Por la unidad constitucionalista en el País Vasco

Por la unidad constitucionalista en el País Vasco

Si hay un lugar, además de Cataluña, donde la unidad constitucional debe de primar por encima de los intereses partidistas, ese es el País Vasco. De ahí que PP y Cs estén  obligados a superar sus legítimas discrepancias y concurrir bajo una misma candidatura en las próximas elecciones autonómicas. En este caso, no conviene perderse en disquisiones aritméticas. Las aspiraciones electorales del PP en el País Vasco son discretas y las de Ciudadanos nulas, de modo que el ensayo de unidad constitucional en el País Vasco adquiere una dimensión simbólica, pero de enorme trascendencia, porque ha de servir como ensayo para posteriores alianzas electorales.

España Suma era un proyecto ilusionante que, además, vistos los resultados del 10-N, hubiera sumado y hecho frente a la alianza socialcomunista. Ciudadanos, por decisión de Albert Rivera, rechazó el ofrecimiento del PP y lo pagó muy caro en las urnas. En el País Vasco, la unidad electoral no redundará, presumiblemente, en más escaños que los obtendrían cada cual por su lado, porque Cs tiene una débil implantación y presentándose en solitario no tendría ningún diputado. La formación que lidera Inés Arrimadas ha exigido, para participar en una candidatura única, colocar a uno de sus líderes en los primeros puestos de las listas. El PP arguye que aceptar las pretensiones de Ciudadanos significa regalarles un escaño sin recibir nada a cambio. Tiene razón, pero el constitucionalismo no puede perderse en un juego de intereses partidistas.

Es el momento de invocar  razones más altas, la unidad nacional y la defensa del marco constitucional, para superar cualquier diferencia. Lo contrario sería un error. Lo cometió Albert Rivera cuando destituyó a Javier Gómez, secretario de Organización de Ciudadanos en el País Vasco por intentar cerrar una coalición constitucionalista al estilo de Navarra Suma. La unidad nacional impone sacrificios, en este caso más por parte del PP, pero hay cuestiones que trascienden del legítimo interés partidista para convertirse en una necesidad moral.

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