Lo que hacen en Noruega con las pensiones deberíamos copiarlo ya en España: sería la salvación

En España llevamos más de una década encadenando reformas de pensiones. Algunas llegaron como algo imprescindible, otras como un periodo transitorio y otras han sido  inevitables. Sin embargo, la sensación general es que el sistema sigue en tensión. El gasto ya roza el 12 % del PIB y varios estudios sitúan la curva camino del 18 % antes de mitad de siglo si no cambia nada. Todo esto ocurre mientras la población envejece, las carreras laborales se fragmentan y las cotizaciones tienen que sostener cada vez más peso. En este contexto, muchos expertos miran hacia fuera, y cuando lo hacen, Noruega y su sistema de pensiones aparece siempre como un caso interesante, no sólo por ser un país rico, sino por cómo se han organizado.

Lo primero que suele romper esquemas es que en Noruega nada saben de subir las pensiones a razón del IPC o si deben subirse las cotizaciones para aportar al sistema. De hecho, el sistema público es importante pero no es el único pilar. En España, en cambio, nos seguimos apoyando casi en exclusiva en un esquema de reparto en el que lo que entra por cotizaciones es lo que se destina a pagar pensiones. Por ello, cuando la demografía se descompensa, el sistema se resiente. Y es ahí donde el caso noruego ofrece lecciones interesantes. A diferencia del modelo español, en Noruega conviven tres mecanismos que se complementan entre sí. Por un lado está la pensión pública, que garantiza un nivel mínimo estable. Por otro, los planes ocupacionales de empresa, que no son optativos, y en los que cualquier trabajador acumula un ahorro privado gestionado de manera profesional. Y el tercer pilar es el más conocido, el Fondo Soberano, un instrumento gigantesco que no se utiliza como una hucha corriente, sino como un colchón intergeneracional pensado para amortiguar el paso del tiempo.

El éxito del sistema ya se refleja en los datos de la Administración Noruega de Trabajo y Bienestar (NAV) y en la estructura del Fondo de Pensiones Global (GPFG), que muestran que el modelo nórdico no funciona sólo gracias a sus recursos naturales. La clave está en haber diseñado una arquitectura que complementa la acción del Estado y que permite mantener tasas de sustitución altas, es decir, que el jubilado cobre un porcentaje elevado de su último salario, gracias a la capitalización acumulada y al fomento de la actividad laboral más allá de los 67 años. En España, en cambio, la edad ordinaria está en 66 años y 10 meses (o 65 con largas carreras), pero sin un andamiaje adicional que aligere la presión sobre el reparto.

Así es el sistema de pensiones en Noruega

España ha debatido durante años sobre si bastaba con subir cotizaciones o introducir mecanismos como el MEI para reforzar ingresos. Noruega resolvió ese dilema de otra manera: no depende sólo de los trabajadores del presente para pagar a los jubilados del presente. Allí se asume que el sistema público sirve como red de seguridad, pero no pretende replicar el salario previo del trabajador. La clase media completa su pensión gracias a los planes obligatorios que se ofrecen a través de las empresas.

Eso cambia por completo el equilibrio. En España, el trabajador medio confía casi exclusivamente en lo que le pague la Seguridad Social. En Noruega, esa idea simplemente no existe. La responsabilidad está repartida entre Estado, empresas y trabajadores. Esto permite que las pensiones finales sean estables sin cargar todo el esfuerzo sobre los Presupuestos Generales del Estado.

Planes obligatorios

Aquí se habla mucho del segundo pilar desde hace años, pero la implantación es baja y muy desigual. En Noruega no hay margen para eso: cualquier persona asalariada cuenta con un plan ocupacional que va acumulando capital cada año. Ese ahorro no depende del ciclo político, ni de si una crisis obliga a congelar pensiones o a modificar parámetros legales. Es un dinero privado que se gestiona con reglas estrictas y supervisión pública.

La consecuencia es que la pensión final de un noruego suele rondar el 66 % del salario previo. No es porque la pensión pública sea extraordinaria, sino porque se suma al ahorro acumulado. España intenta alcanzar cifras similares únicamente con el sistema de reparto, algo cada vez más difícil en un país que envejece rápido.

El fondo soberano

Otro elemento que España no tiene, o no ha sabido mantener, es un fondo de reserva fuerte. Durante años tuvimos la llamada hucha de las pensiones, pero se vació para pagar nóminas corrientes en la última crisis. Noruega, en cambio, estableció una regla dura: el Fondo Soberano no se toca. Sólo se puede utilizar el rendimiento estimado anual, que ronda el 3 %. Ni un euro del capital acumulado. Esto obliga a pensar a largo plazo y evita que la política del día a día comprometa el futuro de las pensiones.

La comparación con España, aunque incómoda, es reveladora ya que mientras nuestro país consumía ahorros para pagar déficits inmediatos, Noruega invertía sus excedentes en mercados internacionales para evitar sobrecalentar su economía y proteger a las generaciones futuras.

Trabajar y cobrar la pensión a la vez

Por último, mientras que en España aún se debate las condiciones de la jubilación activa, Noruega lleva años aplicando un sistema muy flexible: un jubilado puede seguir trabajando y cobrar al mismo tiempo el 100 % de su pensión, sin penalizaciones. La ley parte de una premisa sencilla: la pensión no se reduce porque el trabajador decida seguir en activo.

El efecto es inmediato. Tal y como señala el informe de Actualidad Internacional Sociolaboral la tasa de empleo en la franja de 55 a 64 años supera el 70 %. En España ronda el 47 %. Donde aquí vemos obstáculos administrativos, allí ven una oportunidad de sumar talento y aliviar presión al sistema.

¿Puede España copiar algo de todo esto?

No se trata de replicar Noruega pieza por pieza, porque el contexto económico es distinto, pero sí hay varias enseñanzas útiles:

• Reforzar un fondo de reserva real, blindado por ley;
• Extender de verdad los planes de empresa para que no dependan únicamente de la voluntad de cada compañía;
• Facilitar la jubilación flexible para que quien quiera seguir trabajando pueda hacerlo sin penalizaciones absurdas.

Son medidas que no eliminan el sistema público, sino que lo protegen. Y sobre todo, reducen la presión sobre un modelo que, a día de hoy, se sostiene casi en exclusiva sobre las cotizaciones.