Los amigos de Zapatero

Lo importante de Zapatero —aparte de la gravedad de las acusaciones— es que por primera vez en democracia la Audiencia Nacional investiga a un ex presidente del Gobierno. Hasta ahora se había llegado muy arriba -con Jordi Pujol, por ejemplo-, pero no tan arriba.

Además, el delito lo comete no sólo quien pide el rescate, sino también quien lo concede. Ello «conduce indefectiblemente a Pedro Sánchez», como remarcaba este diario en su editorial del jueves. Fue aprobado, en efecto, por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

Los miembros del Gobierno entonces eran: Pedro Sánchez (presidente); Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Nadia Calviño y Teresa Ribera (vicepresidentes); María Jesús Montero (portavoz), Arancha González Laya (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Marlaska (Interior), Juan Carlos Campo (Justicia), Yolanda Díaz (Trabajo), Escrivá (Seguridad Social), Carolina Darias (Política Territorial), José Luis Ábalos (Transportes), Reyes Maroto (Industria), Luis Planas (Agricultura), Isabel Celáa (Educación), Pedro Duque (Ciencia), Manuel Castells (Universidades), Irene Montero (Igualdad), Alberto Garzón (Consumo), Rodríguez Uribes (Cultura). Para que no se olviden los nombres.

La ayuda a Plus Ultra, que tenía un solo avión, ascendió a 53 millones de euros. Fue anunciada públicamente por María Jesús Montero. Ya saben la del «talismán». Si el juez no hubiera retrasado el registro seis días, le hunde la campaña. No debería ser así porque la agenda judicial debería ser independiente de la política. Pero quizá hasta mejor porque si no hubieran proliferado las acusaciones de lawfare.

Otro de los que ha salpicado el asunto es el actual gobernador del Banco de España, el ex ministro José Luis Escrivá, que supuestamente habría condonado como ministro del ramo la deuda de la compañía aérea con la Seguridad Social. En este caso, habríamos financiado a la aerolínea en dos ocasiones. Aunque medios afines al PSOE se han apresurado a negarlo. Mejor para él porque, de ser cierto, podría ser un presunto delito de prevaricación. Lo que exigiría, de entrada, su cese inmediato. Y luego a hacer frente a responsabilidades judiciales.

Pero lo que me ha llamado más la atención es la reacción del progresismo. Ha pasado de las citadas acusaciones de lawfare a modular el mensaje ante la contundencia del auto del juez: nada más y nada menos que 88 páginas. Los palmeros de ZP insisten en que no hay grabaciones, pero los indicios de delito tienen que ser muy contundentes para que un magistrado decida empurar a todo un expresidente del Gobierno.

Algunos, como Javier Ruiz, en RTVE, se apresuraron a culpar a Manos Limpias. Incluso en el caso de que así fuera, que no lo es, el juez no habría seguido adelante si no hubiera indicios contundentes de delito. De hecho, fue la propia Fiscalía Anticorrupción quien tomó la iniciativa con información de Suiza y de Estados Unidos.

En los espacios de la cadena pública —Mañaneros, Malas lenguas, La noche en 24 horas— también se volcaron en defensa del ex líder del PSOE. Para ello echaron mano de los juristas habituales: Martín Pallín, Pérez Royo, Joaquim Bosch. Por supuesto. El primero ha afirmado que «no veo actividad delictiva alguna». El segundo, que es un auto judicial “vacío”. Y el tercero, más comedido, que todavía falta el juicio.

Sin olvidar los mediáticos. Ernesto Ekaizer, como los jueces afines, también ha asegurado que todo está «cogido con alfileres». Y no querría olvidarme de Jordi Évole, el que quería dedicar una calle a Santos Cerdán, que el día de autos lamentó que «por primera vez se condena a un fiscal general del Estado. Por primera vez se imputa a un expresidente del gobierno. Por primera vez… el que pueda hacer, que haga. Y alguien en su despacho fumándose un puro mientras escucha». Al final siempre les sale la «inquina al PP». Como a la ministra Elma Saiz, que lo confesó abiertamente.

Pero la confirmación de que las pruebas son contundentes es el propio José Luis Rodríguez Zapatero lo ha negado con «toda contundencia» en dos ocasiones. Como la palabra «jamás», que también la utiliza dos veces en su vídeo de autodefensa de 1,21 segundos. También expresa su «predisposición» a colaborar con la justicia. Sólo faltaría, que no lo hiciera. Es su obligación. Como la de todo ciudadano.

Sin embargo, la izquierda a la izquierda del PSOE —es decir, la extrema izquierda— se está desmarcando, desde Ramón Espinar a tertulianos como Antonio Maestre. Y algunos, como Gabriel Rufián o Ione Belarra, han modulado su discurso. Es decir, han echado el freno en apenas 24 horas.
Otros, en cambio, siguen en sus trece. Así, al azar, he visto tuits del secretario general de las Juventudes Socialistas —y diputado en el Congreso, que todo ayuda—, Víctor Camino, que expresaba su «apoyo y amistad». O el alcalde de San Roque, secretario general del PSOE en Cádiz —y también diputado—, Juan Carlos Ruiz Boix, que destacaba el legado de «paz, derechos y dignidad democrática» de ZP. O el igualmente diputado, este por León, Javier Alfonso Cendón, que iba a contracorriente: «El auto no es demoledor. No vincula a Zapatero con nada ilegal».

Del que no he oído nada es de Javier Bardem, que ha pasado de la flotilla a decir que España es un país «machista». Ni del resto de los de la ceja -¿dónde andarán con sus manifiestos?- incluido mi admirado Serrat. Hasta el propio Almodóvar, ante las evidencias, ha preferido meterse con Trump.