Mónica García ve «razonable» acabar con Muface por ser insostenible y fecha su fin en 9 meses

La ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene activa la desactivación de Muface (sistema de mutualidad de los funcionarios) y que podría llevarse a cabo en un plazo de nueve meses a partir de enero de 2024, como ha trascendido a través de un informe interno del propio ministerio.

El Ministerio de Sanidad considera que «el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable»; y propone la incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de Muface con la excepcionalidad de aquellos pacientes en situaciones críticas para lo que plantea una renegociación temporal tras la prórroga.

Aunque Sanidad admite que, en caso de tomar la decisión de incorporar a esta población, «habría que trabajar en estudios posteriores en mayor profundidad haciendo uso de los sistemas de información sanitaria disponibles en colaboración con las comunidades autónomas e Ingesa», el informe deja claro que «el modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante del capital».

Los motivos para esta situación son, según señalan, que las aseguradoras privadas no aceptaron las condiciones del Gobierno y el envejecimiento de la población mutualista, que eleva los costes y dificulta ajustes futuros. Por estos motivos, se propone que se garantice la continuidad asistencial, calidad y seguridad, especialmente en casos críticos como son pacientes oncológicos y en fase final de vida; y aprovechar las fortalezas del Sistema Nacional de Salud (SNS), como la Atención Primaria, para mejorar la atención.

El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser «insuficiente», ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; «insostenible» porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de Muface; e «inequitativa» por suponer incrementos porcentuales que serían «impensables en el ámbito de la provisión pública directa».

Optar por esta iniciativa significa «postergar una decisión que habrá que tomar antes o después». Por tanto, propone la prórroga de 9 meses del concierto actual, durante la cual el Sistema Nacional de Salud (SNS) se encargaría de la provisión sanitaria a los mutualistas de Muface; y la incorporación gradual de los pacientes al SNS, priorizando aquellos con tratamientos crónicos complejos.

Se elaboraría un plan de transición para asegurar la continuidad en la atención, evitando duplicidades y garantizando calidad en los servicios; durante los primeros 4 meses, se mantendría un compromiso de lista de espera quirúrgica cero; y, además, se implementaría un plan de comunicación para informar a la población sobre la nueva situación.

En este plan deberán identificarse los pacientes inmersos en procesos terapéuticos que «precisen continuidad y que deban ser de los últimos en ser traspasados al sistema sanitario público». En este tipo de pacientes, en el caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria, como es que estén en situación de final de la vida o muy alta complejidad en procesos oncológicos, se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.

Muface

Con datos de 31 de octubre de 2024, Muface tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 personas han escogido recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV). Esto supone que un 32,7% de la población mutualista de Muface recibe asistencia sanitaria por medio de la prestación del Sistema Nacional de Salud, mientras que el 67,3% la recibe por parte de aseguradoras privadas.

El informe muestra que, en términos generales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista de Muface con aseguradora sanitaria privada supondría un incremento del 2,12% en el número de personas que recibirían prestación sanitaria pública.

El impacto de esta incorporación por CCAA, por encima de esta media serían la ciudades autónomas de Ceuta (5,27%) y Melilla (5,13%), les siguen Castilla y León (3,12%), Extremadura (3,02%), Andalucía (2,94%), Castilla – La Mancha (2,42%), Cantabria (2,28%), Galicia (2,25%), Aragón y Madrid (2,24%), Comunidad de Valencia (2,23%) y Murcia (2,14%). Y por debajo de la medida, se encuentra Asturias (1,92%) La Rioja (1,92%), Canarias (1,90%) Baleares y Cataluña (1,20%), Navarra (1%) y País Vasco (0,65%).

De todas las CCAA, Andalucía, Castilla y León y Extremadura se caracterizan por estar entre las que tendrían que incorporar a un mayor porcentaje, siendo, además, las que lo harían con un mayor porcentaje de mayores de 65 años. Mientras, el informe destaca el caso del País Vasco, que presenta un 35,65% de la población mutualista de Muface con sanidad privada mayor de 65 años.

Con capacidad el SNS

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene la capacidad para asumir a los empleados públicos procedentes del modelo Muface que en la actualidad reciben asistencia en la sanidad privada, para lo que considera necesario «reforzar» la sanidad pública.

«Hay que hacer una incorporación planificada y calendarizada por meses, de forma ordenada. Hay que identificar cuáles son los pacientes más vulnerables, que sí que necesitarían ser los últimos en transitar», ha señalado Padilla a los periodistas durante la Jornada PRAN para el Uso Prudente de los Antibióticos 2024.

Murcia rechaza asumir el gasto

La Consejería de Salud ha manifestado su preocupación ante la posible desaparición de Muface, el sistema que permite a los funcionarios acceder a servicios sanitarios privados. Según un informe presentado recientemente, la integración de los aproximadamente 35.000 usuarios de Muface en el sistema de salud pública regional es «viable» y «razonable». Sin embargo, la consejería advierte que, sin una financiación adecuada por parte del Gobierno central, esta transición supondría un desafío económico insostenible para la Comunidad Autónoma.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha cuantificado en 55 millones de euros el coste anual que representaría la incorporación de estos nuevos pacientes al sistema sanitario público regional. Ante este escenario, Pedreño ha insistido en que la Comunidad no está dispuesta a asumir este gasto adicional sin el apoyo financiero del Ejecutivo central. «Es el Gobierno de España el que debe liderar las negociaciones con las mutualidades y garantizar los recursos necesarios para que las comunidades puedan atender a estos pacientes sin comprometer la calidad del servicio», señaló.

La propuesta de suprimir Muface forma parte de un enfoque más amplio para reformar el sistema sanitario español, promovida por algunos sectores políticos. No obstante, esta medida requiere un análisis detallado y una estrategia financiera clara para evitar que las comunidades autónomas enfrenten una carga económica insostenible.