España suspende en estabilidad regulatoria y financiación de redes según un análisis europeo

España vuelve a situarse entre los países con peor marco regulatorio para el desarrollo de redes eléctricas de distribución, según el informe publicado por E.DSO y GEODE, que analiza los sistemas de remuneración de siete países europeos: Austria, Finlandia, Irlanda, Italia, Polonia, España y Suecia. Un análisis que realiza en base a siete principios esenciales para garantizar la inversión en modernización y despliegue de redes. El documento, publicado esta misma semana, advierte de que ningún país alcanza la excelencia, pero España aparece sistemáticamente en el grupo con peores notas, especialmente en previsibilidad regulatoria, incentivos a la inversión, suficiencia de flujos de caja y valoración de activos.

El informe llega en un momento crítico: la transición energética europea exige alrededor de 67.000 millones de euros anuales en inversiones en redes de distribución entre 2025 y 2050, y los operadores necesitan marcos estables para financiar estas inversiones. Sin ellos, advierte el estudio, se ralentizan las conexiones, se agrava la congestión y aumenta el coste para los consumidores europeos.

España, a la cola en estabilidad

Uno de los ámbitos donde España obtiene peor posición es el de la previsibilidad a largo plazo. El informe subraya que el país arrastra retrasos continuos en la aprobación de los planes de inversión desde 2023, así como remuneraciones no publicadas o pendientes de actualización, algo que tiene también que ver con la falta de presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. Según el documento, esta inestabilidad genera un «debilitamiento de la confianza inversora» y «ralentiza las inversiones necesarias» para la electrificación del país.

Además, España aún no ha implementado completamente la directiva que obliga a contar con planes de desarrollo de la red (NDP) más estructurados y con mayor información al consumidor. Los operadores denuncian que los cambios regulatorios llegan tarde, sin calendarios claros y con criterios ex post (tras la implementación de los propios cambios) para inspeccionar inversiones ya ejecutadas, lo que añade todavía más incertidumbre a la recuperación de costes.

El análisis contrasta esta situación con modelos como el de Italia o Austria, que combinan ciclos regulatorios multianuales, actualizaciones intermedias transparentes y una participación coordinada con los agentes del sector.

Remuneración insuficiente

Otro de los puntos críticos para España es la insuficiencia del retorno regulado. El informe recuerda que la tasa de retribución (WACC) es «insuficiente para incentivar la inversión» y que incluso la propuesta para 2026-2031, que lo eleva hasta el 6,58%, sigue por debajo de los niveles de riesgo comparables en Europa, lo que limita la entrada de capital y reduce la capacidad de los operadores para financiar proyectos de gran escala.

A ello se suma un grave problema estructural. La valoración de los activos se basa en datos de 2011, lo que desconecta por completo lo que se genera y gana. Los propios costes reales de reposición en un entorno en el que además hay una inflación persistente hacen que, de facto, se pierda dinero en muchísimos tramos horarios. El documento advierte de que esta desactualización erosiona los ingresos regulados y agrava el desfase entre las necesidades de inversión y los recursos disponibles.

Falta de incentivos a la innovación

El análisis también destaca que España mantiene un marco poco atractivo para la innovación y digitalización. Aunque se abrieron las puertas a proyectos piloto y de digitalización, los procesos de recuperación de costes siguen siendo «complejos y poco previsibles». Traducido: no se puede prever con exactitud cuánto dinero se recuperará. Esto ha provocado que una parte significativa de los fondos europeos de recuperación no haya podido activarse eficazmente debido a la falta de seguridad jurídica y a requisitos administrativos incompatibles con los plazos del sector.

Las conclusiones del informe son contundentes: España se encuentra en el grupo de países donde las debilidades regulatorias «pueden comprometer la velocidad y eficiencia de la transición energética». El documento advierte de que, sin un marco predecible, la red española podría quedar rezagada en un momento de gran crecimiento de demanda, electrificación del transporte, integración renovable y digitalización del sistema eléctrico.