El daño del impuesto de patrimonio bis

Dentro de la nociva política económica del Gobierno del presidente Sánchez, destacan, por su demagogia, las nuevas figuras tributarias que pretende aplicar: el impuesto a las energéticas, a la banca y a las grandes fortunas. De todos ellos, el más demagógico, el menos ortodoxo técnicamente y el que se elabora desde el más elevado rencor ante la frustración de no haber podido imponer su voluntad es el llamado de las grandes fortunas, un impuesto de patrimonio bis, en realidad.

Desde el nombre del impuesto hasta su aplicación sesgada, pasando por la composición de su tarifa, es todo un despropósito técnico, constituyendo una figura tributaria electoralista, que busca dividir a la sociedad, presentar a la misma agrupada en buenos y malos, en línea con las manifestaciones constantes del presidente del Gobierno en sus referencias a lo que él llama «los poderosos». Un Gobierno debe gobernar para todos, no contra una parte de la sociedad. Puede aplicar una política económica u otra, pero siguiendo los cauces ortodoxos, cosa que no parece que suceda en esta ocasión. Y no debe generar inseguridad jurídica, cuando con este impuesto vuelve a caer en ella, una vez más.

El impuesto que diseña, y así lo reconocen hasta en el texto de la Proposición de Ley, busca armonizar la tributación autonómica, como un impuesto de patrimonio bis. No soportan que Madrid, durante más de una década en solitario, resistiendo todo tipo de presiones que trataban de que eliminase la exención- haya ganado esta batalla y haya demostrado que con impuestos bajos se atraen ahorro e inversión, que sirve para generar actividad económica y puestos de trabajo, es decir, riqueza para toda la sociedad, para toda, especialmente para las rentas más bajas, que no tienen la misma facilidad de movilidad profesional y de residencia que las rentas altas y que los grandes patrimonios. Por ello, tratar de acabar con esta medida de Madrid es un ataque directo a todos, pero, especialmente, a quienes menos tienen, de forma que Sánchez pretende llevar a cabo una medida regresiva, incentivando indirectamente, la pérdida de actividad y la destrucción de empleo, al incentivar la huida de patrimonios, ahorro e inversión y levantando barreras a otros nuevos, al tiempo que también discrimina a no residentes, elemento que ya tuvo que cambiar en el impuesto de patrimonio cuando el Tribunal de Justicia Europeo y el Tribunal Supremo señalaron dicha discriminación. Adicionalmente, si ya no soportaba el triunfo de Madrid, que Andalucía la siguiese ha sido completamente insoportable para él, máxime cuando Galicia -parcialmente- y Murcia también secundan la política madrileña. Con este engendro normativo de impuesto pretende obligar a reponerlo en dichas regiones por la puerta de atrás y de manera obligatoria.

Todo es un disparate. Introducen la medida como enmienda a una proposición de ley, cosa nada ortodoxa y quizás inconstitucional. Dicen que quieren armonizar sin tocar ni la LOFCA ni la ley del Sistema de Financiación Autonómica, para las que no tienen mayoría, probablemente. Invaden, claramente, competencias autonómicas. Duplican un impuesto, por mucho que permitan la deducción de lo pagado en el impuesto de patrimonio en este impuesto duplicado. Legislan contra unos ciudadanos concretos, por el hecho de vivir en un determinado lugar, pues va dirigido contra esas regiones, como reconocen al decir que desean armonizarlo. Mienten al decir que el impuesto no existe en dichas regiones, pues la figura tributaria existe, los contribuyentes afectados deben presentar declaración a efectos de control y lo que opera es una exención del 100%, por ejemplo, en Madrid. Es más, no son nada ortodoxos, o desconocen la norma, porque al ser un impuesto estatal las CCAA no pueden eliminarlo, sino dejarlo exento. Si Solbes no lo eliminó se debió a que de esa manera no se podía crear otro impuesto autonómico similar, que es lo que ahora hace el Gobierno, realmente, al duplicar el impuesto. Y vuelven a no decir la verdad cuando afirman que en Madrid, de nuevo como ejemplo, no se recauda por el impuesto de patrimonio, pues sí que lo hace, ya que recibió alrededor de 600 millones, con su posterior evolución anual de los fondos correspondiente ya dentro del sistema, en el SFA de 2009, por compensación por lealtad institucional al dejarlo exento entonces el Gobierno de la nación.

Seguramente, todas las nuevas figuras tributarias, también este impuesto de patrimonio bis, serán anulados ante los recursos que se presenten, pero, para entonces, lo probable es que ya haya otro Gobierno que tenga que ser el que pague el quebranto causado, uno más, por Sánchez en la economía y el empleo.