La Guardia Civil requirió en 2022 al IB-Salut la documentación de la empresa vinculada a Koldo García

La Guardia Civil requirió en julio de 2022 al IB-Salut la documentación de la empresa vinculada a Koldo García, ayudante del ex ministro socialista José Luis Ábalos, que fue detenido el pasado miércoles en el marco de la investigación por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia.

Fue el 19 de julio cuando dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se personaron en el Servicio de Salud de las Islas Baleares, en la calle Reina Esclaramunda del centro de Palma.

Tenían como objetivo cumplimentar el oficio emitido por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, requiriendo información. La cumplimentación del referido requerimiento fue atendido por el director socialista de Gestión y Presupuestos, Manuel Palomino, que aportó la documentación relativa al expediente.

En concreto, el Govern de la socialista Francina Armengol realizó un contrato de emergencia por valor de 3,7 millones de euros en abril de 2020 a la empresa investigada en la trama de presuntas mordidas en la venta de material sanitario.

Según ha asegurado hoy el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, la reclamación del anterior Ejecutivo del dinero de las mascarillas fraudulentas se firmó el 20 de marzo de 2023, aunque el expediente para esta petición había arrancado «muchos meses antes», aunque no ha concretado cuándo.

Negueruela ha argumentado que a pesar de conocer el sobrecoste, el Ejecutivo retuvo el material porque el estado de pandemia seguía vigente y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instaba a conservar todo el material que fuera necesario.

La investigación de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil sitúa a Koldo García Izaguirrre y a otro socio suyo como cabecillas de la trama de presuntas mordidas de dinero desviado desde contratos valorados en 53 millones de euros suscritos por administraciones públicas para adquirir material sanitario durante la pandemia de Covid.

Las fuentes consultadas han apuntado que la presunta trama se centraba en intermediar en contratos de material que fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares dejó constancia de este contrato de 3,7 millones de euros en un informe general sobre la compra pública de emergencia durante la crisis sanitaria. Fue una investigación iniciada de oficio en 2020, sin ninguna denuncia previa, ante el incremento de compras de emergencia, generalmente más vulnerables a malas prácticas.

La Oficina constató un único encargo de Baleares a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, que también contrató con el Ministerio de Sanidad la compra de material sanitario por 40,5 millones de euros. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, antes del estado de alarma no se le habían adjudicado contratos de suministro de material de protección sanitario.

La sociedad presentó una única factura para el encargo realizado con el IB-Salut, por 3.701.500 euros para la adquisición de casi 1,5 millones de mascarillas FFP2, un precio de 2,5 euros por unidad. Esta contratación se realizó mediante un informe justificativo de la necesidad de tramitación de emergencia.

Con todo, el organismo Anticorrupción advirtió que en la Plataforma de Contratación constaba otro contrato por «servicios de gestión necesarios para adquisición y trámites aduaneros de pedidos de material sanitario Covid», por 56.715,24 euros (1,5% de la factura de suministro de material). La factura correspondiente no se facilitó a la Oficina.

Fue la empresa quien contactó con el IB-Salut avisando de que habían fletado un avión repleto de mascarillas y ofreciéndose a encargarse del transporte hasta Palma si el Govern estaba interesado.

El IB-Salut tendría que hacerse cargo del gasto del flete y del seguro de transporte desde Madrid hasta Palma. Tras revisar la documentación técnica y que el precio fuera ajustado a lo que se estaba pagando en aquel momento, se hizo el encargo.

En sus recomendaciones, el informe de la Oficina Anticorrupción balear advertía contra el uso abusivo del procedimiento de emergencia y la necesidad de analizar debidamente la integridad y solvencia de los suministradores de material.