Sánchez pacta con Bildu la deslegitimación democrática del PSOE

El proyecto de Ley de Memoria Democrática preveía la creación de una comisión “técnica” para investigar los crímenes franquistas desde el golpe de Estado de 1936 hasta la promulgación de la Constitución de 1978. Pero tras su debate en comisión hace unos días Bildu pactó con el PSOE y Podemos que la referida comisión investigue los presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta 1983, es decir, cinco años después de la entrada en vigor de la Constitución. El Congreso aprobó la enmienda y cuando el Senado apruebe el texto de la Cámara Baja la nueva ley entrará en vigor.

Considerar a Bildu, heredero político de ETA, que acepta con orgullo su herencia, como interlocutor privilegiado para implantar la sedicente Memoria Democrática es un insulto no sólo a las víctimas del terrorismo etarra sino a la inmensa mayoría del pueblo español. No pueden dar lecciones de democracia quienes cometieron después del franquismo cerca de 1.000 asesinatos, hirieron de gravedad a otras 2.600 personas y secuestraron a casi 100 ciudadanos, movidos por el odio a las raíces españolas del País Vasco y de Navarra. Todo ello sin contar los casi 40 millones de euros que ETA recaudó mediante el llamado “impuesto revolucionario”, extorsión ante la que claudicaron miles de ciudadanos.

Es bien sabido que desde el asesinato en 1973 del almirante Carrero Blanco, presidente del Gobierno franquista, se produjo una violenta reacción por parte de algunos grupos de ultraderecha, con ciertas conexiones en los Cuerpos de Seguridad, que a toda cosa querían evitar la desaparición la dictadura. Tales actuaciones han sido profundamente investigadas tanto por la Justicia como por diferentes instituciones, entre ellas, la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco. En un informe publicado en 1999 la OVT concluye que desde la muerte de Franco y hasta 1983 fueron 36 las víctimas de los grupos incontrolados (Batallón Vasco Español, Triple A, Guerrilleros de Cristo Rey, Grupos Armados Españoles y otros), bajo los Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo. A las víctimas anteriores hay que añadir, desde el tercer trimestre de 1983 hasta 1986, 27 asesinatos cometidos por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), bajo el Gobierno socialista de Felipe González. Asimismo, y en lo que se refiere a los crímenes de la ultraderecha durante la transición, el informe de la OVT señala que «los antes citados sectores políticos de extrema derecha y elementos vinculados a los aparatos de unas fuerzas de seguridad del Estado aún pendientes de democratizar y con una incuestionable motivación política sembraron el terror en determinados sectores sociopolíticos vascos, normalmente vinculados a la izquierda, y sobre todo al nacionalismo vasco”. En ningún caso reprocha al Estado haber tenido complicidad con los grupos antiterroristas. Tampoco dice que durante ese mismo periodo fueron 456 los asesinatos perpetrados por ETA ni que todos los miembros de la banda terrorista en 1977 pudieron acogerse a la amnistía aprobada por las Cortes españolas para reinsertarse en la vida civil para defender sus postulados por la vía democrática. En la actualidad todavía hay sin resolver 349 crímenes de ETA, a los que el Parlamento Europeo, en una resolución de 21 de abril de 2022, insta a que se evite la prescripción pues podrían calificarse como crímenes contra la humanidad.

Es evidente que Bildu, a tenor de las manifestaciones de su portavoz, la proetarra Mertxe Aizpurua, editora y directora de periódicos al servicio de ETA como Egin y Gara, pretende imputar a los Gobiernos de la UCD (Suárez y Calvo Sotelo) haber practicado la violencia de Estado para así deslegitimar todo el proceso de la transición. Es ridículo pensar que cuando Suárez, siguiendo las instrucciones del Rey Juan Carlos, llevaba a cabo la ardua tarea de pasar sin violencia de la dictadura a la democracia, hubiera organizado o consentido atentados terroristas como, por ejemplo, el asesinato de cinco abogados comunistas en la calle Atocha de Madrid en enero de 1977, que estuvo a punto de hacer descarrilar todo el proceso de reforma democrática de la transición. Esta masacre no quedó impune pues, gobernando la UCD, la Policía detuvo a sus autores. vinculados al sindicalismo falangista, y los puso en manos de la Justicia. Dos de ellos fueron condenados a 193 años de cárcel.

Pero hay algo más. Lo verdaderamente paradójico es que Sánchez haya pactado con los proetarras que la investigación incluya todo el año 1983. Las nuevas generaciones desconocen que, el 28 de octubre de 1982, el PSOE de Felipe González, bajo el marco de la Constitución de 1978, y por tanto mediante elecciones totalmente democráticas y libres, obtuvo una gran victoria electoral (202 diputados, casi tres quintos de la Cámara, y 134 senadores, también mayoría absoluta). Hoy Sánchez gobierna con 120 escaños, 56 menos de la mayoría absoluta, y 92 senadores, lejos de la mayoría absoluta). Si duerme en la Moncloa es por el apoyo de partidos de extrema izquierda (como Podemos) e independentistas (como ERC y Bildu), radicalmente contrarios a la actual democracia constitucional.

Pues bien, en el tercer trimestre de 1983, según la conclusión del sumario Marey-GAL, instruido por el juez Baltasar Garzón, los policías Amedo y Domínguez recibieron la orden de reclutar con fondos reservados mercenarios para los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), cuya finalidad era combatir a ETA en el sur de Francia, donde el presidente de la República, el socialista François Mitterrand, consentía que el País Vasco francés fuera un auténtico santuario para la banda terrorista.

El 15 de octubre de 1983, los GAL secuestraron en Bayona a los terroristas de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, que fueron torturados en San Sebastián y trasladados a Aguas de Buson (Alicante), donde fueron asesinados y enterrados con cal viva. Los cadáveres aparecieron en 1985 pero hasta 1995 no se consiguió averiguar su identidad.

El 4 de diciembre de 1983, los GAL secuestraron en Hendaya (Francia) a Segundo Marey, hijo de un exiliado socialista de la Guerra Civil), que no tenía nada que ver con ETA. Sus secuestradores lo confundieron con el dirigente de ETA Mikel Lujua. Al conocer su error, fue liberado diez días después en Francia.

La Justicia española actuó con independencia del poder ejecutivo y Felipe González a punto estuvo de ser imputado por el Tribunal Supremo a petición del juez Garzón, instructor del sumario del caso Marey, por haber ordenado o consentido la creación de los GAL.

El 4 de noviembre de 1996 la Sala segunda del TS, por seis votos a favor y cuatro en contra, rechazó la imputación del ya ex presidente del Gobierno. El ponente de esta resolución fue el magistrado Cándido Conde-Pumpido, actual miembro del Tribunal Constitucional y aspirante a presidirlo. Sin embargo, González hubo de comparecer como testigo ante el Supremo en el juicio oral sobre los GAL.

El 30 de julio de 1998, se dictó sentencia por la que, en la causa abierta por el secuestro de Marey, el TS condenó a diez años de cárcel al que fuera ministro del Interior José Barrionuevo y al secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera. También fueron condenados por esta causa el ex secretario general del PSOE de Vizcaya Ricardo García Damborenea, el ex gobernador civil de Vizcaya Julián Sancristóbal y el jefe de Policía de Bilbao Miguel Planchuela. Felipe González acudió a las puertas de la prisión de Guadalajara a despedir a Barrionuevo y Vera.

En realidad, lo único que queda por esclarecer de los GAL es si la acusación del juez Garzón que apuntaba directamente a González es cierta. Hace un par de años se desclasificó en los Estados Unidos un informe de la CIA de 1984 titulado España: Terrorismo vasco y respuesta gubernamental, en el que, si bien se oculta la fuente de la información, se afirma que Felipe González había autorizado la creación del grupo mercenario antiterrorista. El PSOE rechazó la creación de una comisión de investigación. Pero a rastras, González tuvo que comparecer ante el pleno del Congreso el 27 de julio de 1995. El líder comunista, Julio Anguita, coordinador nacional de Izquierda Unida, acusó a Felipe González de no decir la verdad: “Lo que generalmente ha venido en denominarse los GAL parte de manera indiscutible, a nuestro juicio, de una decisión política a muy alto nivel. Los GAL son la frontera transgredida que separa el Estado de Derecho de la delincuencia común… He afirmado públicamente que por acción u omisión consciente el señor presidente es el responsable de todo lo que engloba la denominación genérica de los GAL; esta afirmación, que reitero y subrayo solemnemente en mi intervención parlamentaria, la hago en base a pruebas y evidencias fundamentadas y basadas en los hechos, la lógica de los mismos y el resultado de la reflexión”.

Los GAL causaron un gravísimo daño a la causa de la democracia en España, pues permitió a ETA hablar de un conflicto entre el Estado español y el pueblo vasco. El recurso a la “guerra sucia”, aunque tuviera por objeto presionar al presidente galo socialista François Mitterrand para que pusiera fin a la utilización del País Vasco francés como “santuario” de ETA, cosa que se logró en 1986, era inadmisible en un país democrático, donde todos los poderes públicos están sometidos al imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales es sagrado.

Consciente o inconscientemente, Sánchez ha pactado con los proetarras el total blanqueamiento de sus crímenes infames y que la “comisión técnica” de la Memoria Democrática pueda tratar de despejar la “X” de los GAL, que apunta directamente a González según Garzón y numerosos investigadores. ¿Acaso pretende Sánchez acabar con los restos del antiguo PSOE –algunos dirigentes históricos ya se han pronunciado radicalmente en contra– para seguir avanzando en su pensamiento revolucionario socialdemócrata-marxista, fiel a los orígenes del partido que en 1879 fundara Pablo Iglesias? ¿O hay algún pacto secreto de “no agresión”, que explicaría el silencio de Felipe González y de su ex ministro de Defensa José Bono? Ambos disfrutan de un rentable y confortable asilo en aguas del Caribe después de obtener con todos los honores la nacionalidad de la República Dominicana.