El Gobierno estudia implantar la mochila austríaca solo en algunos sectores

Fuentes gubernamentales reconocen que el desarrollo de este modelo necesita un debate a largo plazo, dado que su implantación no es fácil y requiere de aportaciones empresariales, más allá de las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social.

Por esta razón se ha pensado en la banca como uno de los posibles sectores para su implantación, dado que en esta actividad los empleados suelen contar con planes de pensiones de empresa, cuyas aportaciones podrían ir destinadas a la «mochila» y permitirían al trabajador tomar decisiones como la de jubilarse anticipadamente.

Este planteamiento iría incluido en la «agenda del cambio» que prepara el Ministerio de Economía con la hoja de ruta del Gobierno para los próximos meses en materia de reformas estructurales.

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, reconoció el pasado martes que es una medida que el Gobierno está considerando, pero que no es una prioridad y que cuenta con objeciones por parte de los agentes sociales.

En concreto, los sindicatos temen que este modelo termine suponiendo un abaratamiento del despido y el fin del seguro por desempleo actual, mientras que la patronal tiene dudas sobre su financiación y los incentivos que disfrutarían las empresas a cambio de sus aportaciones.

¿Y en qué consiste el modelo austríaco?

Austria -que mantiene una tasa de paro inferior al 6 % desde hace más de una década- puso en marcha en 2003 una reforma laboral que incluía un fondo de capitalización individual para cada trabajador porque no existían las indemnizaciones por despido, de forma que cada empresa aportaba una cuantía del salario bruto de sus empleados a sus respectivos fondos.

La cuantía de la mochila es invertida por una entidad financiera en búsqueda de un rendimiento, con la garantía del Estado, y permite a las empresas despedir a coste cero al trabajador, quien puede entonces hacer uso del capital acumulado en ella, aunque también se puede utilizar como complemento a la pensión pública de jubilación.

En España no es una figura ajena al debate político y social, aunque nunca ha llegado a implantarse.

Se recogió en la reforma laboral de 2010 del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que nunca concretó cómo sería y decidió posponer su puesta en marcha después de que un informe de una comisión de expertos concluyera que aplicarlo podría costar el equivalente al 1 % del PIB de aquel entonces (unos 10.000 millones de euros).

Este fondo de capitalización recogido en la reforma de 2010, que debería haber entrado en vigor en 2012, suponía la creación -sin aumentar las cotizaciones empresariales- de un depósito que podrían utilizar los trabajadores en supuestos de despido, de movilidad geográfica, para formación o para la jubilación.

El PP incluyó la mochila austríaca en su programa electoral para las generales de 2011, aunque nunca tomó ninguna medida al respecto, hasta que en 2017 apoyó una iniciativa en el Congreso del PDeCAT para su puesta en marcha antes de 2020, iniciativa que tampoco tuvo un desarrollo posterior.