¿Es tan distinto Sánchez de Guerra o de González?

La llegada a la presidencia del Gobierno de personajes siniestros como Zapatero, que ahora trabaja lucrativamente para la dictadura chavista, o de Sánchez, que pretende demoler el edificio constitucional sin clase alguna de pudor, ha despertado en muchos socialistas de una cierta edad y tradición la nostalgia, e incluso un sentimiento de melancolía por los viejos tiempos, en los que el PSOE contribuyó al engarce legal de la Transición y aseguró la continuidad en paz del país.

Pero este es un sentimiento poco respetuoso con lo que sucedió en aquellos años ciertamente añorados. En 1982, el PSOE ganó rotundamente las elecciones y obtuvo una mayoría de 202 escaños. Podría haber hecho todas las tonterías que figuraban en su programa electoral, sobre todo en los asuntos económicos, pero tuvo la suerte de que poco antes habían ganado los socialistas en Francia, que con el primer ministro Mauroy llevaron a cabo antes el mismo plan radical que él se proponía, y que tuvo que ser clausurado por el presidente Mitterrand porque la nación se encaminaba directamente hacia el desastre y la quiebra.

El ministro de Economía de González se llamaba entonces Miguel Boyer, que entendía de sus competencias y que trató desde el principio de conservar los equilibrios del sistema económico; al que se debió, entre otras cosas, una ley puntera como la de la liberalización de los alquileres. Boyer apenas aguantó tres años en el Gobierno. Se marchó en 1985, porque la cohabitación con el vicepresidente Alfonso Guerra, depositario de las esencias del socialismo de pana, había llegado a un punto insostenible. Guerra, que ha madurado colosalmente como los buenos vinos, fue sin embargo el que dijo aquello de que a España no la iba a conocer ni la madre que la parió -y lo consiguió-, también prometió que se crearían 800.000 puestos de trabajo de los que nunca se supo, y el que dio por muerto a Montesquieu y su teoría de la división de poderes.

Para el proyecto de cambio socialista, la Justicia, que según Guerra estaba en manos de magistrados conservadores, que ahora diríamos fachas, era un inconveniente insalvable de cara a los planes de reconformar sectariamente España y perpetuar al socialismo en el poder. Y esta es la razón por la que el Gobierno de González cambió la manera de elegir a los jueces atribuyendo esta tarea al Parlamento, es decir, poniendo al Consejo General del Poder Judicial al albur del régimen político de turno, que en aquel momento tanto Guerra como González pensaron que ostentarían eternamente por los mismos motivos que dijo hace poco el inefable y probablemente corrupto Monedero: “porque no es normal que un obrero vote a la derecha”.

El caso es que en estos días tan aciagos como de vez en cuando luminosos el Tribunal Supremo se ha opuesto graníticamente a conceder los indultos a los golpistas catalanes que acaricia y ha más que sugerido el señor Sánchez. Los considera del todo inaceptables y contrarios a Derecho. Piensa que serían un atentado al orden constitucional y desaprueba adicionalmente cualquier intento de modificación legal del delito de secesión. A pesar de la reprimenda y del borrón, tengo pocas dudas de que Sánchez aceptará el órdago porque de él depende la sostenibilidad del Ejecutivo, que necesita los votos de los independentistas catalanes, aunque me dicen abogados amigos que, si bien el dictamen y advertencia del Supremo no son vinculantes, podrían ser esgrimidos ante cualquier recurso posterior a la eventual gracia como una señal de prevaricación. Es decir, que la discrecionalidad no siempre sale gratis.

¿Correrá Sánchez ese riesgo? Lo hará. ¿Arriesgará la desaprobación masiva y en cascada de la población, que ya lo detesta mayoritariamente? Lo hará. Así lo ha aventurado su consejero Iván Redondo: “Para arreglar lo que ha pasado se necesita un liderazgo valiente”. Es decir, el de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. También ha declarado: “Yo estoy dispuesto a tirarme por un barranco por él” y seguir a su lado hasta la derrota final. Esto no es un asesor ni un jefe de Gabinete, esto es un hombre. No me resisto a decir que sería delicioso verlos a los dos al fondo del barranco.

Desde hace un tiempo el petimetre ha intentado de todas las maneras posibles designar un nuevo Consejo General de Poder Judicial -cuyo plazo de vigencia se ha consumido- pero no para mejorar la administración de los derechos y de las obligaciones de los ciudadanos sino para situar al frente del máximo órgano a miembros comunistas de su socio Podemos y de otros adictos con intereses siempre espurios. El PP se ha opuesto de momento, y así debería hacerlo hasta el final, porque lo que está en juego es preservar al máximo la competencia de quienes dirimen los litigios que se le presenten al margen de la adscripción política de los concernidos. El deterioro del estado de Derecho en nuestro país es tan alarmante que hay que negar cualquier posibilidad de pacto o de arreglo con el Partido Socialista de Sánchez, que no tiene otro propósito que la continuidad en el poder a cualquier precio.

El ex presidente Felipe González declaró la semana pasada que jamás concedería los indultos en las actuales circunstancias, y Alfonso Guerra ha afirmado que el perdón es políticamente indeseable y además sería ilegal. Pero escribo este artículo precisamente para recordarles que estos sucesos tan lamentables, que estos polvos que tenemos que padecer derivan de aquellos lodos cultivados por los eximios socialistas de entonces. Hace unos días, el gran Jorge Bustos hizo una entrevista en El Mundo a Alfonso Guerra, y requerido al respecto afirmó seguir pensando lo mismo que en 1982. “Soy claramente partidario de que el Poder Judicial se elija desde donde está la soberanía popular. ¿Qué garantía es mayor, la corporativa o la democrática? Si los jueces eligen a sus jueces, los médicos a sus jefes, los abogados a los suyos… eso es un Estado corporativo, no un Estado democrático. ¿Quién tiene más legitimidad? ¿La soberanía popular elegida por los 45 millones de españoles o un grupo de 3.000 jueces que se van a regir a sí mismos?”

Pues no, señor Guerra. Esta es la más palmaria demostración de que el inefable Sánchez no deja de ser un digno heredero de esta forma incorrecta de pensar. Afortunadamente, Alfonso Guerra nunca supo nada de economía; sólo enviaba a sus secuaces, durante la época de González, para preguntar a Boyer o a Solchaga qué había de socialista en las políticas en su opinión extemporáneas que proponían tales desviacionistas. Pero esta manera de discurrir según la cual todas las instituciones del Estado deben responder a la voluntad popular, que tanto defienden los intelectuales progresistas tipo Estefanía Moreira, es corrosiva. Es la demostración evidente del mal genuino del socialismo, de su reticencia contumaz a los pesos y contrapesos que hacen grandes a las democracias legendarias y evitan el populismo, la demagogia y, sobre todo -que es lo más importante- la quiebra económica de las naciones.

Pensando como Guerra no existirían los bancos centrales, ocupados de controlar la inflación y de la higiene del sistema bancario al margen de la conveniencia política, ni los órganos independientes que vigilan el funcionamiento competitivo del mercado, ni las instituciones que se encargan de la buena marcha de las plazas bursátiles. Esto no es corporativismo, es la manera más adecuada que se ha inventado para controlar el poder político, cuya tendencia a la ocupación y la malversación de los fines para los que fue elegido es el pan de cada día, y mucho más si tiene socialistas al frente como Guerra o el señor Sánchez, que hacen ascos a cualquier prurito de excelencia.

Con la llegada al poder de Zapatero, que jamás habría sido secretario general del PSOE sin la intervención de Alfonso Guerra -empeñado en vetar a toda costa a José Bono-, y el advenimiento a la Moncloa de Sánchez, el socialismo se ha prostituido por completo. Es un desecho de tienta. Un producto altamente tóxico. Se ha descolgado de los ataques de racionalidad que tuvo cuando abominó del marxismo, cuando promovió la integración del país en la OTAN, cuando se integró exitosamente en la Comunidad Europea -camino ya despejado por el inefable Leopoldo Calvo-Sotelo-, cuando hizo lo poco que estaba en sus manos, dados sus prejuicios y desorientación económica, por preservar los equilibrios financieros del país.

Pero no nos equivoquemos. La vis antidemocrática del socialismo es consustancial a su historia. Viene de la II República, del Largo Caballero que reivindica estos días Sánchez, y también de Alfonso Guerra, un señor bien madurado como los buenos vinos que sigue teniendo pese a todo una manera muy particular de entender la democracia representativa y en concreto la independencia del Poder Judicial. Como Sánchez.