Nacionalistas, por menos echasteis a Rajoy

Recuerdo vívidamente las jornadas previas a la moción de censura que en 2018 largó a su casa a Mariano Rajoy, la persona que había ganado las elecciones de 2016 con 52 escaños de diferencia sobre un Pedro Sánchez que desde entonces ostenta un récord: el de los peores resultados de la historia del PSOE en democracia. Las recuerdo como unos días desasosegantes en los que contemplábamos, entre absortos e impotentes, cómo los enemigos de España se confabulaban para aupar a la Presidencia del Gobierno al gafe que ocupaba la Secretaría General de los socialistas. Enemigos de España entre los que destacaba la banda terrorista ETA blanqueada políticamente bajo su enésima marca blanca, Bildu.

El banderazo de salida a aquellos días que vivimos peligrosamente se dio el viernes 25 de mayo de 2018 cuando Pedro Sánchez registró el órdago a lo grande en la Cámara Baja. La excusa fue la sentencia de Gürtel, que no sólo condenaba a Bárcenas, Correa y compañía sino que, además, señalaba al PP como «partícipe a título lucrativo». Desde entonces hasta una semana después, cuando por primera vez triunfaba una moción de censura en la España democrática, hubo mil y un intentos por revertir la situación. Intensos contactos subterráneos que tenían como elemental destinatario a un PNV que acababa de respaldar sin un solo pero los Presupuestos Generales del Estado.

El partido de Sabino Arana lanzó una contrapropuesta a través de relevantes personalidades de la sociedad civil vasca y madrileña. El mensaje fue inequívoco: «Si Rajoy dimite y da paso a otro dirigente del PP, la moción de censura no contará con nuestros votos». Cinco votos sine qua non. El propio Sánchez ofreció una salida a su acorralado adversario: «Si usted dimite, yo retiro la moción».

¿Debe dimitir un presidente del Gobierno si imputan a su mujer? En cualquier democracia de calidad el primer ministro ya estaría en su casa

Vamos, que la supervivencia del gran partido de centroderecha en Moncloa dependía única y exclusivamente de la inmolación de Mariano Rajoy. Los vascos dieron todo tipo de facilidades y hasta tres nombres. Les daba igual Soraya Sáenz de Santamaría que María Dolores de Cospedal e incluso Ana Pastor, a la sazón presidenta del Congreso de los Diputados. Cualquiera de las tres menos Rajoy. Elegir, lo que se dice elegir, había donde elegir. Las tres sobradamente preparadas: las dos primeras abogadas del Estado, la tercera, médico. Las tres limpias de polvo y paja del chapapote de corrupción que había atestado Génova 13. Las tres completamente ajenas a un escándalo que un servidor destapó en enero de 2013 con los sobresueldos, la financiación en B y los «Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos» de Rajoy a Bárcenas.

Rajoy declinó la oferta peneuvista con una pueril argumentación: «No pienso dimitir porque no he hecho nada». Seguramente tenía razón toda vez que el fallo de Gürtel abarcaba la etapa 1999-2005, es decir, siete años de los que tan sólo en uno él presidía el partido. En su descargo hay que reconocer que, en cuanto pudo, se deshizo de los servicios de la banda de Correa aunque en su contra hay que recordar que mantuvo a Luis Bárcenas como tesorero hasta 2008. Sea como fuere, su cabeza salvaba no sólo al PP en el poder sino el constitucionalismo en España. No atendió a razones. Luego se descolgó con otra teoría falsaria: «Mi sucesora hubiera tenido que convocar elecciones y Ciudadanos, que estaba por delante en todas las encuestas, nos hubiera pegado el sorpasso». Algo, lo de disolver las Cortes, que no está escrito en ninguna parte. Bastaba con tirar el balón adelante y ganar tiempo.

La moción de censura pasó de las musas al teatro el viernes 1 de junio con 180 votos a favor —es precisa la mayoría absoluta— y 169 en contra. Pronto se conoció que era tan legal como ilegítima. La morcilla del PP «como partícipe [y, obviamente, responsable] a título lucrativo» había salido de la pluma del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, coleguita del mundo proetarra y amigo del alma de Baltasar Garzón. Cómo sería de cantoso el asunto que años después el Tribunal Supremo confirmó, año arriba, año abajo, las condenas de los cerebros de Gürtel pero tumbó la coletilla del juez filoetarra y su compañero Julio de Diego, otorgando la razón al magistrado discrepante y presidente de la Sala, Ángel Hurtado. Conclusión: la sentencia inicial fue lo que fue, una mascarada, si no una prevaricación de tomo y lomo, parcialmente cuando menos.

Pues eso, que la corrupción del PP era una excusa de mal pagador del uno, Pedro Sánchez, y los otros, incluida esa banda terrorista ETA que pasaba a formar parte del núcleo duro de la gobernabilidad de España. Sus 856 asesinatos, 12 de ellos socialistas, sus cientos de heridos, mutilados o quemados y los miles de huérfanos eran lo de menos. Lo de más era arrebatar el poder al PP al precio que fuera. Así opera el tipo más amoral en 5.000 kilómetros a la redonda, que no es otro que el marido de Begoña Gómez.

La doctrina de asumir responsabilidades políticas no constituye una antigualla sino más bien una asignatura de primero de democracia

Ahora el beneficiario de la moción de censura acumula unos niveles de corrupción que nada tienen que envidiar al tardofelipismo en cantidad y calidad. Todo setenta veces siete más bestia que esa participación a título lucrativo en Gürtel de un PP al que se le imputaba un beneficio ilegal de 245.000 euros en ayuntamientos madrileños que escapaban al control de la séptima planta de Génova 13.

¿Debe dimitir un presidente del Gobierno cuando imputan a su mujer por apropiación indebida —lo que toda la vida de Dios se ha llamado robar—, corrupción en los negocios, intrusismo y tráfico de influencias? En cualquier democracia de calidad estaría de más formular la pregunta porque el primer ministro ya estaría en su casa. En la España presanchista, desde luego, Suárez, Calvo-Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy no hubieran dudado un segundo en coger los bártulos e irse por donde habían venido. La doctrina de las responsabilidades políticas no constituye una antigualla sino más bien una asignatura de primero de democracia. Claro que plantear este dilema al autócrata que nos gobierna es como pedir peras al olmo.

Las pocas dudas existentes entre esos sanchistas más papistas que el propio Papa Sánchez durarían menos que un caramelo a la puerta de un colegio con un dato añadido: el hermanísimo David está tetraimputado por corrupción como su cuñada. La juez le atribuye prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude fiscal. ¿Cuántos presuntos delitos tendrían que haber perpetrado Bego y David, David y Bego, para que su marido y hermano diga «¡hasta aquí he llegado!», escenario poco probable porque ética y Sánchez son términos antitéticos, o para que PNV y Junts le enseñen la puerta de salida? ¿Seis, ocho, diez, doce? ¿Veinte tal vez? ¿Todo el Código Penal quizá?

El PNV y Junts tienen la obligación moral de aplicar a Pedro Sánchez y al PSOE el mismo rasero que dispensaron en 2018 a Mariano Rajoy y al PP

La gravísima situación procesal del clan sería motivo más que suficiente en un país serio para que bien el partido, bien sus socios, bien todos a una como en Fuenteovejuna, lo saquen de La Moncloa. La permanencia del pájaro tiene más bemoles aún si reparamos en un elemental hecho: hay corrupción y de la buena más allá de Pedro Sánchez. El caso Aldama, un seísmo de imprevisibles consecuencias, implica a medio Partido Socialista, a medio Gobierno y a la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol. El empresario vino a decir el jueves en la Audiencia Nacional que en Ferraz y en el Consejo de Ministros le exigían pasar por caja hasta la madre superiora. Apuntó con el dedo índice al número 3 del PSOE, mi paisano Santos Cerdán, que habría mordido 15.000 euros; al jefe de gabinete de María Jesús Montero, al que entregó 25.000 del ala para que le aplazaran una deuda fiscal, al ministro Ángel Víctor Torres, que le exigió 50.000 por Koldo interpuesto; y al dúo Koldo-Ábalos, que se habría embolsado cientos de miles de euros.

El círculo de la mangancia se cierra con la trama de las mascarillas. Están enfangados Ángel Víctor Torres, nombre recurrente en este cenagal, Armengol y ese Fernando Grande-Marlaska que concedió la Medalla al Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama. Por no hablar de los Titos Berni de la vida, los diputados socialistas que se iban de prostitutas y se empolvaban la napia en plena pandemia y, para más inri, saltándose el estado de alarma que aplicaban implacablemente al resto de los ciudadanos.

¿Qué más tiene que suceder para que se las pire esta banda? Sumar y Podemos, que van de puros y castos por la vida, deberían plantear a Sánchez la convocatoria de elecciones generales. Como mínimo. Y PNV y Junts tienen la obligación moral de aplicar al presidente y al PSOE el mismo rasero que dispensaron a Rajoy y al PP, vía moción de censura, naturalmente. Contra Rajoy había menos pruebas en Gürtel que contra Sánchez en los escándalos Begoña, David Azagra, Aldama y en ese de las mascarillas que representa el colmo de las indecencias. Y, entre tanto, el próximo presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, debería dejar de hablar de esa figura constitucional que los largó de Moncloa en 2018. Las mociones de censura no se anuncian, se presentan.