Los vecinos de Cercedilla exigen a Mónica García que deje su chalet ilegal: «Lleva 5 años sin tributar»

Los vecinos de Cercedilla han mostrado este lunes su rechazo a que la ministra Mónica García y los demás vecinos de Camorritos sigan haciendo uso de las viviendas situadas en esta colonia de lujo de la sierra de Madrid, porque la concesión pública de las mismas por 99 años acabó en el año 2019. Durante estos 5 años, los vecinos, entre ellos las ministra de Sanidad, han seguido haciendo uso de su chalet. A la ministra se la ha podido ver este verano en diversas ocasiones por el pueblo o haciendo la compra en el supermercado.

Mónica García es titular de una tercera parte de un chalet, heredado de sus padres, en una finca de más de 2.000 metros cuadrados situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad. Entre uno y dos millones de euros es la valoración de muchas de esas casas.

Sin embargo, los vecinos de Camorritos están exentos de pagar el IBI y otros impuestos porque legalmente no tienen por qué hacerlo, al no tratarse ya técnicamente de viviendas de su propiedad. Ahora mismo, tras caducar la concesión, esos terrenos son propiedad del Ayuntamiento de Cercedilla al estar calificados como suelo no urbanizable de protección. El gestor del monte público es la Comunidad de Madrid.

Por este motivo, los ciudadanos de Cercedilla con los que ha podido hablar OKDIARIO consideran injusto que ellos sí tengan que pagar impuestos mientras otros, en situación irregular, puedan estar eximidos de ello. Piden por tanto al Consistorio, gobernado por el Grupo Independiente de Cercedilla(GIC) y el PSOE, que trate de regularizar esta situación y que los vecinos de esta colonia de lujo contribuyan con el IBI porque «el Ayuntamiento de Cercedilla somos todos», añaden.

Muchos de los residentes de este municipio han declinado hacer declaraciones por miedo a represalias. Fuera de cámara trasladan su temor a que, si dan la cara, se hable mal de ellos porque «Cercedilla es un pueblo muy pequeño dónde todos se conocen y esto puede afectar a los negocios de los que no van en la línea ideológica de Mónica García», han asegurado.

PP y Vox piden transparencia

Tanto el PP como Vox han pedido transparencia al Gobierno local formado por el Grupo Independiente de Cercedilla (GIC) y el PSOE, a la hora de contratar al equipo jurídico que se encargará de este asunto en el caso de que llegue a los tribunales. Un extremo que tanto los vecinos como PP y Vox ven bastante probable. Saben que estos litigios pueden costar mucho dinero al Ayuntamiento teniendo en cuenta que son más de 700 viviendas las que se encuentran en situación irregular entre las de Camorritos y las del Puerto de Navacerrada.

Por eso, tanto PP como Vox han pedido al Ayuntamiento que actúe con total transparencia y no buscando su propio beneficio. Se refieren a la contratación del equipo de abogados. Luis Barbero, hoy presidente del GIC, contrató a Jaime Suárez (del bufete Majavilitas) hace 10 años para defenderle en un juicio por una presunta prevaricación urbanística.

El año pasado, el GIC contrató de nuevo a Majavilitas para servicios de asesoría sobre la 23A (concesión de Camorritos y el Puerto de Navacerrada) hasta que llegue el informe de caducidad elaborado por la Comunidad de Madrid, lo cual ocurrirá previsiblemente este otoño. La oposición sospecha que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento quiere darle el megacontrato a Majavilitas de nuevo por ser Jaime Suárez vecino del nuevo alcalde de Cercedilla y mantener una relación personal con el mismo.

La oposición también ha denunciado que llevan 15 meses de un Gobierno que no es claro ni transparente, que ha quitado el acceso a los gestores de expedientes y que en los plenos mantienen una actitud autoritaria. Por eso, insisten en que lo lógico es que se compita con otros bufetes porque «nos estamos jugando mucho», ha señalado el concejal del PP en Cercedilla, Javier de Pablo. El concejal añade que, aunque espera que no, no le sorprendería que Mónica Garcia usara sus influencias para evitar el desahucio.

Opinión compartida por el concejal del Vox en el Ayuntamiento, Enrique Pérez, que considera que lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es mirar por el bien de los vecinos de Cercedilla y escuchar a otros equipos jurídicos para tener más opiniones ya que «estamos ante un expediente muy complicado y único en España».

Ambos partidos denuncian que llevan un mes pidiendo al equipo de Gobierno el borrador de los pliegos de contratación de los abogados y el Ayuntamiento no los quiere entregar.