AYUNTAMIENTO DE PALMA

La empresa municipal de limpieza, obligada a anular un concurso porque ya tenía contratado el servicio

Sacó a licitación la incorporación de una asistencia de mediación laboral de la que disponía desde marzo

Aprobó la convocatoria el 30 de septiembre y una semana después los jurídicos la tuvieron que frenar

El despacho que lo gestiona tiene contrato en vigor hasta finales de julio del próximo año

Ayuntamiento de Palma
El concejal socialista y presidente de Emaya, Ramón Perpinyà.

La dirección de la empresa de limpieza del Ayuntamiento de Palma, se ha visto obligada a paralizar un concurso para la contratación de un servicio de mediación laboral, después de que los servicios jurídicos de esta sociedad municipal constataran que ya disponían del mismo y había sido contratado hace meses.

Un despiste impropio de la mayor compañía municipal del Consistorio palmesano, con más de 1.400 empleados y 120 millones de euros de presupuesto, y cuya gestión a cargo del concejal socialista Ramón Perpinyà lleva en entredicho toda la legislatura, en especial, en materia de limpieza. 

El sainete, que han tenido que frenar los letrados de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya) de la capital balear, arranca el pasado 30 de septiembre

En esa fecha Emaya saca a licitación la contratación de un servicio de mediación laboral para la intervención en la resolución de los posibles conflictos entre trabajadores y empresa  y con el objetivo de alcanzar acuerdos e impedir que éstos lleguen a los juzgados.

Un contrato de externalización por valor de 31.000 euros para un servicio de prevención con el que ya cuenta la empresa municipal, tal y como se expone en los pliegos que justifican el contrato. 

Sin embargo, su incorporación se fundamenta en que en esa asistencia propia de prevención de Emaya no se dispone de un equipo de mediación laboral «para poder disminuir la incidencia de conflictos en el trabajo, siendo de gran importancia actuar en las fases más tempranas de los mismos», según recoge el pliego de condiciones. 

El concurso público en cuestión ya justificado sale a licitación ese mismo día. Una semana más tarde, los jurídicos de la empresa municipal se dan cuenta de que desde marzo de este año está en vigor la prórroga de este mismo servicio, contratado a un despacho de abogados por 48.000 euros y cuya finalización está prevista para julio de 2022. 

Tras constatar la duplicidad de contratos que se avecina, hacen público un informe en el que advierten a la dirección de que ya existe un adjudicatario que realiza «el mismo objeto contractual que el servicio de mediación que se pretende licitar». Ante tal circunstancia, aconsejan renunciar a la celebración del concurso ya licitado, que ya estaba en fase de presentación de ofertas aunque hasta ese momento no se había presentado ningún interesado. 

Para justificar jurídicamente su anulación, recomiendan en su informe que se realice en aras de «una eficiente utilización de los fondos públicos destinados a la contratación de servicios, principio rector de la contratación pública».

Ese mismo 6 de octubre, el gerente de la empresa municipal, Manuel  José Menéndez, firma el desistimiento del nuevo contrato para un servicio que, en vista de lo sucedido, se remite a pagar pero que no ha utilizado hasta la fecha. 

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