Más Madrid entra en el Gobierno del municipio que quiere desahuciar a Mónica García de su chalet

Más Madrid ha entrado a formar pate del Gobierno municipal de Cercedilla, hasta ahora dirigido por el Grupo Independiente de Cercedilla (GIC) y el PSOE, con David Martín Molpeceres como alcalde. La incorporación del partido de Mónica García llega en el momento más crítico para el Ayuntamiento que se encuentra sumergido en el proceso de contratación del equipo jurídico para responder a las denuncias presentadas por los vecinos de Camorritos que tienen sus viviendas en situación irregular desde 2019, entre ellas, la de la ministra de Sanidad.

La concejal de Más Madrid que ha entrado en el nuevo Gobierno tripartito de Cercedilla es Vanesa Laiglesia. En los próximos meses se desvelará si esta edil suscribe la tesis de su alcalde que quiere desahuciar a Mónica García porque afirma que está realizando una «okupación ilegal del chalet» o sale en defensa de su jefa.

Laiglesia ocupará las concejalías de Educación, Movimientos sociales y Participación Ciudadana. Sin embargo, siguen gobernando en minoría porque entre los tres partidos (GIC, PSOE y Más Madrid) suman ahora 6 concejales del total de 13. Y son 7 los necesarios para la mayoría absoluta.

«No entendemos por qué Más Madrid ha entrado en el Gobierno porque no aporta nada nuevo ni estabilidad. Pensamos que es simplemente en agradecimiento al partido de Mónica García que lleva apoyando durante toda la legislatura al equipo municipal, incluso contradiciendo los propios principios de la formación», ha dicho Enrique Pérez, portavoz de Vox en la localidad.

Y es que Más Madrid ha llegado a apoyar, cuando estaba en la oposición, gastos en festejos taurinos en Cercedilla cuando este partido se ha mostrado siempre abiertamente antitaurino.

Con esta incorporación, la concejal de Más Madrid, recibirá ahora 990 euros en dietas, en lugar de los 550 que cobraba hasta ahora, por asistir a la Junta de Gobierno local y a las comisiones.

Gabinete jurídico

En estos momentos, el Consistorio ha recibido aproximadamente más de 200 recursos de reposición y varios contenciosos administrativos. Estos están siendo respondidos por el actual equipo de abogados que tiene contratado el Ayuntamiento, pero que se encuentra casi «al borde de la irregularidad» porque trabajan con un contrato menor que se ha ido concatenando.

El equipo de abogados contratado actualmente es Majavilitas. Uno de sus socios es Jaime Suárez, vecino del alcalde de Cercedilla y quien mantiene una relación de amistad con el mismo, además de haber defendido a concejales del GIC en anteriores procedimientos. Con él han firmado numerosos contratos menores hasta el punto de que el interventor del Ayuntamiento ha informado de que no se le podía seguir pagando facturas de este tipo por ser un fraccionamiento de contrato.

Para solucionar este problema, el Ayuntamiento tendría ahora que sacar un pliego abierto de contratación de servicios jurídicos, pero lo están dilatando lo máximo posible en el tiempo debido, según denuncia la oposición, a un «trasfondo de intereses».

El Consistorio abrió hace unas semanas un expediente para hacer este pliego de contratación y Vox Cercedilla solicitó por registro una solicitud para saber los nombres y apellidos del técnico municipal que iba a registrar ese pliego y también los datos de la persona que iba a hacer el estudio económico para conocer cuánto cuesta ese servicio en el mercado.

A los pocos días de registrar Vox esa petición, el equipo de Gobierno cambió de criterio y decidió contratar a una empresa externa para que hiciera esos pliegos y la memoria económica. La oposición ha pedido la solvencia técnica de esa empresa y el Ayuntamiento no ha dado respuesta de momento.

«No queremos un sobreprecio en el estudio de costes y por eso estamos muy vigilantes», ha denunciado Enrique Pérez. Los abogados que contratemos tienen que defender al Ayuntamiento en una causa única en Europa y muy compleja. Esto es algo muy serio y por eso necesitamos un equipo jurídico con amplia experiencia para defender al Consistorio», añade.

Camorritos

El chalet de la ministra se encuentra en situación irregular desde el año 2019. Los terrenos en los que se erige el inmueble, en la colonia de Camorritos del pueblo madrileño de Cercedilla, son una concesión pública que data de principios del siglo XX que lleva caducada cinco años.

Durante este tiempo, los vecinos incluso han quedado exentos de pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). Mónica García es titular de una tercera parte de esta vivienda, heredada de sus padres, en una finca de más de 2.000 metros cuadrados y que está situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad.

El origen de este inmueble se remonta a principios del siglo XX, cuando, por la Real Orden de 6 de noviembre de 1919, el Gobierno de la época aprobó una concesión administrativa (que es una fórmula jurídica por la cual la Administración cede un bien público para explotación privada, con un plazo de vigencia y unas condiciones concretas) a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (Safeg) por 99 años.

El pasado mes de octubre, la Comunidad de Madrid envió al Ayuntamiento de Cercedilla y a los afectados el expediente de caducidad por el que se notificaba que, desde esa fecha, los propietarios de esas viviendas tenían un plazo de tres meses para abandonarlas.

Sin embargo, los vecinos recurrieron en enero este expediente por vía administrativa y judicial al considerar que son propietarios plenos de las fincas. En dicho recurso se solicitó como medida cautelar la suspensión temporal de la ejecución de la orden decretada. La Comunidad de Madrid la aceptó y suspendió la entrega de las propiedades hasta la resolución judicial.