El PP deshará nombramientos como el de la AIReF: «Han invadido la independencia de todos los reguladores»

El Partido Popular ha advertido de que revertirá designaciones como la que el Gobierno prepara para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) si llega a La Moncloa, al considerar que el Ejecutivo “ha invadido la independencia de todos los reguladores”. El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, eleva así el tono tras conocerse la intención del ministerio de Hacienda de proponer a un alto cargo del departamento para presidir el organismo fiscalizador.

Nadal considera que «no puede dirigir la AIReF la misma persona que ha propuesto», entre otras cuestiones, «la quita de deuda para Cataluña», con lo que ello supone de cara a la financiación del resto de los españoles. Además, supone colocar un cargo «puramente político» en el regulador que tiene que garantizar «la viabilidad de los Presupuestos» del país.

Fuentes del Partido Popular aseguran que, en caso de llegar a la Moncloa, desharán este tipo de nombramientos, que «colonizan las Instituciones e impiden el normal funcionamiento del país», poniendo en cuestión «la independencia de los reguladores».

La polémica se ha desatado tras la salida de Cristina Herrero, que deja la AIReF después de seis años al frente de la institución. Durante su mandato, el organismo ha publicado informes de alto impacto político y presupuestario, como los relativos a las bajas laborales, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ahora, corresponde a Hacienda proponer un nuevo nombre para ocupar la Presidencia.

Según ha trascendido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habría puesto sobre la mesa el nombre de Inés de Olóndriz, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local. La posibilidad de que una alto cargo del propio ministerio pase a dirigir el órgano encargado de evaluar las cuentas públicas y la política fiscal del Gobierno ha encendido las alarmas en la oposición.

Para los populares, el eventual nombramiento supondría un nuevo paso en una estrategia de control institucional que, a su juicio, afecta a distintos reguladores y organismos supervisores. En ese contexto, el PP sostiene que, si accede al Gobierno, revisará y deshará designaciones que considere contrarias a los principios de independencia y neutralidad.

La AIReF y su papel como vigilante fiscal

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal fue creada en 2013 con el objetivo de reforzar la disciplina presupuestaria y garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, en línea con las exigencias europeas tras la crisis financiera. Desde entonces, la AIReF ha desempeñado un papel clave como evaluador técnico de las previsiones macroeconómicas, el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda, y el impacto de determinadas reformas estructurales.

Bajo la dirección de Cristina Herrero, el organismo ha ganado visibilidad por sus análisis sobre el gasto en pensiones, la eficacia del Ingreso Mínimo Vital o el coste de las bajas laborales. Sus informes, aunque no vinculantes, han condicionado en ocasiones el debate político y han servido de referencia tanto para el Gobierno como para la oposición y las instituciones comunitarias.

El relevo en la presidencia se produce en un momento especialmente sensible, con la reactivación de las reglas fiscales europeas y el compromiso de España de reducir déficit y deuda en los próximos años. De ahí que la elección del nuevo responsable tenga un fuerte componente institucional y simbólico.

El PP pide «blindar incompatibilidades»

En paralelo a la crítica política, el PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reforzar el control de incompatibilidades en la Administración General del Estado y garantizar la independencia de la Oficina de Conflictos de Intereses.

La iniciativa reclama revisar los procedimientos de verificación aplicados por este organismo en relación con el cumplimiento del régimen de dedicación exclusiva y la evaluación de las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos. Los populares piden que estas comprobaciones sean documentadas y eficaces, con mayor transparencia.

Además, el texto plantea avanzar hacia un marco normativo más exigente en la prevención de conflictos de intereses, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales. Entre las medidas propuestas figura el establecimiento de procedimientos transparentes para la selección y nombramiento de altos cargos del sector público estatal empresarial, basados en los principios de mérito, capacidad, idoneidad profesional e integridad.