Los impuestos del Gobierno como simbolización de la envidia

Nadie pone en duda de que para mantener los servicios públicos esenciales y redistribuir la renta y la riqueza que garantice esa asistencia y una igualdad de oportunidades, debe haber impuestos. Ahora bien, unos impuestos claros, justos y no desmedidos, que sirvan para financiar un gasto limitado, no un gasto infinito y clientelar.

Sin embargo, el Gobierno no se centra en los problemas esenciales de los ciudadanos, sino que trata de conformar una economía basada en dos pilares destructivos: el subsidio y la envidia. Para ello, establece unos impuestos confiscatorios, porque necesita ingentes recursos para repartir subvenciones con las que tratar de mantener un voto cautivo, elemento que empobrece a una sociedad, porque la somete; y unos impuestos demagógicos, para saciar la envidia de la izquierda más voraz y envidiosa, aunque no tengan casi poder recaudatorio, como los de la banca o el de las energéticas, que también causan daño a la economía, pues las inversiones volarán.

El Gobierno no tiene otra política económica que la que sigue, equivocada, de incrementar exponencialmente el gasto y subir confiscatoriamente impuestos. Ha subido los impuestos cada ejercicio y si no lo ha hecho en alguno es porque no ha contado con respaldo parlamentario para ello, pero es su obsesión: exprimir a los contribuyentes para seguir gastando de manera poco eficiente, poco útil, con amplio despilfarro.

En el esperpento vivido la semana pasada con la negociación del paquete fiscal, se ve que el Gobierno no tiene ni principios ni política económica, más allá de la que suponga resistir, comprar más tiempo en el banco azul, aderezando, todo ello, con dosis de envidia en forma de impuestos, y de bochorno en la negociación, en la que a cada grupo le ha dicho una cosa y a Bruselas, otra.

En dicha negociación, deja fuera el impuesto a las energéticas, pero le promete a Podemos articularlo por otro RDL que Junts no parece que vaya a apoyar, mientras las energéticas advierten de que si sale adelante se llevará sus inversiones.

Y en el caso del impuesto a la banca, no se puede hablar más que de demagogia en la elección de este impuesto; de una demagogia aún mayor en el intento de la prohibición de repercutirlo a los clientes, cuando los bancos sólo estarían velando por cumplir la normativa bancaria que les obliga a mantener elevada su solvencia; y de una gran irresponsabilidad por querer aplicar una medida que puede mermar tanto la mencionada solvencia bancaria, clave del sistema de economía de mercado que tenemos, como el volumen de crédito que puedan conceder, que perjudicaría a la transmisión del crédito a la economía productiva, con sus repercusiones negativas sobre el crecimiento y el empleo y que terminaría por interferir en las competencias del Banco Central Europeo, al afectar a la transmisión de la política monetaria, competencia exclusiva del banco emisor. Ahora, se aplicará ese gravamen sobre intereses y comisiones, de manera que los perjudicados serán los clientes y el conjunto de la economía, pues repercusión, habrá. En principio estará en vigor hasta 2028, pero el riesgo de que se mantenga, es alto. En una nueva vuelta de tuerca, elevan un punto el gravamen para el tramo más alto. La banca ya se ha manifestado en contra.

Todo ello, repercutirá en los clientes de cualquier sector afectado por las subidas y, por tanto, en toda la economía, destruyendo riqueza y empleo. El socialismo puro, como el de Sánchez, extremista, la envidia, valga la redundancia, siempre acaban con la prosperidad, y esto es un claro ejemplo de ello.