Ibiza desalojará el 15 de julio a las 200 personas que subsisten en su mayor asentamiento chabolista

Ibiza desalojará el 15 de julio a las 200 personas que subsisten en su mayor asentamiento chabolista, en la finca de Can Rova 2, tras recibir el Ayuntamiento de Santa Eulària un auto judicial que le permite reactivar el proceso.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Roselló, ha manifestado que ya están trabajando con diferentes departamentos y han pedido la ayuda de administraciones como la dirección insular de la Administración del Estado para tener el apoyo de la Guardia Civil.

El Ayuntamiento informará a los ocupantes sobre el desalojo mediante cartelería, ha destacado el concejal, quien ha asegurado que se trata de un proceso que implica a muchos departamentos, principalmente la Policía Local, Bienestar Social o Medio Ambiente, además de la Guardia Civil que deberá desplazar recursos que se encuentran fuera de la Isla.

En concreto, el departamento de Bienestar Social ha sido reforzado «hasta el día que sea necesario» para atender a las personas que habitan en Can Rova 2.

Un asentamiento de infraviviendas en el que vive un gran número de trabajadores de temporada debido a la imposibilidad de alquilar un alojamiento por los elevados precios del mercado inmobiliario. Esta nueva concentración de caravanas surgió tras el desalojo, en 2024, de otro núcleo de infraviviendas improvisadas en un terreno contiguo.

En primer lugar, durante el próximo desalojo se desconectarán las instalaciones «más precarias» de suministros como la luz. «Todo lo que se pueda desmontar antes, mejor que no hacerlo el día 15», ha afirmado el concejal.

Roselló ha señalado que para el Ayuntamiento es «una prioridad» el desalojo de Can Rova 2 por el peligro que supone para sus ocupantes y ha reconocido que, en el primer intento de desalojo, el Consistorio pecó de «novato» al ser una actuación «complicada».

«La otra vez no teníamos a nadie a quién poder dirigirnos», ha señalado Roselló, recordando que antes no tenían opciones de entrar «de ninguna manera», por lo que también era difícil informar sobre ello a los ocupantes.

El edil ha afirmado que el desalojo de Can Rova y Can Rova 2 es diferente, puesto que en el primer asentamientos se cumplía una orden judicial, mientras que ahora la parte interesada es el Ayuntamiento tras detectar las condiciones «peligrosísimas» de los ocupantes. Roselló ha reconocido desconocer cuántos menores viven en la zona «porque no nos dejan entrar».

Hay que recordar que el pasado mes de abril un juzgado suspendió el desalojo del asentamiento de Can Rova 2 «por causa de vulnerabilidad», pese a que el Consistorio había recibido el aval del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma y el desmantelamiento había comenzado.

En el verano de 2024 fueron desalojados en Can Rova 1 unas 400 personas que vivían en caravanas, coches, tiendas de campaña y chabolas después de que tuvieron que intervenir los antidisturbios de la Guardia Civil. Un operativo policial que se saldó con seis detenidos por resistencia a la autoridad, cuatro hombres y dos mujeres y que, por ahora, no ha tenido que repatirse. Parte de ellos se instalaron en la finca colindante de Can Rova 2.

Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento, se ofrecerá ayuda y orientación a las personas interesadas, pudiéndose dirigir tanto a las oficinas de Santa Eulària como de Puig d’en Valls.

La atención social estará dirigida a personas en situación de vulnerabilidad como menores, embarazadas, mayores, personas con discapacidad o afectadas de enfermedad incapacitante u otras situaciones de especial necesidad.

Se realizará una valoración individualizada para movilizar los recursos necesarios, pudiendo incluir alojamiento alternativo de emergencia (centros de acogida, residencias y ayudas económicas para acceder a una vivienda) o la cobertura de otras necesidades básicas.

Además, el personal de Servicios Sociales estará presente durante el operativo por si surgen situaciones que requieran atención inmediata, aunque se recomienda realizar los contactos y gestiones previas a partir de ahora. El Ayuntamiento entregará un informe completo al juzgado en un plazo de 15 días tras la ejecución.