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El PP modificará la normativa de Costas para ayudar a los concesionarios de terrazas y chiringuitos

Para el candidato del PP al Congreso, Vicente Marí, es compatible la actividad humana con la protección del litoral

El Govern de Armengol se lava las manos con los chiringuitos de Mallorca que ha obligado a cerrar

Los propietarios de los chiringuitos ya no pueden más

Costas
Reunión de los candidatos del PP al Senado, Miquel Jerez, y al Congreso, José Vicente Marí, con la plataforma de afectados.
Indalecio Ribelles
  • Indalecio Ribelles
  • Redactor de OKBaleares, información local de Palma, social y política. Antes, redactor en EL MUNDO/ Baleares durante 20 años.

El candidato del PP de Baleares al Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, ha reiterado este sábado en Formentera el compromiso de su partido a modificar la normativa de Costas.

Así lo ha asegurado el representante popular tras una reunión mantenida con representantes de la denominada Plataforma de afectados por el deslinde de Costas, en la que ha asegurado que trabajarán «para revertir la situación de unos servicios públicos estatales desertizados que nadie quiere venir a cubrir».

En este sentido, ha recordado que «se debe compatibilizar la protección del litoral con la actividad humana, y este es un compromiso de Prohens y Feijóo, porque son los propietarios los que siempre han conservado nuestro litoral».

Por su parte, el candidato del PP al Senado por Ibiza, Miquel Jerez, ha añadido que las peticiones de los afectados van «en la línea con las intenciones del PP», y ha asegurado que «se debe acabar la inseguridad jurídica, la arbitraridad e indefensión de estas familias».

El compromiso de Marí se produce cinco meses después de que la actual presidenta del Govern, Marga Prohens, se reuniera con representantes de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Ibiza (AALCE) , junto con el propio Jerez y Bosó, y donde también se hizo público la necesidad de abordar una modificación de la Ley de Costas desde una perspectiva nacional.

Un encuentro en el que los dirigentes del PP dejaron claro que, de cara a un futuro, no pueden tolerarse construcciones nuevas en zonas sensibles, «pero es necesario compatibilizar lo ya ejecutado con la presencia y acción del hombre, su utilidad en la vida y en la actividad económica de muchas familias».

Los afectados a los que el Govern balear de la socialista Armengol ninguneó y dio la espalda, vienen denunciado la problemática que afecta a los concesionarios que están ubicados en dominio público, en la denominada servidumbre de protección, dada la gran incertidumbre existente.

Todo ello tras la entrada en vigor del nuevo decreto aprobado en agosto de 2022, que ha disparado la arbitrariedad y la inseguridad jurídica, y que ha provocado la apertura de múltiples expedientes de reversión de propiedades y concesiones al dominio público con el cierre de terrazas y chiringuitos en el litoral balear.

Ese nuevo reglamento, aprobado hace ahora un año, amenaza con eliminar en Ibiza y Formentera las concesiones de centenares de propietarios de negocios e inmuebles en el litoral de las dos islas, lo que conduciría al paro a más de un millar de trabajadores.

En Ibiza el número de concesiones entre particulares y empresas, incluyendo las casetas varadero, suman unas 1.500.

El punto principal del nuevo reglamento de la Ley de Costas es la redefinición de lo que se considera dominio público. Ahora se plantean nuevos deslindes para ampliar el dominio público marítimo terrestre. De esta forma, se consideran públicos todos los terrenos dunares que no estén claramente separados de las costas. Además, a partir del dominio público ya establecido, se protegerán 100 metros más hacia el interior, 500 metros en el caso de los terrenos de influencia.

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