La Audiencia juzgará a Hacienda por no entregar a OKDIARIO los informes sobre el doping a Cataluña con inversiones

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso a la desesperada del Ministerio de Hacienda para no cumplir la resolución del Consejo de Transparencia que le obligaba a entregar a OKDIARIO los informes semestrales de inversión estatal por comunidad autónoma.

El tribunal ha dado el primer paso en el pleito suspendiendo cautelarmente la orden que daba al departamento de María Jesús Montero un plazo de diez días hábiles para facilitar la información solicitada por esta redacción sobre cómo el Gobierno distribuye las inversiones públicas entre las comunidades autónomas desde 2022 hasta 2024.

El auto, dictado el pasado 22 de enero por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, confirma que la Abogacía del Estado ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la decisión del organismo de transparencia. La petición de medida cautelar busca paralizar, por ahora, la entrega de datos que revelarían el reparto territorial de las inversiones estatales a favor de Cataluña en detrimento del resto de España.

La Audiencia Nacional ha estimado la petición cautelar de Hacienda basándose en que «una posible ejecución (y la facilitación de los datos y la información a los que se refiere la resolución recurrida) obrarían completamente inútil la tramitación del presente recurso».

Los tres magistrados del tribunal han seguido el criterio ya aplicado en casos anteriores. El auto menciona expresamente precedentes en otros recursos similares donde también se suspendieron inicialmente resoluciones similares del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Será ahora cuando entren en el fondo y terminen por confirmar o tumbar la resolución del ente que vela por la Ley de Transparencia.

La controversia se remonta al 8 de enero de 2025, cuando OKDIARIO presentó una solicitud al amparo de la Ley de Transparencia. Requirió específicamente los informes semestrales correspondientes al segundo semestre de 2022, primer y segundo semestre de 2023, y primer semestre de 2024. Para cada periodo, solicitó el «desglose detallado de las inversiones realizadas por el Estado en cada Comunidad Autónoma», los criterios de distribución territorial, el grado de ejecución presupuestaria y la comparativa con periodos anteriores.

El Ministerio respondió el 12 de febrero facilitando un enlace genérico al portal de la Intervención General de la Administración del Estado. Esta respuesta no valía: la información del portal estaba completamente desactualizada, con datos únicamente hasta junio de 2022. A día de hoy, en 2026, Hacienda sigue sin colgar en esa web informes más recientes que los de 2022.

La subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez Milán, firmó personalmente la resolución denegatoria el 12 de febrero de 2025. La estrategia fue denunciada por el periodista como un intento de «aparentar cumplimiento sin cumplir».

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación en mayo de 2025. En su resolución, el presidente José Luis Rodríguez Álvarez consideró que «con la mera remisión a la página de la Intervención General de la Administración del Estado no se satisface el derecho de acceso del reclamante».

El organismo argumentó que la información publicada no se ajustaba al marco temporal solicitado ni permitía acceder de forma directa a los criterios de distribución territorial.

La resolución del Consejo fue contundente al señalar que el Ministerio no había cuestionado que la información obrara en su poder, ni había alegado ninguna causa legal para justificar la negativa. Tampoco había estimado informar sobre la fecha aproximada de publicación de estos contenidos, lo que motivó la estimación parcial de la reclamación. Hoy por hoy el Estado sigue sin hacer públicos esos informes.

El Consejo de Transparencia dejó claro en su resolución que la actuación de Hacienda vulneró el artículo 22.3 de la Ley de Transparencia. Este precepto establece que cuando la información ya ha sido publicada, «la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella», pero siempre que la remisión sea «precisa y concreta». El organismo aplicó su Criterio Interpretativo, que determina que «en ningún caso será suficiente únicamente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente». La respuesta de Hacienda incumplió flagrantemente este requisito.

La información solicitada resulta especialmente sensible en el actual contexto político. Los datos sobre inversión territorializada permitirían confirmar que existe un trato preferente hacia Cataluña, como denuncian diversos sectores políticos y sociales. La opacidad del Ministerio alimenta las sospechas sobre un posible dopaje presupuestario a determinadas comunidades autónomas frente a otras. Frente a las infraestructuras abandonadas, por ejemplo, en Extremadura y Andalucía, Cataluña, de donde proceden los partidos Junts y ERC, es la región mimada por Pedro Sánchez.

La resolución del tribunal será determinante para establecer los límites entre el derecho de acceso a la información pública y las prerrogativas de la Administración. Un pronunciamiento desfavorable para Hacienda obligará a una mayor diafanidad en la gestión de las arcas de todos los españoles. Por el contrario, si prospera el recurso ministerial, se consolidaría una práctica de opacidad que contradice el espíritu de la normativa de transparencia aprobada en 2013.