Puig y Compromís imponen el valenciano en la función pública como les exigían los catalanistas

Los empleados públicos de la Generalitat Valenciana tendrán que acreditar diferentes grados de conocimiento del valenciano, desde básico hasta medio. Se trata, por tanto, de la imposición un nuevo requisito lingüístico en ese procés a la valenciana que está llevando a cabo el gobierno autonómico que preside el socialista Ximo Puig y en la línea de lo exigido desde hace 6 años por entidades catalanistas, como Acción Cultural del País Valenciano (ACPV). Esta última, de hecho, «celebra» en su página web haber logrado ese requisito para la función pública.

A falta de 6 meses para las elecciones, Ximo Puig, Compromís y Podemos están acelerando todo lo que puede a la hora de generar nuevas normas que en general se caracterizan por la imposición, unas, y nuevos impuestos, otras. Este es el caso, por ejemplo, de la la tasa turística. Un impuesto a las pernoctaciones que rechaza el sector y muchos ayuntamientos, pero que se convierte de facto en el impuesto común de esa entelequia nacionalista de los países catalanes. Ahora, le toca a la imposición del valenciano en la Función Pública.

El acuerdo para esta nueva imposición fue alcanzado por la consejera de Justicia y Administración Pública Gabriela Bravo, y la de Educación, Cultura y deporte Raquel Tamarit. La primera procede de la cuota socialista. Y, la segunda, de Compromís.

Esta última, sucesora de Vicent Marzà, era con anterioridad secretaria autonómica. Y cerró el ciclo en esa responsabilidad con una subvención de 28.400 euros a Plataforma per la Llengua (Plataforma por la Lengua), los conocidos como espías del catalán.

Esta nueva imposición se articulará a través de un decreto que pone su ojos en las convocatorias de oposiciones para de la Administración de la Generalitat, los organismo públicos autonómicos, consorcios adscritos a la Generalitat, entidades locales y personal no docente de universidades públicas de la Comunidad Valenciana. De facto, impone que todos, en mayor o menor medida, deberán hablar valenciano. Y en paralelo, cierra la puerta a aquellos que han elegido no hablarlo.

Se da la circunstancia de que Acció Cultural del País Valenciano, una entidad de corte catalanista, ha mostrado su satisfacción porque se asume -según dice- una de sus demandas históricas: que para los diferentes niveles de la Administración habrá que acreditar distintos niveles de valenciano. Por tanto, eficacia o eficiencia o méritos no son suficientes para prosperar a partir de ahora en la Administración valenciana si no se tiene el nivel requerido de valenciano.