Acciona demanda al municipio de Cáceres y el juez condena a la empresa a pagar 4 millones

El Grupo Acciona ha vuelto a sufrir un revés en los tribunales en lo referente al servicio de suministro de aguas que realiza a través de concesiones administrativas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Cáceres ha rechazado la reclamación de la empresa de la familia Entrecanales, que pedía al Ayuntamiento de este municipio una indemnización de 9,9 millones de euros. Y, además de desestimar la liquidación presentada por Acciona al consistorio, el fallo judicial considera que es la propia empresa la que debe 4,2 millones de euros a las arcas municipales.

Acciona resultó adjudicataria del contrato para el suministro de agua en Cáceres y realizó este servicio desde 2012 hasta marzo de 2015, cuando el Ayuntamiento decidió rescindir el mismo por varios incumplimientos de la empresa concesionaria. En concreto, las autoridades municipales acusan a la compañía de no haber realizado las inversiones prometidas para garantizar la calidad del servicio, no haber completado el programa de instalación de contadores y haber contabilizado unos costes para la puesta en marcha del servicio demasiado elevados.

La empresa no aceptó esta rescisión y llevó al Ayuntamiento a los tribunales, reclamando los impagos del consistorio y los daños y perjuicios por la pérdida del contrato. Sin embargo, el magistrado indica en su fallo que no existe “ninguna prueba documental” que avale esta petición, aunque acepta una parte de la reclamación por importe de 518.000 euros. Tan sólo por este concepto, Acciona exigía al municipio el pago de más de 6,6 millones de euros.

La sentencia hace también referencia al traspaso de activos que realizó Acciona a la nueva empresa concesionaria (el Canal de Isabel II) y que tuvieron un coste, según el grupo de la familia Entrecanales de más de 800.000 euros. Sin embargo el magistrado considera que esta cantidad está inflada y que no corresponde con el precio de mercado. De hecho, los citados activos fueron vendidos al Canal de Isabel II por 427.500 euros. El magistrado considera que existen dudas sobre el informe pericial entregado por Acciona al Juzgado en su reclamación, tal como recoge el propio fallo.

El objetivo del Ayuntamiento de Cáceres es que Acciona abone los 4,2 millones de euros que debe, aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación. Las autoridades municipales han iniciado ya conversaciones con la empresa para establecer una negociación de carácter amistoso, ya que el fallo judicial obliga al Consistorio a reclamar el pago a Acciona y, sólo si se niega, deberá reclamarlo por vía judicial.

El escandalo de ATLL en Cataluña

No es la primera vez que Acciona tiene problemas judiciales con los servicios de suministro de aguas. Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para privatizar la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que fue entregada a Acciona por el gobierno regional de Artur Mas.

En 2012, la Generalitat adjudicó ATLL a Acciona por 1.000 millones de euros con un contrato de concesión de 50 años. Era la mayor privatización realizada por el gobierno catalán. Sin embargo, la otra empresa que optaba al concurso, Aguas de Barcelona (Agbar) presentó alegaciones porqué, a su juicio, la licitación vulneró “los principios de publicidad, concurrencia e igualdad”.

El TSJC considera que se produjeron irregularidades y por ello anuló el proceso de adjudicación. El problema es que Acciona ya ha adelantado 300 millones de euros a la Generalitat y otros cinco millones en inversiones, dinero que debe ser devuelto –con intereses- por el gobierno catalán si se produce la nacionalización de la compañía, algo que está en la agenda política de la Generalitat.

Además, la Generalitat de Artur Mas “desvió” de forma irregular a Acciona hasta 12 millones de euros a través de la sociedad concesionaria ATLL. Según la Oficina Antifraude Catalana (OAC), entre 2013 y 2014 esta empresa cobró por unos trabajos que no se realizaron, por lo que ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Superior de Cataluña y de la Agencia Tributaria, que estudian las implicaciones legales de este presunto fraude.