Mónica García recula: pasa de la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud a la recomendación

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a evidenciar el descontrol sanitario de su equipo de trabajo tras haber decidido, con 11 comunidades en contra, su intención de que las mascarillas fueran obligatorias este mediodía en todos los centros de salud del país, a la actual recomendación que se acaba de publicar y que entrará en vigor en horas. Tras haber permanecido de vacaciones 17 días en plena epidemia, García volvió al ministerio sin celebrar hasta el día 8 de este mes, un Consejo Interterritorial para abordar esta situación epidemiológica que, en varios días, se asegura llegará al pico su brote.

En su argumentario para tal cambio, García insiste en que el ministerio «se hace cargo de esta evolución desigual en las comunidades de la epidemia, a la vez que sigue dando ese aval jurídico necesario a aquellas que necesitan más tiempo para descender», apunta. «Nos vamos a ir adaptando a la situación epidemiológica general», añade.

La ministra ha vuelto a confundir, al señalar que Sanidad ha recogido propuestas -que negó en el Consejo Interterritorial- y que, a través de una declaración de actuaciones coordinadas -que no ha seguido hasta ahora- «reconoce también la singularidad de las comunidades y su capacidad de adaptarse a sus propios datos epidemiológicos».

Así, la orden abarca únicamente hospitales y centros de salud, no centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.

En contra de dar cobertura a la obligatoriedad de llevar mascarillas en todos los centros de salud, han estado 11 comunidades autónomas y sin un amplio consenso, como es habitual en tomas de decisión importantes como la imposición de la mascarilla por parte del Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, la decisión era más política que sanitaria.

Así, utilizar el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), en un pico de gripe estacional, ha dado forma a un intento por demostrar fuerza política y no a una respuesta sanitaria con respaldo técnico, según algunos especialistas consultados.  Es más, hoy se ha sabido que el País Vasco, tenía intención de recurrir la orden de García, por invadir sus competencias, argumentando, entre otras cosas, que son ellos quienes deben evaluar una medida sanitaria como hacen en todas sus actividades competenciales de sector.

El cubrebocas es ya obligatorio en seis de ellas -Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Asturias y Canarias-, con lo que esta medida implicará que el resto, que abogaban por una recomendación, deban imponer su uso en centros de salud y hospitales.

De acuerdo con este precepto, la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponde al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, «en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas».

Esta declaración, que «obliga a todas las partes incluidas en ella», debe «responder a situaciones de especial riesgo o alarma para la salud pública», entre otros supuestos.

Críticas autonómicas

Varios presidentes del PP, como los de Andalucía, Castilla y León, Aragón o Murcia, han censurado que el Ministerio de Sanidad pretendiera «imponer» el uso obligatorio de la mascarilla en los centros sanitarios, actuando «tarde y mal» tras una epidemia de gripe que se ha disparado en las fiestas navideñas y que, según los populares, ha pillado a la ministra «de vacaciones».

Es lo que ha afirmado el de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, para quien «puede ser una medida positiva, pero siempre avalada por criterios sanitarios».

Pese a que Aragón ha sido una de las que ha impuesto la mascarilla, su presidente, Jorge Azcón, ha afirmado que la medida que Sanidad tenía previsto aprobar «no responde a criterios técnicos» y cuestionó que la decisión del ministerio haya sido tomada «pensando en la salud de los ciudadanos», sino tan solo «por las fotos».

Mientras, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en la «tardanza» de esta norma y ha reprochado al Gobierno «la falta de diálogo» con las comunidades autónomas: «Si Mónica García es ministra de Sanidad desde el 20 de noviembre, ¿por qué no adoptó esta decisión con carácter preventivo como hicimos las comunidades autónomas?», se ha preguntado.

Otra dirigente autonómica popular, la madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha referido a la decisión de Sanidad a través de su cuenta en X (antes Twitter), en la que ha calificado de «improvisación» la imposición de mascarillas. «La obligación como la prohibición, recurso del gestor débil», ha escrito.

Galicia defiende el uso generalizado de la mascarilla en centros sanitarios, pero lamenta que Sanidad imponga la obligatoriedad sin tener en cuenta que cada comunidad «tiene una situación epidemiológica diferente”.

Estudio de legalidad

La consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, adelantó que los servicios jurídicos de su departamento iban a estudiar la legalidad de la intención del Ministerio de Sanidad, al tiempo que ha cuestionado tanto las formas como el fondo de la decisión: «Las cosas no se hacen así», ha advertido.

Navarra ha abogado más por la recomendación del uso de la mascarilla en centros de salud que por su obligatoriedad, pero si finalmente se impone «analizará jurídicamente» la decisión, y «si no hay alternativa» la acatará, tal y como han apuntado fuentes del departamento de Salud.