Ferrovial y Sacyr harán la ampliación de la desaladora de Torrevieja

Acciona pierde la batalla legal por un contrato público de 100 millones adjudicado a Ferrovial y Sacyr

Acciona, Ferrovial, Sacyr
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.
Carlos Ribagorda

Acciona ha perdido definitivamente la batalla legal que abrió por el contrato de más de 90 millones de euros de la ampliación de la desaladora de Torrevieja que Acuamed, empresa pública dependiente del ministerio de Teresa Ribera, adjudicó a Ferrovial y Sacyr, como publicó este diario. No se trata de un contrato público más, puesto que Acciona construyó la planta y ha sido apartada al considerar Acuamed que su oferta era anormalmente baja, y no aceptar sus argumentos para reintegrarla en el concurso.

Se da la circunstancia de que la constructora que preside José Manuel Entrecanales denunció públicamente que Acuamed le debía 90 millones de euros de la factura de la luz de la desaladora. Fuentes del sector consideran que se trata de un castigo a Acciona por esa denuncia. Porque ahora el contrato que han ganado Ferrovial y Sacyr es 13 millones de euros más caro que el que ofrecía Acciona, que está gestionando en estos momentos la desaladora.

Pero, tras la impugnación presentada en abril contra la decisión de Acuamed de sacarla del concurso y la impugnación de la adjudicación a Ferrovial y Sacyr, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), organismo dependiente de Hacienda, ha decidido desestimar el recurso presentado por Acciona, lo que otorga definitivamente el contrato a Ferrovial y Sacyr.

En una resolución del 30 de mayo, de 17 páginas y a la que ha tenido acceso este diario, el Tribunal desestima el recurso al entender que «el informe técnico goza de presunción de certeza». En definitiva, el Tribunal defiende el informe de los funcionarios de la empresa pública Acuamed. «Viene a decir que mientras no se demuestre que ese informe es erróneo, lo da como cierto y tira para atrás el recurso», explican fuentes jurídicas.

Este es el mismo argumento que utilizaron Ferrovial y Sacyr en su escrito ante el Tribunal para responder al recurso de Acciona. Consideran las dos adjudicatarias que el informe del funcionario técnico tiene presunción de certeza. Además, pidieron al Tribunal que no aceptara el recurso de Acciona al presentarlo fuera de plazo, algo que no desestimó el TACRC.

Además, el Tribunal no acepta el intento de Acciona de pedir que se analizara la solvencia de la compañía para poder hacer la ampliación de la desaladora de Torrevieja al precio que ofertó, 60,7 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal señala que eso se hace con contratos de la Administración Pública y Acuamed, apunta, no lo es pese a ser una empresa pública.

Acciona, Ferrovial, Sacyr
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica.

En definitiva, la decisión del Tribunal es definitiva y no cabe recurso, por lo que la batalla a más alto nivel entre las tres constructoras llega a su fin y Ferrovial y Sacyr harán la ampliación de la desaladora y la gestionarán.

¿La batalla ha terminado? Pues podría ser que no. Porque Acciona tiene un as en la manga, acudir a un arbitraje por los sobrecostes de la obra de la desaladora. La constructora estaba esperando a que se adjudicara el concurso de la ampliación, lo que abre la puerta tras su derrota de acudir a un arbitraje y reclamar los casi 20 millones de euros de sobrecostes.

De momento, los arbitrajes están poniendo negro sobre blanco que la anterior dirección de la empresa pública, procesada en el llamado caso Acuamed por supuestamente inflar el precio de las obras a cambio de regalos como entradas de fútbol, acordó pagar unos sobrecostes a las constructoras inferiores a lo que luego han determinado los arbitrajes. Es decir, ahorraron dinero público al alcanzar acuerdos de sobrecostes inferiores a lo que luego han determinado los tribunales de arbitraje.

Las fuentes consultadas también aseguran que Acciona tendrá que ser indemnizada por sacarla de la gestión de la desaladora. La obra de la ampliación de la planta de Torrevieja es una de las más importantes dentro de la nueva estrategia del Gobierno de apostar de nuevo por las desaladoras, como hizo José Luis Rodríguez Zapatero a partir de 2004 tras enterrar el Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar.

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