Sánchez deja sin ayudas a los baleares que tengan arrendatarios vulnerables que no pagan el alquiler

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez deja sin ayudas a los dueños de pisos arrendados a familias vulnerables que no abonan el alquiler al no tener recursos, y no pueden ser desahuciados al ser reconocida su situación económica por los servicios sociales.

Unos propietarios que tienen derecho a una compensación económica de acuerdo con el Real decreto ley 37/2020 si en el plazo de tres meses desde la emisión del informe de los servicios sociales, la administración competente no ha adoptado las medidas necesarias para garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables. Pero en la práctica no es así.

Aunque estas compensaciones constituyen una ayuda estatal financiada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que dirige la polémica ministra socialista, Isabel Rodríguez, la gestión y tramitación corresponde a las comunidades autónomas, de acuerdo con el modelo de descentralización administrativa establecido por el Gobierno central.

En Baleares, el Govern había tramitado hasta ahora compensaciones por un importe aproximado de 1,2 millones de euros, con cargo al remanente del Plan Estatal 2018-2021. Pero este remanente ya se ha agotado, y dado que el Plan Estatal 2022-2025 aún no ha finalizado, no es posible determinar si habrá remanentes disponibles para continuar con los pagos.

Y mientras eso sucede los afectados ni cobran alquiler, ni ayudas de ningún tipo y no pueden recuperar su piso.

Por este motivo, el Gobierno de las Islas Baleares ha reclamado al Ministerio que se destine una dotación económica específica y suficiente para hacer frente a estas compensaciones. El Ejecutivo balear ha planteado esta petición como una de las principales demandas en la negociación del futuro Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, para asegurar una cobertura económica estable y previsible.

Actualmente, las nuevas solicitudes de compensación no se han denegado, pero se encuentran pendientes de resolución, hasta que el Ministerio confirme la disponibilidad de nuevos fondos o remanentes.

Estas compensaciones se aplican en aquellos casos en los que los arrendatarios no pueden pagar la renta de alquiler y son declarados en situación de vulnerabilidad, por lo que no pueden ser desahuciados.

A esta situación se añade que la normativa no contempla la revisión periódica de la vulnerabilidad económica de los arrendatarios, a pesar de que sus circunstancias pueden haber mejorado con el tiempo. El Govern también ha reclamado al Gobierno que se establezca éste mecanismo de revisión, para garantizar un uso más justo y eficiente de los recursos públicos.

En resumen, con la legislación estatal actual y la falta de financiación suficiente, la situación resultante es que el propietario no puede desahuciar, tampoco puede cobrar la renta, ni percibir la compensación prevista por ley, mientras que el arrendatario sigue ocupando la vivienda sin ninguna revisión de su situación de vulnerabilidad.

Por ello el Govern de Marga Prohens defiende la necesidad de que el Gobierno de Sánchez adopte medidas urgentes para garantizar la continuidad y cobertura financiera de estas ayudas, así como para actualizar y revisar los criterios de vulnerabilidad para evitar situaciones de abuso o desequilibrio social.

Por este motivo ha registrado una iniciativa en la Cámara autonómica en la que insta al Ejecutivo a destinar fondos estatales específicos y adicionales para el pago de las compensaciones a los arrendadores afectados, en caso de aprobarse una nueva suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, así como garantizar que las situaciones de vulnerabilidad se valoren de forma periódica y ajustada a la realidad actual de cada familia.