Energía

Endesa insta a sus socios de Almaraz a una negociación contrarreloj para llegar a un acuerdo

Se acerca el 31 de marzo, fecha límite para tomar la decisión sobre el futuro de Almaraz bajo la amenaza para las energéticas de enfrentarse a una sanción. Sin embargo, todavía no hay acuerdo.

nuclear
Imagen de una central nuclear.

Endesa ha instado a sus socios en la nuclear de Almaraz -Iberdrola y Naturgy- a sentarse a negociar una salida de la central si consideran que "no salen las cuentas" y no se dan las condiciones económico-financieras que permitan su continuidad. Sobre la mesa se quiere estudiar si "hay condiciones de rentabilidad adecuada" para buscar una salida. No obstante, fuentes de Endesa dejan claro que para negociar esa salida sería necesario en primer lugar cubrir cada uno su parte correspondiente del importe por el predesmantelamiento.

La energética subrayó que si las condiciones económicas de la central no son viables, ella respaldaría lógicamente el cierre, pero defiende que uno de los socios pueda seguir con la planta si el resto no quieren debido a que, en su opinión, no se cumplen las condiciones de viabilidad económica, informa Europa Press.

Endesa, que defendía alargar la vida útil de las nucleares hasta los 50 años, frente a los 40 años que planteaban Iberdrola y Naturgy, considera como un "buen acuerdo" el protocolo alcanzado.

No obstante, cree que sus socios desvirtúan el protocolo queriendo imponer unas condiciones que no estaban previstas, como el hecho de desistir o que se pidan 40 años para las centrales en el caso de que las inversiones necesarias sean superiores a las previstas, ya que en el protocolo "no hay ninguna condición".

Endesa, que señala que "desde el primer minuto" mostró su intención de firmar el protocolo, considera que la unanimidad necesaria para adoptar cualquier tipo de acuerdo en las centrales nucleares, como sociedades de interés económico (AIE) que son, obliga ahora a cumplir el acuerdo alcanzado para ampliar la vida útil de las centrales.

Nueva reunión por Almaraz

Este martes tendrá lugar una nueva reunión entre las tres ‘grandes’ eléctricas, tras fracasar la de la pasada semana, para abordar el futuro de la central de Almaraz, a menos de dos semanas de que expire la fecha límite del 31 de marzo para que las propietarias soliciten la renovación de la licencia para la planta.

La cita de hace una semana entre las tres ‘grandes’ eléctricas del país, que comparten la propiedad de Almaraz –Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%)-, volvió a tener como resultado un nuevo desacuerdo entre ellas.

Un día después, el pasado miércoles, las discrepancias se repitieron en la central de Vandellós II, donde son socios Endesa (72%) e Iberdrola (28%), aunque en el caso de esta planta la situación no es tan urgente como en Almaraz, ya que sería la penúltima, antes justo de Trillo, en cerrar según el calendario, allá por 2035.

Según la ‘hoja de ruta’ acordada por las eléctricas y Enresa, el reactor Almaraz I se parará no antes de 2027, mientras que el segundo de sus reactores lo haría un año después (2028).

En concreto, supone que los dueños de la central cacereña pedirán 7,4 años, a contar desde la fecha de abril de 2020 en que expira la licencia, para el primer reactor y 8,3 años para el segundo.

El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el ‘mix’ eléctrico español algo más de tres gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

El protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales siete reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años.

Este calendario establecido en el protocolo sirve para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales.

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