Óscar López promete una propuesta de mejora salarial para evitar las protestas de los funcionarios

Las continuas protestas de los funcionarios por la subida de salarios y la amenaza de una huelga ha hecho que el ministro de Función Pública, Óscar López, haya tomado la decisión de que el día 19 de noviembre presentará una propuesta de subida económica para el conjunto de los empleados públicos.

Así, por el momento, «las movilizaciones de funcionarios pactadas por los sindicatos dependerán del avance y del resultado de la negociación», según CSIF.

En concreto, se trataría de un acuerdo plurianual, 2026-2028, que incluirá la subida de 2025 «claramente diferenciada», como indican desde el sindicato CSIF.

Por otro lado, se espera que el acuerdo salarial tenga una parte económica fija y otra variable, sin embargo, desde el sindicato CSIF explican que «en estos momentos desconocemos la cuantía exacta».

Asimismo, se seguirán negociando a través de reuniones cuestiones en materia de empleo público y de mejora en las condiciones laborales.

Desde CSIF se valora de manera positiva el inicio del acuerdo, pero se exige que «la subida de 2025 sea inmediata y con efectos retroactivos a enero de este año».

Acuerdo ante una posible huelga

La semana pasada, se planteaba la posibilidad de una huelga de funcionarios en el aire: «Hoy puede ser el principio de un acuerdo o de una huelga», explicaban desde CCOO. Desde el mismo sindicato también se criticaba que se diga que España «va como un tiro» y al mismo tiempo se tenga a los empleados públicos con el salario congelado.

Desde CCOO también recuerdan que el Gobierno debe ya 2.000 millones de euros de salario este año a los funcionarios y que en los tres últimos años los trabajadores públicos han perdido 8,5 puntos de poder adquisitivo, mientras el IPC sigue subiendo.

La temporalidad es otra de las causas

Por otro lado, los funcionarios continúan en su cruzada contra Óscar López con el objetivo de que reduzca la temporalidad entre los interinos, ya que actualmente en España es de un 30%, una cifra muy superior a los datos de la Unión Europea. Además de que este porcentaje tan alto implica que España incumple la ley.

Estas nuevas reclamaciones y las últimas concentraciones han coincidido con un informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exige elevar las indemnizaciones por abuso de temporalidad y concretar las sanciones a las administraciones que abusen de los interinos.