El directivo despedido de la CNMC era la baza de las eléctricas en los tribunales

Las ondas del apagón del 28 de abril no sólo llegan hasta aquí, sino que han cobrado más fuerza esta semana con una guerra abierta, ya sin disimulo, entre la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el regulador energético, por un lado, y las empresas eléctricas y el Gobierno -sorprendentes compañeros de cama en este lío-, por otro.
La causa de la trifulca es la nueva normativa de retribución de la inversión en redes, tanto de transporte (alta tensión) como de distribución (media y baja), que se plasma en dos circulares que deben aprobarse antes de fin de año para entrar en vigor el 1 de enero.

El sector siempre ha protestado porque la retribución actual es insuficiente para atraer esa inversión: «La inversión que no se retribuye no se hace», dijo el año pasado Francisco Reynés, presidente de Naturgy. Iberdrola ha demostrado esta semana también que, si en España no se paga suficiente por la inversión, no tiene inconveniente en llevársela a Reino Unido.
Y la ministra del ramo, la ínclita Sara Aagesen, delfín y sustituta de Teresa Ribera, tiene tal pánico a que haya otro apagón que está dispuesta a pagar lo que haga falta para reforzar la red y que no vuelva a ocurrir jamás.
Se paga en el recibo
Pequeño detalle: esto no lo pagan los Presupuestos Generales del Estado, sino los consumidores en el recibo de la luz. Es decir, dar a las empresas lo que piden implica otra subida adicional a la de los peajes (un 4%) y los cargos (10,5%) que ya se ha aprobado.
Seguramente, usted no sabrá lo que es eso, pero lo paga de todas formas todos los meses. Los peajes es el coste de las redes -de las que ya están hechas, diferente de la inversión en otras nuevas- y los cargos son un batiburrillo de cosas como las primas de las renovables (la famosa rentabilidad garantizada), la insularidad o el déficit de tarifa histórico. Es decir, un montón de cosas que le meten en la factura porque sí y que no tienen nada que ver con la electricidad que usted consuma.

Volviendo a la remuneración de la inversión en redes, será otro coste más para el recibo, y eso es lo que frena a la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, de aceptar las ideas de Aagesen de pagar whatever it takes a las eléctricas, que diría Mario Draghi.
Por esa misma razón, el organismo no ha aceptado todas las propuestas de Red Eléctrica para su famoso «método reforzado» antiapagones, porque suponen meter muchas centrales de refuerzo en los ajustes intradiarios -las llamadas restricciones técnicas-, que salen mucho más caros que la energía que se compra en la subasta diaria.
Estalla la guerra
Esta guerra ha estallado definitivamente esta semana con la decisión de Fernández de destituir al número dos de regulación energética, Ismael Bahíllo, por su postura próxima al Gobierno y, por tanto, proclive a mejorar la retribución del sector.
Bahíllo ya había sido arrinconado, según fuentes al tanto de la situación, pero ahora Fernández se ha atrevido a dar el paso definitivo en vista de la debilidad extrema del Gobierno de Pedro Sánchez; como siempre les hemos contado aquí, la presidenta está preparando su futuro en Europa y quiere diferenciarse lo más posible del Gobierno, como la hizo en la OPA BBVA-Sabadell.

Pues resulta que Bahíllo era una de las grandes bazas de las eléctricas para recurrir las circulares de la CNMC ante la Audiencia Nacional (porque las recurrirán seguro): pensaban llamarle como testigo a favor de sus tesis, con el peso de un subdirector general del regulador. Con su destitución, Fernández se ha librado de ese riesgo y Bahíllo quedará como un simple ex.
Nerviosismo
Además, en la CNMC cunde el nerviosismo porque las culpas del apagón, de las que se habían librado hasta ahora, han terminado por salpicarla. Como informó OKDIARIO, la jefa de Bahíllo, Rocío Prieto, fue arrinconada en el Senado por la senadora del PP Carmen Riolobos y terminó reconociendo que no había investigado ninguno de los incidentes sufridos por la red que alertaron del apagón que se avecinaba.
El colofón a todo este embrollo es que la CNMC tiene que hacer el informe teóricamente definitivo sobre lo sucedido aquel día fatídico de abril. Un informe que, de momento, se ha retrasado porque el organismo no sabe por dónde salir. Y ahora, después de esa comparecencia, será juez y parte. País, que decía Forges.