Denuncia de los minoritarios

Golpe judicial en Codere: un juez deja en el aire el plan de salvamento de la compañía

Codere Bolsa
Una casa de apuesta de Codere.
Carlos Ribagorda

Nuevo frente judicial abierto en Codere, uno de los líderes del sector del juego en España. Además de la batalla que protagonizan los ex dueños de la compañía, la familia Martínez Sampedro, con los fondos de capital riesgo que han tomado la empresa, ahora está en el aire todo el plan de reestructuración de la compañía que la salvó de la quiebra en 2014.

Un grupo de minoritarios dueños del 4,4% de la compañía, representados por el bufete Cremades & Calvo Sotelo, han pedido la impugnación del acuerdo de refinanciación de Codere -aprobado en el consejo del 23 de septiembre de 2014- al considerar ilegal que se hiciera sin contar con los minoritarios.

Tras escuchar a las dos partes en la vista preliminar celebrada el pasado 24 de abril, el juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha decidido admitir la denuncia de los minoritarios y fijar juicio oral para 2019. El magistrado ha rechazado los argumentos de la compañía, que defendía que la impugnación estaba fuera de plazo -tres meses desde la aprobación en consejo-.

La decisión deja en el aire el plan de reestructuración de la compañía y todo lo que ha sucedido después. Los minoritarios denuncian que, tras el acuerdo pactado entre la familia Martínez Sampedro y los acreedores de la empresa, su participación pasó del 4,40% a prácticamente cero.

El valor de ese 4,40% a 27 de abril de 2015, cuando se aprobó el acuerdo en la Junta de Accionistas, era de 3,7 millones de euros. El total de minoritarios sumaba el 30,87% de la compañía en esa fecha y, tras el acuerdo de reestructuración, mantuvieron solo el 0,67%.

Entran los fondos

La familia Sampedro, principal accionista y además gestores de la compañía, decidieron aprobar en el consejo de septiembre de 2014 un plan de reestructuración para hacer frente a la abultada deuda que acumulaba la compañía, 1.589 millones de euros.

Gracias a ese acuerdo, los bonistas de la empresa convirtieron la parte de la deuda que atesoraban -636 millones- en acciones de Codere representativas de un 97,78% del capital. El otro 2,22% quedaría en manos de los Martínez Sampedro.

Sin embargo, los fondos dueños de la deuda acordaron con los Sampedro venderles hasta el 19,9% de la compañía «a la vista de las relaciones institucionales y gubernamentales que se consideran necesarias para la continuación del éxito de los negocios regulados del grupo».

Para los minoritarios, este es el problema. En 2014, bonistas y accionistas y propietarios, que son los mismos, los hermanos Martínez Sampedro, alcanzaron ese acuerdo sin contar con los minoritarios.

Éstos destacan en una carta enviada a la CNMV en julio de 2015, que «el Consejo de Administración de la Compañía, mediante la remisión de un hecho relevante a la CNMV, con fecha 23 de septiembre de 2014, informa por primera vez al resto de accionistas de Codere de los principales extremos del plan de reestructuración del capital y deuda».

«A esos efectos, el acuerdo adoptado por la Compañía con total exclusión de sus accionistas minoritarios no solo atenta contra el principio de seguridad jurídica, sino que también vulnera los principios de buen gobierno corporativo que consagran las recientes reformas legislativas», según la misiva.

Batalla posterior

Puesto en el aire el acuerdo de reestructuración, todo lo posterior está en duda. Tras la entrada de los fondos, capitaneados por Silver Point, los hermanos José Antonio y Javier Martínez Sampedro fueron cesados de la presidencia y vicepresidencia de Codere en enero de este año, lo que a su vez han denunciado a la justicia.

Esa batalla entre los Sampedro y los fondos continúa en la próxima Junta de Accionistas ya que los ex propietarios de la firma han pedido el cese de uno de los consejeros, Joseph Zappale, ex embajador de Estados Unidos en España y ex aliado de ellos.

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