El salario mínimo español bate un récord en Europa mientras cae a plomo la productividad

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ya supera al de todas las economías de la Unión Europea al tiempo que la productividad está cayendo a plomo, mermando gravemente la competitividad de la economía española. Esta es la principal consecuencia de aplicar a la evolución de las retribuciones el llamado índice de Kaitz, el instrumento más útil para analizar la equidad y la calidad de los sueldos en cualquier país. El indicador se obtiene al dividir el salario mínimo entre el salario promedio en un estado concreto. El resultado es que, en el caso de la economía española, esta relación se ha ido situando de manera paulatina en los puestos de cabeza a escala mundial.

La razón es sencilla: en ninguno de los países de la OCDE ni de la UE se han producido durante los últimos ejercicios aumentos tan fuertes del SMI como los introducidos por el Gobiernos de Pedro Sánchez. En 2017, por ejemplo, el SMI español era el tercero más bajo de la OCDE, tan sólo inferior al existente en México y Estados Unidos. En estos momentos tiene el mayor índice Kaitz, superando a todas las economías de la UE.

El Ejecutivo de Sánchez asumió desde el principio de su mandato el objetivo de situar el salario mínimo en el 60% de la renta media nacional. Dicho objetivo ya se alcanzó en 2022, aunque, a pesar de haberse cumplido el propósito, el SMI continuó creciendo en 2023 y ya lo ha hecho este año, tras la decisión de un reciente Consejo de Ministros de situarlo en 1.135 euros al mes (en catorce pagas) ó 1.324 euros en doce pagas, sobrepasando con creces el 60% del salario medio.

Esta circunstancia no resultaría demasiado grave si fuese acompañada o compensada por un incremento de la productividad del factor trabajo, porque, de esta manera, no se traduciría en un aumento de los costes laborales y no dañaría la competitividad de las empresas españolas y la creación de empleo. Pero en España ha sucedido justo lo contrario.

En los últimos seis años, el SMI ha crecido un 54% mientras la productividad ha experimentado uno de los mayores descensos de la historia. Según un informe de la consultora Freemarket, que preside el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, esta dinámica se traducirá en una destrucción de empleo que se concentrará sobre todo en los colectivos más vulnerables -tradicionalmente perceptores del SMI- como los jóvenes, las mujeres, los trabajadores menos cualificados en general y los empleados agrícolas y de la hostelería en particular.

Ante la desgraciada evolución de la productividad, que descendió en el cuarto trimestre de 2023 un 1,8%, la peor marca de los últimos ejercicios, los costes laborales unitarios se han disparado intensamente, hasta crecer un 6,3% a finales del año pasado. «Es evidente que los flujos de empleo, así como la evolución del paro, no pueden ser insensibles a la creciente y abultada brecha entre ambas variables», asegura Bernaldo de Quirós. La consecuencia es que el paro aumentará y que la contratación de mano de obra caerá, salvo que la productividad se incremente de modo significativo -algo que parece improbable en estos momentos- o que los salarios se ajusten a la baja de forma sustancial.

Esto último tampoco parece que vaya a suceder, porque los sindicatos están aprovechando el aumento de los precios de los bienes y servicios para reforzar sus reivindicaciones salariales, que han encontrado eco sobre todo en las empresas más grandes y pujantes, donde las retribuciones están aumentando por encima de la inflación. Atienden así la exigencia de los sindicatos de recuperar el poder adquisitivo perdido los últimos años por la escalada incontrolada de los precios, aumento que se agravó con el estallido de la guerra de Ucrania.

Caso aparte es el de los empleados públicos, ya que su retribución media duplica el nuevo SMI aprobado por el Gobierno. Desde 2018, los sueldos de los funcionarios han crecido más que los del 82% de los asalariados españoles que trabajan en el sector privado, lo que apunta a que el ajuste en términos de empleo –producto de la subida del salario mínimo– solo afectará a las compañías privadas.

Entre 2018 y 2023, España es el segundo país de la OCDE donde más ha crecido el SMI en términos reales –descontando la inflación–. Sólo ha sido superado por Lituania, cuya tasa fue del 6,3% al cierre de 2023 frente a la de casi el 12% de la nuestra. En dicho periodo, el SMI de España ha crecido un 30,2%, y con el nuevo aumento decretado para el presente ejercicio, que no ha contado con el apoyo de la patronal de empresarios CEOE, se eleva ya un 40%, siempre en términos reales. Esto supone el doble que en Alemania, tres veces más que en Japón o seis veces más que en Francia. Adicionalmente, España es de los países de la UE en los que más han crecido las cotizaciones sociales pagadas por las empresas, que se sitúan entre las más altas de este área económica.

Según Bernaldo de Quirós, un SMI cada vez más elevado se traduce inexorablemente en unas cuotas sociales aportadas por las compañías también más elevadas, y ello tiene sin ninguna duda un impacto claro sobre el empleo y el paro. «España tiene el segundo empleo más caro de toda Europa, y es el segundo país de la UE con la productividad más baja», señala.

De acuerdo con el estudio realizado por Freemarket, y después de las reiteradas subidas del SMI, el número de ocupados ha descendido un 4,7% en la agricultura, un 3,9% en la hostelería, un 14% en el servicio doméstico y otro 4,5% en el comercio minorista, sectores todos ellos en los que el SMI tiene una mayor repercusión. Si todos estos sectores hubiesen crecido en términos de ocupación al mismo ritmo que la media de la economía, la conclusión es que hasta 2022 se habrían dejado de crear 322.000 puestos de trabajo hasta 2022.