El Gobierno prefiere la jubilación parcial a la anticipada para no perder 2.700 millones al año

La jubilación anticipada supuso más de 2.700 millones de euros en 2023 para las arcas de la Tesorería General de la Seguridad Social, por los más de 112.000 españoles que el pasado año pusieron fin a su vida laboral antes de la edad ordinaria. El alto coste de los jubilados de forma anticipada ha alentado la última propuesta de la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de implementar la jubilación parcial. En su opinión, «hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria». Todo un giro keynesiano en la política del Ejecutivo de Sánchez que sólo encuentra justificación en su ánimo recaudatorio.

El cálculo ofrecido por el economista José Ramón Riera a OKDIARIO -extraído de los datos publicados por el INNS (Instituto Nacional de la Seguridad Social)- manifiesta que la jubilación anticipada supuso al Estado el 41% de la cantidad total destinada el pasado ejercicio a la jubilación. Mientras que 2.759.778.363 euros se destinaron a la jubilación anticipada, 3.891.053.700 euros fueron para la ordinaria.

Un coste anual de más de 2.700 millones de euros que mensualmente fueron más de 197 millones de millones de euros. Si bien el número de personas que se jubilaron en 2023 de forma anticipada disminuyó un 8% respecto del año anterior (pasando de 122.243 a 112.032), no deja de ser una cifra desdeñable para las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social.

Del total de jubilados (incluyendo los de forma ordinaria), los anticipados tan sólo disminuyeron en un 3% entre 2022 y 2023. Es decir, bajaron en menor medida los que se jubilaron de forma anticipada que los demás.

El coste de jubilación: un 2% más

El otro gran motivo por el que desde la cartera de Saiz se apuesta ahora por fomentar la jubilación parcial; es decir, que se pueda seguir cotizando más allá de los 65 años. Y es que el número de pensionistas no deja de crecer año a año. En concreto, el coste anual total (jubilados de forma ordinaria y de forma anticipada) ha crecido un 2% en tan sólo un ejercicio: más de 102 millones de euros (en concreto, 102.254.482 € ).

Riera recuerda que «los que se jubilan anticipadamente dejan de pagar cotizaciones y reciben pensiones». En consecuencia, «la Seguridad Social tiene doble coste: lo que deja de ingresar y lo que tiene que pagar». Del análisis de esta comparativa interanual se detrae que «hay un coste directo: el de los 2.700 millones que pagan las pensiones y de los anticipados, lo que dejan de pagar».

A esta mordida de los que se jubilan de forma anticipada se suma la subida de las pensiones aprobada por el Gobierno -una revalorización del 3,8% de las contributivas desde el pasado 1 de enero-. Si bien el incremento sí conllevará una mayor recaudación para el Estado, no así para los pensionistas, dado que a efectos de percepción, la subida se compensa con el correlativo aumento del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Física), llegando apenas pocos euros netos más de pensión.

También, el aumento para acceder a la jubilación ordinaria. Este 2024 se ha incrementado en dos meses con respecto a la de 2023. Es decir; ahora la edad ordinaria para jubilarse será de 66 años y seis meses, cuando se cuente con menos de 38 años de cotización a la Seguridad Social. Si se hubiera cotizado más tiempo, entonces la edad de retiro se conserva en los 65 años. El paulatino retraso de la jubilación culminará en 2027, cuando se situará en los 67 años para quienes hayan cotizado menos de 38 años y seis meses, y se mantendrá en los 65 años para los trabajadores que acrediten haber aportado a la Seguridad Social durante al menos ese citado periodo.

Sobrecoste para la empresa

Pese a todas las fórmulas ya en marcha, la ministra de Seguridad Social insiste en la jubilación parcial. Un tipo de retiro que de facto ya existe en la actualidad. Ahora bien, el trabajador que se jubila parcialmente debe cotizar al 100% de su anterior base de cotización, con independencia de que se emplee durante sólo un tercio de la jornada. Es decir, el empresario ha de abonar a la Seguridad Social la misma cantidad que si el empleado trabajase a jornada completa. En definitiva, mayor coste para el empleador que si la persona trabajara a tiempo parcial.

Respecto al recorte de la cotización de forma proporcional, desincentiva que los trabajadores a punto de jubilarse acepten mantenerse en el mercado laboral, aunque fuese de forma parcial.

Además, siempre que se haya llegado a la edad legal, existe la posibilidad de compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad laboral. Esta opción no conllevaría un ahorro para el gasto del Estado en pensiones. Una cuestión de gran preocupación incluso para el Gobierno frankestein, dado que sólo el pasado mes de enero se destinaron 12.651,21 millones de euros al gasto en pensiones, lo que supuso un aumento del 6,29% con respecto al mismo mes de 2023.