Bruselas desembolsa el quinto pago a España de 23.000 millones tras el descuento por incumplir hitos clave

Bruselas ha confirmado este viernes el desembolso del quinto tramo del Plan de Recuperación y Resiliencia para España, que asciende a 23.100 millones de euros (8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos). Sin embargo, la Comisión Europea (CE) ha descontado 1.000 millones de euros por el incumplimiento del Gobierno español de dos hitos clave: el impuesto al diésel y las inversiones en la digitalización de entidades regionales y locales.

Según un comunicado del Ejecutivo europeo, estos fondos apoyarán medidas para impulsar las energías renovables, reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la justicia. Las partidas se invertirán igualmente en la red de transporte ferroviario de corta distancia y reforzarán la resiliencia de la ciberseguridad.

España recibe estos fondos junto a Italia, Portugal, Chipre y Malta, por lo que Bruselas libera en total cerca de 43.000 millones pertencientes al plan puesto en marcha para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica desatada tras el coronavirus.

Por su parte, el Gobierno de España ha confirmado que ya ha comenzado los preparativos para la sexta solicitud de pago de los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Algo que requerirá una «revisión en profundidad» del Plan de Recuperación para adaptar su diseño al tramo final del Mecanismo y asegurar su ejecución hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026.

A principios de julio la Comisión Europea informó de que algo más de 1.000 millones de euros de este pago quedarían «en suspenso» hasta el cumplimiento de estos hitos por parte de España, que dispone ahora de un plazo adicional para completar los objetivos pendientes.

La penalización de Bruselas

La Comisión Europea tomó la decisión de reducir el quinto pago de los fondos europeos dirigidos a España en algo más de 1.000 millones de euros. El motivo de esta reducción de los fondos es que España no cumple con algunas de las reformas que había prometido a Europa.

En concreto, algunas de las reformas que no se han llevado a cabo, y con las que el Gobierno se había comprometido, son el impuesto del diésel y la compensación de los funcionarios que son interinos.

Así, la aplicación del impuesto al diésel sigue en stand by y a la espera de una tramitación parlamentaria que no se lleva a cabo por la falta de apoyos, y que ha evitado que el diésel pueda equiparar su fiscalidad a la de la gasolina.

Una situación muy similar que ocurre con otras propuestas vinculadas a compensación de los funcionarios que son interinos, que incluyen atajar la elevada temporalidad de la Administración Pública y penalizar los abusos en la contratación de interinos.

De esta manera, pese a haber convertido en fijos a más de 365.000 trabajadores públicos eventuales, España no ha logrado rebajar la tasa de temporalidad pública, que se mantiene en tasas cercanas al 30%, es decir, más del triple del 8% al que se había comprometido con Bruselas.