Los socios de Mónica García en el Gobierno de España impulsan el desahucio de su chalet en Cercedilla

Los socios de la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Gobierno de España impulsan su desahucio de su chalet en la sierra madrileña, en Cercedilla. El Gobierno municipal está compuesto por el Grupo Independiente de Cercedilla (GIC) y el PSOE. Además, los concejales de Urbanismo y de Medio Ambiente son integrantes del PSOE. De esta forma, la dirigente de Más Madrid comparte Consejo de Ministros con el partido que a nivel local impulsa su expulsión de la vivienda de concesión pública que disfruta de forma irregular desde 2019 en el área de Camorritos.

El secretario de la asociación de titulares afectados de la colonia de Camorritos, Enrique Castells, en declaraciones a OKDIARIO, ha lamentado que el Ayuntamiento «quiera hacer negocio inmobiliario con las viviendas que nosotros hemos construido y de las cuales tenemos unos derechos que no están siendo respetados. Condenamos que se quiera hacer un negocio especulativo inmobiliario», ha remarcado.

El actual alcalde, David Martín (GIC), prometió en campaña electoral recuperar para el Ayuntamiento los terrenos. Anunció justo antes de las elecciones municipales esa medida. Veía con buenos ojos expulsar a los vecinos actuales de Camorritos, entre ellos, a la ministra Mónica García, porque son de propiedad pública. La idea del alcalde, tal y como él mismo publicó en un vídeo en sus redes sociales, era poder alquilarlas por 2.000 euros al mes. Aseguraba que la ley obliga a esa decisión y que todos los vecinos tenían derecho a optar a esas viviendas en las mismas condiciones una vez que han pasado los 99 años de concesión previstos. Ahora, de la mano del PSOE, mantiene esa tesis.

David Martín contabilizó 80 viviendas, con un alquiler de 2.000 euros al mes, pretendía sacar para las arcas municipales un total de 160.000 euros al mes, lo que al año se traduciría en 1.920.000 euros. Si a esto se le suma las viviendas que están en la misma situación irregular en el Puerto de Navacerrada por estar construidas en suelo de utilidad pública, el alcalde calculaba que, con el alquiler de todas estas viviendas, podrían haber sacado 2.500.000 euros anuales. Una cuantía muy útil para construir, según decía, vivienda joven, piscina municipal cubierta o, entre otros, el asfaltado de calles.

Lo que el Ayuntamiento de Cercedilla quería hacer es sacar esas viviendas a licitación para uso residencial y alquilarlas. Por su parte, el Gobierno regional trasladó en una reunión reciente al Ayuntamiento que es fundamental cumplir la legalidad y dejan en sus manos el destino final de esos terrenos tras el fin de la concesión pública.

Desde la asociación de afectados por Camorritos, de la que Mónica García forma parte y con la que ha hablado OKDIARIO, mantienen que ellos no van a dejar sus casas y calculan que esto puede acarrear muchos gastos al Ayuntamiento de Cercedilla porque no descartan emprender acciones judiciales si finalmente el ayuntamiento, liderado por un partido local y por el PSOE, pide a los vecinos que entreguen las llaves.

Un extremo que ayer mismo confirmó a OKDIARIO el segundo teniente de alcalde de la localidad y concejal socialista de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Miguel Campillos. «Haremos lo que nos marque la ley. Cuando la Comunidad de Madrid nos traslade firmado el expediente de caducidad, nosotros cumpliremos con la ley y pediremos la entrega de llaves. El Gobierno está trabajando en la contratación de un equipo jurídico para denunciar a los vecinos en el caso de que fuera necesario».  Posición compartida por su socia en el Gobierno, la concejal socialista de Urbanismo, María del Carmen Martín Arévalo.

Por su parte, la asociación relata que llegaron a recibir varias cartas con el sello del Ayuntamiento amenazando a los vecinos con que, si no se entregaban las llaves, se les cobrará el lucro cesante (las ganancias que se dejan de percibir como consecuencia directa del hecho lesivo) y los intereses de demora junto con los impuestos que ahora mismo no pagan como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al estar caducada la concesión pública de estas viviendas desde 2019.  Lo curioso de estas cartas es que a pesar de contar con el membrete del Ayuntamiento, no venían firmadas por parte de nadie de la Corporación municipal.

En el mandato anterior, la localidad fue gobernada por Juntos por Cercedilla en coalición con el PSOE y Podemos. Desde 2023, tomó el relevo el Grupo Independiente de Cercedilla con el apoyo una vez más de los socialistas.  Desde entonces, la Corporación municipal ha intentado, sin éxito, que los vecinos de Camorritos abandonen sus viviendas. Sin embargo, prometen dar la batalla y conseguir la amnistía a esa colonia. La propia Mónica García no ha dudado este verano en usar su chalet durante sus vacaciones.