La Audiencia juzgará en febrero a cargos de Zapatero en Mercasa mientras la UCO investiga nuevos amaños

La Audiencia Nacional ha fijado para febrero de 2026 el juicio contra 18 personas y cuatro mercantiles vinculadas a Mercasa por sobornos de 20 millones en Angola, mientras la UCO registra las instalaciones de la empresa pública en una nueva operación anticorrupción ligada al Gobierno de Pedro Sánchez.

El auto judicial que desvela OKDIARIO en primicia señala 16 sesiones repartidas a lo largo de todo el mes de febrero de 2026. Algunos días las vistas se celebrarán en la sede de San Fernando de Henares –a las afueras de Madrid–, alternándose posteriormente con la sede del centro de la capital.

Entre los procesados figuran ex directivos nombrados durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en un caso que ha permanecido en instrucción desde 2014.

Javier de Paz, ex secretario general de Juventudes Socialistas y amigo personal de Zapatero, presidió Mercasa entre 2004 y 2007. Bajo su mandato se firmaron los primeros contratos con Angola. Ha formado parte del consejo de administración de Telefónica, donde ha acumulado retribuciones superiores a los 10 millones de euros.

La causa investiga el pago de comisiones ilegales entre 2006 y 2016 para conseguir contratos en Angola. El proyecto inicial para construir un mercado de abastos en Luanda alcanzó finalmente un presupuesto de 533 millones de dólares.

Juicio por Angola

Entre los acusados figura Álvaro Curiel, que fue alto cargo de Zapatero en La Moncloa tres años como jefe de Compras e Inventario del Palacio antes de convertirse en director financiero de Mercasa. También están procesados los abogados del Estado incorporados a la empresa pública durante el segundo Gobierno socialista de Zapatero.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de prisión por delitos de prevaricación, malversación, blanqueo, falsedad y organización criminal. El instructor ha impuesto fianzas por 22,2 millones.

Un intermediario portugués Guilherme Augusto de Oliveira Taveira cobraba una comisión del 8% declarada como «asistencia técnica local». Permanece prófugo de la justicia española.

La documentación intervenida revela que los contratos con Angola incorporaban adendas secretas estipulando las comisiones para Taveira. Estas cláusulas fueron firmadas por los consejeros delegados de Mercasa Incatema, todos ellos ahora procesados.

Registros de la UCO

Curiosamente, con la proximidad del juicio, la Guardia Civil ha requerido el jueves pasado documentación a Mercasa dentro de una nueva operación anticorrupción. Los agentes han desarrollado 19 registros en empresas y domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.

La investigación, dirigida por el juez Antonio Piña en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, ha provocado la detención de la ex militante socialista Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso. El procedimiento permanece bajo secreto sumarial.

Además de Mercasa, la UCO ha solicitado información a otras empresas públicas como SEPI, Sepides y Enusa. En esta última trabajó Leire Díez, quien se presentaba como «mano derecha» de Santos Cerdán en una grabación aportada a la causa.

La diligencia en Mercasa constituye un nuevo varapalo judicial para la empresa estatal, que arrastra múltiples investigaciones desde hace más de una década.

El caso Mercasa

La investigación sobre Mercasa se inició en 2014 cuando el juez José de la Mata detectó irregularidades derivadas del caso Defex. La empresa pública, dependiente de SEPI y del Ministerio de Agricultura, creó en 2002 el consorcio Mercasa Incatema para construir mercados de abastos en el extranjero y, en concreto, en África.

El magistrado José de la Mata archivó investigaciones sobre contratos en Panamá y República Dominicana por falta de pruebas. Sin embargo, mantuvo abierta la pieza de Angola tras dar con un latrocinio organizado.

El entonces director del área internacional de Mercasa advirtió por escrito en 2004 a Javier de Paz de posibles irregularidades en contratos dominicanos. El documento señalaba compromisos no autorizados por Economía ni conocidos por el consejo de administración.

La empresa sufrió en 2017 un misterioso robo en su sede. Los ladrones sustrajeron ordenadores y documentación del despacho de Macarena Olona, entonces secretaria del consejo, en Nochebuena, días antes de su declaración ante el juez. Un presidente de Mercasa intentó en 2018 destituir a Olona como secretaria del consejo para impedir que aportara nuevas pruebas al instructor. La maniobra fracasó y la letrada pudo declarar aportando documentación comprometedora.

Desde el estallido del caso, Mercasa ha abandonado toda su actividad internacional. La compañía gestiona en España una red de mercados mayoristas de abastos en las principales ciudades.

Un río revuelto que no cesa

Febrero deparará un mes trepidante para quienes creyeron que el escrutinio judicial sobre Mercasa se diluiría con el paso del tiempo. Doce años después del inicio de la instrucción, la Audiencia Nacional destapará el sumario en plena efervescencia de otra investigación que vuelve a señalar los mismos círculos de poder. Algo parecido al caso Defex que se juzgará desde abril y donde está otro empresario que se ha enriquecido con el PSOE, Juan Carlos Cueto, cerebro y músculo de la empresa de las comisiones por mascarillas del caso destapado por Víctor de Aldama.

Mientras la UCO revuelve archivos a la vista de nuevas irregularidades, los procesados ultimarán sus estrategias defensivas, sabiendo que cuatro semanas de febrero pueden desmoronar su futuro. La justicia, como suele ocurrir, llega tarde, pero llega—y esta vez con la contundencia de quien ha aprendido que la paciencia judicial puede resultar más letal que la urgencia política.