Si oye ‘lawfare’, esconda su cartera

El lawfare es un término muy beneficioso para todos los españoles de bien, que son honrados, pagan sus impuestos y quieren vivir en un país decente en el que todos seamos iguales ante la ley. Cuando usted escuche que alguien pronuncia este palabro, eche la mano a su billetera para esconderla en el sitio más seguro posible. De lo contrario, le esquilmarán y no le devolverán ni la tarjeta de puntos del supermercado. Porque los que defienden que hay lawfare en España son los mismos que llevan décadas saqueando los presupuestos públicos y empobreciendo a todos los ciudadanos, y que usan esta expresión para distraer la atención de sus maldades, atribuyendo a los jueces una voluntad prevaricadora.

En Cataluña sabemos muy bien de qué va la historia, porque los golpistas del 1 de octubre de 2017 usaron todas sus terminales mediáticas, incluyendo la televisión y la radio de la Generalitat, para vender que los magistrados «españoles» usaban las causas judiciales para acabar con la «decidida voluntad» del «pueblo catalán» de «decidir libremente su futuro» en un «referéndum limpio y democrático» –por supuesto, no cuentan que algunos ‘votaron’ media docena de veces-. Y no había tertuliano a sueldo del separatismo, ni medio de comunicación catalán subvencionado o concertado, que no tuviera la existencia de lawfare en España como una de sus líneas editoriales.

Ya se sabe que los delincuentes nunca reconocen haber cometido un delito, de ahí que los dirigentes que fueron condenados por sedición vendieran que sus condenas habían sido un montaje de una acción concertada entre las cloacas del Estado y el «entramado» judicial. Ni se les ocurrió pensar que eso de intentar convertir, por las buenas, a millones de catalanes en extranjeros en su país era bastante delictivo. «Lawfare, lawfare y lawfare», clamaban desde ERC, Junts, la CUP, Òmnium, la ANC y sus miles de opinadores bien cobrados para cargar contra los jueces que, simplemente, habían hecho su trabajo de defender el orden constitucional.

Cuando el PSOE se entregó en cuerpo y alma a los partidos separatistas para conservar el poder a cualquier precio, copió todos sus métodos. Y así nos encontramos con que el partido político que más ha contribuido a forjar nuestro actual sistema judicial, dado que es el que más tiempo ha gobernado en nuestro país y más ha podido legislar sobre esta cuestión, lleva años deslegitimando la acción de los jueces. Ahora son los socialistas, y sus aliados de extrema izquierda, los que tienen continuamente la palabra “lawfare” en su boca. Sea por las causas que afectan a Begoña Gómez, David Sánchez, Koldo García, Santos Cerdán o José Luis Ábalos, los ataques de la izquierda a la independencia judicial son constantes.

Cuando es un político del PP el que es condenado, entonces la izquierda sí que defiende que los jueces hacen su trabajo. Recordemos que fue una expresión del juez José Ricardo de Prada en la sentencia de la Gürtel —que luego fue desacreditada en el posterior recurso— la que sirvió de motivación para la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al poder. Entonces, ni el PSOE ni sus aliados hablaron de «lawfare». Ahora que las miserias del Gobierno socialista han salido a la luz, arrecian las persecuciones contra los jueces. Nada nuevo: la cacería personal que sufrió el juez Peinado fue la misma que, durante el procés, sufrió el juez Llarena. Que se aten los machos todos los magistrados que tengan que trabajar en las causas que afectan o afectarán a José Luis Rodríguez Zapatero. Y escondan sus billeteras, que los voceros del ‘lawfare’ van a estar desatados.