El Ayuntamiento de Cercedilla prevé llegar al Supremo y al Constitucional para desahuciar a Mónica García

Los letrados que el Ayuntamiento de Cercedilla ha comenzado a contratar para desahuciar a la ministra de Sanidad, Mónica García, y a sus vecinos de chalets irregulares en la zona de Camorritos deberán estar preparados para litigar hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Éste es uno de los detalles más llamativos que recoge el pliego de contratación consultado por OKDIARIO, que establece requisitos técnicos muy específicos para los despachos que opten al contrato millonario.

Los documentos oficiales revelan que el Ayuntamiento ha diseñado una licitación con exigencias técnicas muy rigurosas. Los abogados candidatos deberán acreditar «ejercicio de la abogacía como mínimo durante un período de 10 años» y demostrar experiencia específica en «extinción de derechos de ocupación temporal de montes de utilidad pública».

El pliego establece además que los letrados deberán haber dirigido «un mínimo de 100 procedimientos administrativos y/o judiciales». Una exigencia que limita considerablemente el número de despachos que pueden optar a la adjudicación.

La licitación contempla un presupuesto de 2.843.000 euros para cinco años de servicios jurídicos. El Ayuntamiento ha establecido honorarios de «hasta 4.010 euros por proceso» para los casos de Camorritos y Puerto de Navacerrada, y de «3.000 euros por proceso» para el resto de terrenos municipales.

Los documentos especifican que la defensa legal abarcará desde procedimientos administrativos hasta recursos ante el Tribunal Constitucional. El contrato incluye «recursos de casación» y «recursos de amparo», lo que evidencia la complejidad jurídica que el Consistorio anticipa en el conflicto.

El Ayuntamiento justifica la contratación citando el artículo 73 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: «Las Corporaciones locales no podrán allanarse a las demandas judiciales que afectaren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio».

Ya hay 300 recursos

La licitación se tramita con carácter de urgencia, algo que el pliego justifica por la existencia de «más de 300 recursos de reposición contra la Orden y más de 30 procesos judiciales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid».

Los letrados adjudicatarios deberán asumir la dirección de todos los procesos que surjan «hasta el máximo de 700 procesos» para los terrenos de Camorritos y Puerto de Navacerrada, y «hasta el máximo de 12 procesos para el resto de terrenos».

Seguro millonario

Además del seguro de 20 millones, los abogados deberán constituir una garantía definitiva del 5% del precio final ofertado. El pliego permite alternativamente «la constitución de la garantía definitiva regulada» si el adjudicatario no contrata el seguro de responsabilidad profesional.

Los requisitos técnicos incluyen la obligación de adscribir «un mínimo de 1 abogado de apoyo con una experiencia de al menos 3 años, por cada 50 procesos». Esto supone que el despacho adjudicatario deberá contar con al menos 14 letrados especializados trabajando en el caso.

El pliego del Ayuntamiento donde gobierna en coalición un partido local con Más Madrid especifica que «la dirección letrada de los procesos deberá ser asumida personalmente por uno o varios abogados» que deberán «firmar todos los escritos procesales y asistir a todas las vistas personalmente».

Los terrenos de Camorritos han sido objeto de controversia desde que en octubre de 2024 la Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid declaró la caducidad de los derechos de ocupación temporal otorgados por Real Orden de 16 de abril de 1920. Estos derechos, concedidos por 99 años que se han completado, afectaban a inmuebles donde descansa habitualmente la ministra Mónica García, entre otros ocupantes.

El Ayuntamiento describe estos terrenos como «una gran parte de su patrimonio inmobiliario con un altísimo valor no solo medio ambiental sino también socio económico». La declaración de caducidad ha desencadenado una avalancha de recursos que el Consistorio considera inevitable enfrentar.

La licitación refleja la determinación municipal de librar una batalla jurídica integral que podría prolongarse durante años hasta 2030. El blindaje legal diseñado sugiere que Cercedilla se prepara para un litigio de proporciones épicas, donde cada eurípides del proceso ha sido meticulosamente calculado para garantizar una defensa férrea de sus derechos patrimoniales.