La presidenta de Mallorca, Cati Cladera, y la consellera Sánchez intentan atar su futuro como interventoras

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlament, Núria Riera, ha explicado que con la apertura de las plazas de interventores al cuerpo de auditores de la Sindicatura y su posterior marcha atrás, “han vuelto a pillar al Govern de Armengol intentando dejar atado el futuro de los suyos cuando no gobiernen”. Riera ha informado también que los populares pedirán explicaciones en el Parlament. La convocatoria de estas plazas beneficia a Cati Cladera, presidenta del Consell, y a la consellera de Hacienda Rosario Sánchez.

La portavoz adjunta de los populares se ha referido así a la información
publicada en Diario de Mallorca, sobre la modificación por decreto
que equiparaba a auditores e interventores, siendo las principales
beneficiadas la actual presidenta del Consell de Mallorca, Cati
Cladera, y la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, ambas
auditoras de la Sindicatura; y la posterior rectificación a causa de la
protesta del cuerpo de interventores.

“Se trataba de una maniobra para dejar atado su futuro, en una muestra de que el Govern ya se ve de salida en mayo de 2023”.

Riera ha detallado que se pedirá información sobre esta maniobra en el
Boletín Oficial (BOIB), por el repentino cambio de criterio y por las
quejas de los interventores, y avisa que “desde el Partido Popular vamos
a estar vigilantes que no se intente a través de la ley de Presupuestos”.

En junio de 2018 Cati Cladera modificó los criterios para acceder a una plaza de interventor para que pudieran acceder al puesto los auditores de la Sindicatura de Cuentas y los secretarios interventores de municipios de menos de 5.000 habitantes. Entre las personas que reunían el requisito para acceder a una plaza de interventor por ser auditores de la Sindicatura de Cuentas estaban precisamente la entonces consellera del Govern, Cati Cladera, y la entonces delegada del Gobierno y hoy consellera Rosario Sánchez.

Lo que ha hizo el Govern es modificar la relación de puestos de trabajo y los requisitos para acceder a cada uno de ellos. A partir de aquel momento, el Ejecutivo autonómico podía ir sacando a concurso las plazas vacantes. En cuanto a los interventores, había diez plazas de las cuales sólo dos estaban ocupadas.

Ser consellera o delegada del Gobierno no era impedimento para presentarse al concurso de interventores cuando se convocaran. Los que consigue la plaza la tendrían asegurada de cara al futuro y podrían ocuparla en el momento de abandonar sus actuales cargos.

Acceder  a una plaza de interventor o interventora es un ascenso dado que el complemento específico de los altos funcionarios pasa de 15.800 euros a 21.900. El complemento específico se suma al sueldo base que fija el Estado y a los complementos de productividad e insularidad que fija la Comunidad Autónoma. Los interventores son de los funcionarios con sueldo más elevado después de los miembros de la Abogacía de la Comunidad Autónoma. De hecho, cobran más que los consellers y los directores generales.

En 2018 se dio la particularidad de que la modificación de la relación de puestos de trabajo fue aprobada en Consell de Govern a propuesta precisamente de Cati Cladera en su calidad de consellera de Hacienda y Administraciones Públicas. La decisión no fue consultada con los sindicatos y no se informó de la misma en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.