Belarra paga 723.353 € a una cooperativa podemita para que diseñe el nuevo modelo de residencias

El Ministerio de Ione Belarra ha dedicado 723.353 euros de fondos europeos para que la cooperativa Tangente, con múltiples nexos con Podemos, elabore y ponga en marcha un nuevo plan para reformar las residencias de mayores, de menores y de personas dependientes. El objetivo pasa por la «desinstitucionalización», es decir, que estas personas estén el mayor tiempo posible en casas particulares y no en complejos residenciales con muchos internos al cargo de las instituciones públicas directamente.

El Portal de Contratación del Estado, consultado por OKDIARIO, recoge este contrato adjudicado en los últimos días, tras recabar sólo dos ofertas a la UTE Means-Tangente, una unión de empresas en la que está el Grupo Tangente, conocido por los cargos de Podemos como Celia Mayer, asesora del Ministerio de Igualdad, que trabajaron en esta entidad antes de dar el salto a la política.

Los pliegos de la contratación detallan que en 14 meses tendrán que culminar esta revolución del sector de los cuidados. El Ministerio subraya que esta contratación se enmarca en el “Plan de Choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión” que incluye el Plan de Recuperación, es decir, los fondos europeos.

«El objetivo principal es la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y un modelo de Atención Centrada en la Persona». Para ello, Ione Belarra apuesta por «la innovación social» y por basarse en «evidencias» para «generar conocimiento y contribuir a las reformas políticas».

«Una plataforma de innovación social es un conjunto de actores, metodologías y acciones que de forma integrada y abierta generan nuevos procesos para abordar la desinstitucionalización. Todo con nuevas herramientas de escucha comunitaria para codiseñar las intervenciones junto a la ciudadanía», concluyen. Se contratan así tareas de análisis, escucha e interpretación; mapeo de buenas prácticas; seguimiento y evaluación; comunicación y documentación; y gestión digital.

Para estos trabajos se requerirá un jefe de equipo, tres consultores senior y tres consultores junior. «Todos ellos deberán acreditar: titulación universitaria especializada en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, experiencia profesional directa en innovación social, experiencia en evaluación de políticas y/o diseño de programas en el sector objeto de
la plataforma, experiencia en el ámbito de la investigación social y/o metodologías de evaluación, fluidez oral y escrita en español e inglés y al menos una persona especializada en análisis de género vinculado a
políticas sociales».

Plan de residencias

El departamento de Ione Belarra, también líder de Podemos, ya aprobó un plan contra las residencias de ancianos actuales. Dio luz verde a un nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia en el Consejo Territorial en una ajustada votación, en la que votaron en contra las comunidades gobernadas por el PP; además de País Vasco, Cataluña y la socialista Castilla-La Mancha. El cambio de voto de Extremadura a última hora posibilitó el visto bueno definitivo.

El plan para el sector de la dependencia planteaba limitar las plazas en las residencias de ancianos a 120 en grandes ciudades, a 90 en poblaciones de densidad media y a 75 plazas en centros rurales. Tal como denunció la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), esto supondrá el cierre de 72.500 plazas, el 18,8% del total y el 25% de las residencias privadas. «Van a tener que cerrar porque no van a tener viabilidad económica y por la imposibilidad manifiesta de cumplir lo que marca el proyecto», lamentó el presidente, Ignacio Fernández-Cid.

A este cierre masivo de plazas, por otra parte, hay que agregar el déficit que ya existe en el sector de las residencias de ancianos y centros de día. Actualmente, hay una falta de 75.000 plazas en España y la cifra seguirá incrementándose por el envejecimiento de España, según el sector. Otro de los problemas del plan de Belarra es que el precio medio de estos centros se disparará un 50% aproximadamente.