Este es el motivo de peso por el que tu jubilación podría llegar antes de lo previsto

El Gobierno está proponiendo una transformación sustancial en las regulaciones de las jubilaciones anticipadas, específicamente dirigida a aquellos trabajadores que se desempeñan en ocupaciones con elevados índices de mortalidad y riesgos laborales que pueden tener secuelas a largo plazo. Según el primer borrador del Ministerio de Seguridad Social, la intención es establecer un procedimiento general que permita adelantar la edad de jubilación en aquellos empleos considerados penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres, sin que ello implique penalizaciones en la prestación de jubilación.

El propósito central de este proyecto de real decreto, liderado por el departamento encabezado por Elma Saiz, es la creación de un marco normativo que facilite la aplicación de coeficientes reductores. Estos coeficientes tendrían la función de anticipar la jubilación para aquellas ocupaciones cuyas condiciones laborales presenten características adversas para la salud y el bienestar de los trabajadores. Para determinar qué actividades entrarían en esta categoría, se han definido tres índices en el documento.

• El primer índice se calcularía dividiendo el gasto total en bajas de un grupo específico de edad y género en un periodo determinado por la suma de las bases de cotización devengadas en ese tiempo.
• El segundo se basaría en la relación entre el número de bajas en el mismo grupo de observación y el conjunto de trabajadores expuestos al riesgo.
• El tercer índice se derivaría de la relación entre el número de fallecimientos en la actividad y el total de trabajadores en esa categoría, multiplicado por mil. Mientras que las organizaciones sindicales muestran aceptación hacia los cálculos segundo y tercero, existe discrepancia en relación al primero.

En aquellos casos en los que no se evidencien tasas elevadas de morbilidad o mortalidad, el Gobierno está contemplando la creación de un grupo de trabajo que estaría integrado por representantes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Inspección de Trabajo, asociaciones empresariales y organizaciones sindicales. Este grupo tendría la responsabilidad de estudiar y evaluar si estas ocupaciones también cumplen con las condiciones para permitir un adelanto en la jubilación.

Medidas para la jubilación

Para evitar desequilibrios en el sistema público de pensiones, la aplicación de estos coeficientes llevaría consigo una cotización adicional a la Seguridad Social. Esta cotización adicional sería responsabilidad tanto de la empresa como del empleado, a excepción del colectivo de autónomos, en el cual recaería íntegramente en el trabajador por cuenta propia. Estos costos adicionales estarían reflejados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año. Además, los coeficientes estarían sujetos a revisiones cada 10 años, salvo que se evidencien cambios significativos en las condiciones laborales debido a avances científicos, nuevas tecnologías u otras razones.

La novedad más destacada en el borrador es la forma en que se gestionarían las solicitudes para establecer estos coeficientes reductores. A diferencia del sistema anterior en el cual individuos solicitaban este beneficio de forma individual, el Gobierno propone que, una vez se apruebe la nueva normativa, las organizaciones profesionales y sindicales (para trabajadores por cuenta ajena) y las asociaciones más representativas de los autónomos puedan presentar estas solicitudes en un plazo de seis meses. Sin embargo, las fuentes sindicales expresan su desacuerdo con la no convocatoria inicial de un grupo de trabajo, ya que señalan que muchas de las actividades que serían objeto de análisis están mayoritariamente ocupadas por mujeres. Adelantar este reconocimiento, según argumentan, evitaría un mayor desequilibrio de género en la implementación de estas medidas.

Diferencias con la jubilación actual

En cuanto a la legislación actual, se reconoce el derecho a la jubilación anticipada, sin penalizaciones, para ocho colectivos específicos, entre ellos, mineros, personal de vuelo, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las Administraciones y organismos públicos, miembros de la Ertzaintza y policías locales. Para determinar el rango de años con los que estos trabajadores pueden adelantar su retiro, la normativa utiliza un mecanismo común: establece coeficientes diferentes para cada profesión y categoría profesional, que oscilan entre 0,05 y 0,5, y se multiplican por los años efectivos de trabajo cotizados. El resultado de esta fórmula es el número de años que pueden adelantar la edad de su retiro, con la condición de que nunca sea anterior a los 52 años, salvo excepciones como el caso de bomberos, ertzainas y policía local, cuyo mínimo es de 59 años.

Adicionalmente, en la mesa de diálogo social se trataron otros temas, como la futura regulación de la jubilación parcial, para la cual aún no hay una propuesta por escrito del Gobierno. También se abordó el acuerdo entre patronal y sindicatos para derivar pruebas diagnósticas de la sanidad pública a mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. En este último caso, los sindicatos buscan más claridad sobre las patologías específicas que podrán derivarse y cuestionan la obligatoriedad de derivar un mínimo de casos a las mutuas, intentando eliminar esta disposición en las negociaciones.

Por tanto, el Gobierno busca una reforma integral en las jubilaciones anticipadas, considerando factores como la peligrosidad de la actividad, estableciendo coeficientes reductores, y abordando temas adicionales como la jubilación parcial y la derivación de pruebas diagnósticas a mutuas. Estas propuestas están sujetas a negociaciones con organizaciones sindicales y empresariales antes de su implementación.