Irene Montero y la séptima hora

Montero quiere ser presidenta y ha empezado por ofrecer lo que ningún ser humano rechazaría: un salario más alto y una jornada más baja.

Produce ilusión porque ofrece simultáneamente las dos cosas que cualquiera desea, mientras suprime de la ecuación la única pregunta adulta: quién paga la diferencia.

A ver, yo también quiero trabajar seis horas. En realidad, quiero trabajar cero, currar únicamente cuando esté inspirada y cobrar como si el resto del día estuviera pensando. Pero quien escribe esto sabe lo que es echar cincuenta horas semanales y, aun así, sudar tinta para que las cuentas cuadren. Por eso la propuesta resulta fascinante por su ingenuidad o perversa por su populismo. ¿Quién puede secundar a esta mujer?

Para una multinacional del Ibex, un gran banco o una firma tecnológica de alto valor añadido, reorganizar turnos o absorber una bajada de horas ajustando márgenes es un ejercicio de ingeniería corporativa probablemente asumible. Para el tejido productivo de este país, más de un noventa y ocho por ciento son pequeñas empresas, ahogadas por la competencia, la producción depende directamente del tiempo de presencia.

Trabajar menos y ganar más es un deseo universal. Creer que puede decretarse sin aumentar la productividad o contratar trabajadores es pensamiento mágico. Y ofrecerlo sabiendo que alguien acabará pagando la diferencia no es justicia social: es comprar votos a crédito.

Las consecuencias no deseadas son de manual económico básico. Primero, la inflación: el dueño del taller o la tienda se ve forzado a subir los precios al consumidor para pagar las mismas nóminas por menos horas producidas, neutralizando el poder adquisitivo del trabajador. Segundo, la precarización y la economía informal: el que no pueda subir precios recurrirá al trabajo en B o al empaquetamiento de tareas bajo una presión insostenible para meter ocho horas de producción en seis de contrato.

Mientras Montero juega a la mercadotecnia electoralista, millones de autónomos trabajan diez o doce para pagar los impuestos, las nóminas y las seis horas de la felicidad. Esa es la parte que jamás aparece en los mítines: cada derecho laboral tiene al otro lado una obligación, y con frecuencia el obligado no es un fondo buitre, sino una pequeña empresa con tres empleados y la cuenta temblando.

Como feminista, me alegra ver a una mujer aspirar a la presidencia del Gobierno; en La Moncloa sobra retórica masculina. Sin embargo, el entusiasmo por la representación no puede cegar la exigencia de rigor. La trayectoria de Montero, dirigida desde la soberbia ideológica y excluyendo, como hemos visto, la solidez técnica, obliga a la desconfianza. Romper techos de cristal no exime de presentar cuentas bien hechas, y la gestión pública exige algo más que narcisismo y épica parlamentaria.

Islandia experimentó con 35 y 36 horas; Francia implantó 35. Montero propone treinta para toda España acompañadas de un salario mínimo de 1.800 euros. De momento no conocemos memoria económica, calendario, excepciones, coste para las administraciones ni previsión sobre precios y empleo. Conocemos el deseo, pero no la reforma.

La experiencia del solo sí es sí debería haberle enseñado que una intención moralmente atrayente no sustituye a una ley técnicamente impecable. No son asuntos comparables; el método sí: primero se proclama la bondad.

Hay una distancia astronómica entre la moqueta del Congreso y la persiana de un negocio de barrio. La jornada de seis horas cabe perfectamente en un mitin. La economía empieza en la séptima.