Los médicos en guerra con Puig: les obliga a cubrir bajas ante la escasez de voluntarios

Nuevo frente abierto entre los médicos de la Sanidad Pública y el  Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig. El borrador del decreto de alianzas estratégicas que ultima la citada Consejería incluye la obligación de los facultativos de cubrir bajas en otros centros y departamentos en el caso de que falten voluntarios para ese objetivo. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ya ha manifestado a través de su presidente Víctor Pedrera, que va a reclamar la retirada de ese punto del documento final.

No hay un día de tregua en la Sanidad valenciana. Si ayer era toda una comarca la que salía a la calle a protestar contra el cierre de una planta del hospital de Onteniente, más de 3.000 personas, ahora son los facultativos los que han mostrado su enfado ante el borrador del decreto de alianzas estratégicas de la Consejería de Sanidad de Ximo Puig.

Un problema que se acumula al improvisado plan para reforzar la asistencia sanitaria en verano, al que la Generalitat Valenciana ha destinado 68,8 millones de euros pero del que los médicos critican tanto su improvisación -lo conocieron el pasado día 26 cuando otras comunidades como Murcia lo cerraron y presentaron en mayo- como el insuficiente número de contrataciones para cubrir las vacantes que se producirán en las vacaciones estivales. Lo uno es causa de lo otro, según los propios médicos: los facultativos a quienes podía interesar esas plazas ya han sido fichados por otras autonomías.

Para paliar, precisamente, la escasez de médicos en la Comunidad Valenciana, el Gobierno valenciano ha ideado lo que se denomina ‘Proyecto de decreto sobre plazas de difícil cobertura y regulación de los acuerdos de alianzas estratégicas y uso compartido de recursos para la atención y mejora de situaciones de necesidad asistencial en el ámbito del Sistema Valenciano de Salud’. En la práctica, supone establecer unas normas para que ante la ausencia o carencia de facultativos en centros y/o departamentos de salud, reciban el apoyo de médicos de otros centros y departamentos.

El decreto

La iniciativa tiene formato de decreto y su borrador, al que ha tenido acceso OKDIARIO, reconoce, por ejemplo, que los servicios sanitarios públicos están encontrando dificultades para la cobertura de plazas tanto de facultativos especialistas como de otros profesionales y que, en el ámbito de la atención primaria, la cobertura de plazas de forma continuada y estable de algunas especialidades -médicos de familia o pediatras- ofrece dificultades en algunos centros de salud y consultorios. Sobre todo, en el interior, «ya que resultan plazas poco atractivas para los escasos profesionales disponibles».

Y no sólo allí, recientemente, el Hospital Universitario de Torrevieja, que hace unos meses pasó de la gestión privada a la pública, tal como informó OKDIARIO buscó médicos a través de Linkedin. Y, más recientemente aún, lo ha hecho también en tik-tok. En ambos casos, poniendo por delante la calidad de vida de la ciudad alicantina al objeto de atraer profesionales.

En todo caso, son las llamadas plazas de difícil cobertura. Y a eso es a lo que destina este decreto: a regular y establecer un procedimiento para ocupar esas plazas mediante medidas que incentiven y las hagan atractivas. Y, para ello, la idea de la Consejería de Sanidad es poner en marcha las denominadas alianzas estratégicas, lo que en la práctica significa vasos comunicantes entre los centros y departamentos de salud de la Comunidad Valenciana.

El conflicto

Pero el problema llega con el artículo 16 del citado borrador, el dedicado a ‘Efectos en materia de personal’ que, en su apartado tercero, dice que «acordada la alianza estratégica, la prestación de servicio se llevará a cabo preferentemente por personal voluntario, y en caso de no existir éste o ser insuficiente, se adscribirá el personal necesario para el mantenimiento del servicio y la atención al ciudadano; en ambos casos, según la organización prevista en el acuerdo».

Este punto es el que los médicos entienden como requisito de obligatoriedad. Y es al que se oponen. Porque además, el decreto incluye la derogación de cuántas normas de igual o inferior rango se opongan al mismo. En concreto, el Sindicato Médico que preside Víctor Pedrera, que ya ha tenido varios desencuentros con Ximo Puig y con la antecesora de Miguel Mínguez, la hoy portavoz socialista en las Cortes Valencianas Ana Barceló, ya ha hecho patente su oposición a ese punto. Y va a solicitar su retirada de la parte del decreto en lo concerniente a ese requisito de la obligatoriedad.

El sindicato entiende que se trata de una medida que ante la posibilidad de que las alianzas estratégicas fallen y no se inscriba el personal suficiente para atender esos puestos de difícil cobertura lo que se intenta desde la Consejería de Sanidad valenciana es obligar a médicos que no quieren formar parte de la iniciativa a verse forzados a participar. Por tanto, un nuevo frente abierto entre Ximo Puig y los médicos. Y ya van muchos.