menos que la media europea en apoyo económico a las familias (1,5 % del PIB, frente al 2,4 % de media), mantiene un sistema de ayudas disperso y condicionado y apenas logra reducir la pobreza con sus prestaciones actuales. Para Sumar, la solución pasa por replicar lo que funciona en la UE: una prestación por hijo, estable, sencilla y no estigmatizante.

Cómo surgió la propuesta de los 200 euros mensuales

Aunque la idea resurge ahora, ya estuvo sobre la mesa durante la pasada legislatura. La entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, intentó incluir una renta de crianza en la Ley de Familias, pero el planteamiento no superó las discrepancias internas: el ala socialista apostaba por reforzar el Ingreso Mínimo Vital y su complemento a la infancia en lugar de implantar un pago universal.

En la coalición actual, la propuesta ha tomado fuerza. El nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, retomó la iniciativa y la convirtió en uno de los ejes de su política social. La fórmula defendida por Sumar es la de ofrecer 200 euros al mes por cada hijo menor de 18 años, independientemente del nivel de renta, dentro de una reforma fiscal progresiva. La medida no se plantea como un gasto coyuntural, sino como una inversión estructural, definida públicamente como una “deuda democrática” con las familias.

El impulso político se reforzó en noviembre de 2025, cuando el Consejo de Ministros aprobó una declaración institucional por el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, comprometiéndose a «avanzar hacia una prestación por crianza diseñada bajo criterios de universalidad y equidad fiscal». Ese texto vinculó la propuesta a la Garantía Infantil Europea y a las recomendaciones de organismos como la OCDE.

¿Cuándo podría entrar en vigor? El escenario para 2026

Con el inicio de 2026, la propuesta vuelve a la agenda, aunque con un calendario político complicado. Derechos Sociales afirma que su intención prioritaria es incluir la ayuda en los Presupuestos Generales del Estado. El problema es que, de momento, el Gobierno no ha presentado unas nuevas cuentas y la mayoría parlamentaria necesaria no está garantizada.

Además, la posición del Ministerio de Hacienda es prudente. La vicepresidenta y ministra María Jesús Montero ha recordado que antes de modificar o crear nuevas prestaciones es necesario evaluar el impacto real de las ya existentes. También ha señalado que, si hubiera que rediseñar el sistema de apoyo a la infancia, quizá sería necesario refundir varias ayudas actuales en una sola, independientemente del nombre que finalmente adoptara.

Pese a esa cautela, Derechos Sociales mantiene la presión interna. Bustinduy rechaza que la prestación se canalice exclusivamente a través de la declaración de la renta, un sistema que, según el ministerio, deja fuera a familias vulnerables por su complejidad administrativa, y apuesta por un ingreso directo, acompañado de un mecanismo fiscal que permita corregir el exceso en los hogares de rentas más altas.

Si la vía presupuestaria no prospera, ya sea por falta de apoyos o por una nueva prórroga de las cuentas, el ministerio abre la puerta a una alternativa: aprobar la prestación por real decreto. El argumento sería la urgencia social derivada de la elevada pobreza infantil, una fórmula que el Gobierno ya ha utilizado en otras ocasiones para medidas de impacto económico.