Tras la mascarilla se esconde un gigantesco fraude de ley

Tras la mascarilla se esconde un gigantesco fraude de ley
Tras la mascarilla se esconde un gigantesco fraude de ley

El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha aprovechado el Real Decreto Ley de medidas en materia de Sanidad que impone el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores para añadir una disposición adicional sobre la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC, un asunto que nada tiene que ver con la pandemia, lo que constituye una trampa similar a la que utilizó en su día para blindar al entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Entonces, lo hizo mediante un decreto ley sobre los efectos del Covid en la economía. Es decir, de tapadillo, el Gobierno se sirve de un decreto de medidas sanitarias para convertirlo en una suerte de cajón de sastre donde mete asuntos que nada tienen ver con el coronavirus.

Ya en su día, el Tribunal Constitucional acabó anulando esa maniobra y afeó la trampa socialcomunista al considerar que «ni el procedimiento de elaboración de la norma, ni la norma misma guarda coherencia con los motivos generales» que habían determinado la aprobación del decreto. Estamos ante un gigantesco fraude de ley, con la gravedad añadida de que el Gobierno ya había sido advertido por el Tribunal de lo inconstitucional que supone hacer uso de un Real Decreto de contenido específico para introducir de soslayo y de forma torticera asuntos que nada tienen que ver con la sanidad y la salud pública. Asimismo, Sánchez, a través de ese Real Decreto, se garantiza también poder endurecer las restricciones sin necesidad de pedir permiso al Congreso. En suma, una manera de dotarse de margen de maniobra sin pasar por el Parlamento.

Conclusión: Sánchez utiliza  la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores para hacer de su capa un sayo y pasarse por el arco del triunfo los procedimientos. Una estrategia propia de un tahúr que vuelve a utilizar la pandemia con fines partidistas. Estaba advertido por el Tribunal Constitucional, pero a esta gente lo que diga el máximo intérprete de la Carta Magna se la sopla.

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