El Consell ordena identificar quién intervino en el expediente de la promoción del escándalo en Alicante

La Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, que dirige la vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha solicitado a sus técnicos en la dirección territorial de Alicante la elaboración de un segundo informe de la promoción de viviendas de protección público (VPP) salpicadas por el escándalo, que hasta el momento se ha saldado con la dimisión de la edil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y de una directora general. En concreto, María Pérez-Hickman. En el informe de verificación del informe anterior, que expedido por otro técnico, se ordena, entre otras cuestiones, la identificación de las personas intervinientes en el expediente de referencia. La petición ha partido de la Secretaría Autonómica de Vivienda, que dirige Sebastián Fernández. El informe debe ser entregado a la Consellería a lo largo de este mismo lunes.

La Generalitat Valenciana había solicitado a sus técnicos un primer informe la misma mañana del pasado viernes. Ese primer informe fue elaborado y enviado por el Secretario Territorial Adjunto de Vivienda. El objeto de aquel informe era conocer de primera mano si las personas que habían accedido a cada una de esas viviendas cumplían con la totalidad de los requisitos establecidos, como así corroboró el documento.

A ese informe es al que se refirió el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, en respuesta a preguntas de los medios en una visita a la localidad de Onteniente, en Valencia, ese mismo viernes. Pero, además, sólo unas horas después, el Gobierno valenciano reclamó un segundo informe, en este caso de verificación del primero. Con la particularidad de que, ahora, lo que solicita la Consellería son datos muy concretos. Y, entre ellos, la identificación de todos los intervientes en el procedimiento. La petición de este segundo informe evidencia que la Generalitat Valenciana está firmemente decidida a esclarecer lo sucedido. Y en llegar hasta el final.

En concreto, Sebastián Fernández ordena, además, que en este nuevo informe se haga constar el número de viviendas que conforman la promoción, la acreditación documental del cumplimiento de los requisitos legales por los beneficiarios para el acceso a las citadas viviendas de promoción pública, la acreditación del correcto cumplimiento del procedimiento preceptivo para el otorgamiento de los visados de contrato realizado por el servicio territorial y cualquier otro extremo que se considere necesario para determinar el inicio del expediente administrativo.

El escándalo de las adjudicaciones de la citada promoción de viviendas fue destapado por el Diario Información de Alicante. En concreto, se trataba de que la hasta ahora concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, y dos hijos de la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del mismo Consistorio, María Pérez-Hickman, no sólo habían adquirido, sino que además tenían escrituradas, un total de tres viviendas de promoción pública. La primera que se realiza en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana en los últimos 25 años. Ubicada, además, en una de las zonas más demandadas y exclusivas de la ciudad, Playa San Juan.

El caso ha sido llevado ante Fiscalía por el PSOE local, cuyo grupo municipal lo dirige la ex consellera de Sanidad con Ximo Puig, Ana Barceló. En concreto, los socialistas, aprecian la existencia de hasta cinco posibles delitos. Y, entre ellos, los de prevaricación y estafa.

En tanto que el Ayuntamiento de Alicante, por orden del alcalde de la ciudad, Luis Barcala, ha puesto en marcha un expediente de averiguación de hechos. Y ha advertido que de hallar el más mínimo atisbo de sospecha, también se dirigirá a la Fiscalía.