El asesinato de dos guardias civiles de tráfico en Navarra es uno de los 379 crímenes de ETA sin resolver

El 21 de agosto de 1988 ETA detonó un coche bomba cargado con 65 kilos de explosivos en Estella (Navarra) que acabó con la vida de los guardias civiles de tráfico José Antonio Ferri Pérez y Antonio Fernández Álvarez. Este es uno de los 379 crímenes de la banda terrorista que se encuentra sin resolver.

Ninguno de los asesinos ha sido condenado por este crimen, que dejó dos viudas y cinco huérfanos menores de edad. La Audiencia Nacional absolvió en 1992 al etarra Germán Rubenach Roig por su vinculación con el asesinato de estos guardias civiles al considerar que no estaba probada su participación en los hechos. Sin embargo, el terrorista sí fue condenado por otros crímenes. Entre ellos, el secuestro del industrial Adolfo Villoslada en 1989, quien permaneció 84 días cautivo.

En 1990, dos años después del asesinato de Ferri y Fernández, Rubenach había intentado suicidarse sin éxito al verse rodeado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Foz de Lumbier. Quienes sí acabaron con su propia vida en ese mismo episodio fueron los etarras Juan María Lizarralde Urreta y María Susana Arregui, que huían junto con Rubenach de la Guardia Civil después de haber asesinado al sargento de la Benemérita José Luis Hervás Mañas.

Ferri y Fernández formaban parte de una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra, que ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acordado con Bildu expulsar de Navarra.

Cuando transitaban por el casco urbano de Estella a las siete y media de la mañana del 21 de agosto de 1988, la banda terrorista explotó un coche bomba cargado con 25 kilos de amonal y 40 de metralla con acero.

El coche utilizado para el atentado había sido robado a sus propietarios a las dos y cuarto de la madrugada en las proximidades de la localidad. Los terroristas les dejaron encadenados a un árbol, al igual que al conductor de automóvil, un Renault 7 matriculado en Vitoria, que habían sustraído también a punta de pistola dos horas antes, y que se supone fue utilizado para la huida.

La onda expansiva alcanzó, además de al coche de los dos guardias civiles que murieron en el acto y cuyos cuerpos quedaron calcinados, a una vivienda, en la cual se encontraba María del Puy Michelena con sus dos bebés gemelos de apenas dos meses de edad. La madre y uno de los niños sufrió heridas leves por cortes de cristales rotos por la explosión.

Los hechos fueron denunciados ante las autoridades los días siguientes a los hechos. Inicialmente, fueron abiertas diligencias de investigación penal ante el Juzgado de Instrucción nº4, en el Sumario 73/88, dictándose el sobreseimiento provisional de las mismas en diciembre de 1988, de las que no se ha vuelto a tener noticias y cuyo estado actual se desconoce.